Crisis de violencia en Perú: aumentan extorsiones y atentados al transporte

Ni siquiera por Año Nuevo las extorsiones se detuvieron: la última semana, una miniván en la Villa El Salvador, provincia de Lima, fue incendiada mientras sus pasajeros aún estaban adentro. Otro bus, en tanto, fue asaltado mientras trasladaba a sus ocupantes.

El incendio tuvo lugar en la noche del sábado, y según indicaron las autoridades, se trató de un acto de extorsión que dejó a dos personas heridas y el vehículo completamente calcinado. La policía aseguró que el chofer del vehículo había sido amenazado previamente, presionado para que “pagase un cupo”.

Este tipo de incidentes se ha vuelto común en el país sudamericano, que precisamente en 2024 vivió un año particularmente sangriento, con un aumento del 35% respecto a los homicidios que tuvieron lugar en 2023. A lo largo del año, más de 2 mil asesinatos ocurrieron, siendo los transportistas uno de los más amenazados,; este gremio ya ha hecho distintas manifestaciones y amenazan con una gran huelga en febrero.

Con 2.126 homicidios, el 2024 fue un año “sangriento” para Perú, según indica El Comercio. Las cifras, dadas por el Ministerio del Interior, dan cuenta del aumento de la violencia, en un país que ha visto crecer las pandillas y la extorsión a buses. Ya en septiembre el gobierno impuso el “estado de emergencia”, que terminará en pocos días, y que tocaba los distritos de Lima y Callao. A pesar de tal medida el número de homicidios no bajó durante esos periodos.

Otro dato importante es que, de los 2.126 homicidios, más de la mitad fueron actos de sicariato: 1.125 en total. El resto de los asesinatos caen en las siguientes categorías: 557 homicidios calificados, 162 homicidios simples, 130 robos con subsecuente muerte, 102 feminicidios y 30 otros delitos.

Con esta violencia al alza, los dirigentes del gremio de transportistas han venido evaluando una nueva movilización nacional, que según ellos será “masiva y contundente”. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, Walter Carrera Álvarez, apuntó a la “incapacidad del ministro del Interior”, Juan José Santiváñez, y al fracaso de sus estrategias para enfrentar a las bandas organizadas.

Asimismo, Carrera Álvarez apuntó al Legislativo en su conjunto, a causa de la Ley de Crimen Organizado, que algunos ya comienzan a llamar “Ley Pro Crimen”: “El gobierno está promulgando leyes que blindan y protegen a la presidenta Dina Boluarte, como la detención preliminar, que solo los beneficia a ellos, pero perjudican a la población, al poner en riesgo la vida de los trabajadores”.

La ley, publicada en agosto de 2024, cambia distintas disposiciones respecto a cómo perseguir el crimen organizado. Una de sus reformas más importantes tiene que ver con la noción misma de “organización criminal”, que se relaciona con los delitos graves como sicariato, homicidio calificado, extorsión, secuestro, entre otros.

Si antes, para considerarse una estructura organización criminal se necesitaban “3 o más personas reunidas para cometer delitos”, la nueva definición agrega más detalles, que terminan haciendo más difícil que se persigan las pandillas o bandas: “La organización criminal es una agrupación de tres o más personas con compleja estructura y mayor capacidad operativa para la realización de delitos graves, con la finalidad de obtener, de forma directa o indirecta, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal”.

Al respecto, el Colegio de Abogados de Lima cuestionó esta reforma. La institución aseguró que “esta nueva normativa ha creado un entorno propicio para el aumento de las actividades delictivas, especialmente las extorsiones, que afectan principalmente a los transportistas”.

“Exhortamos al Ministerio del Interior y a las fuerzas del orden a actuar de manera efectiva, rigurosa y dentro del marco constitucional, cumpliendo con su deber de combatir y erradicar la delincuencia que azota al país, particularmente ante el estado de emergencia declarado”, demandó la institución. En este contexto, el Colegio de Abogados llevará a cabo este 15 de enero un foro para analizar las llamadas “leyes pro crimen”.

El tema del sicariato y las extorsiones lleva unos meses copando los medios peruanos: ya en octubre, una tercera protesta oficial afectó la movilidad de Lima, luego de que cientos de transportistas y comerciantes tomaran parte en marchas contra la “ola de extorsiones”. La policía indicó que entre enero y septiembre de 2024 hubo 14.220 denuncias de extorsión en Perú. Ya en 2023 llevaban 22.294. Las regiones más afectadas, en este caso, son Lima y La Libertad.