Cuando la primera palabra de un niño es "cabo": Cómo viven las mujeres con hijos en prisión

Jeanette Villar (37) no quería que llegara el 10 de abril de 2018. Ese día su hija menor cumpliría 2 años y con la celebración vendría también una despedida. La joven boliviana está detenida desde agosto de 2016 en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín por tráfico de drogas. Llegó embarazada y, desde que dio a luz, estuvo con su hija en un régimen de 24 horas los siete días de la semana, como lo considera el programa de Gendarmería para la reclusión de mujeres lactantes.

Para las reclusas, el apego entre madre e hijo termina abruptamente a los dos años del menor, quien por norma debe dejar el penal y a su madre... muchas veces de forma definitiva pues el contacto posterior queda al arbitrio del familiar que lo cuida en el exterior. Y si no hay familiar que se haga cargo, se da el peor escenario: el Sename.

Ese iba a ser el destino de la hija de Jeanette Villar, que como extranjera, no tiene red de apoyo en el país. Para evitar que la niña terminara en el Sename, la Defensoría Penal Pública -en conjunto con profesionales de Gendarmería- acudieron a una hermana de Jeanette en Bolivia que en diciembre viajó para hacerse cargo de la sobrina a la que nunca había visto. Hace 10 meses que madre e hija no se ven. Jeanette hoy tramita su libertad condicional y apela a su única opción: juntar fondos para que su hermana traiga a la niña de visita.

Según cifras de Gendarmería, en los últimos 10 años la población penitenciaria femenina ha aumentado en un 40%, llegando a las 3.508 mujeres privadas de libertad. El 95% de ellas tiene hijos. Al 30 de junio de 2019 en todo Chile había 478 mujeres entre embarazadas y con hijos en cárceles de Chile. De ellas, 281 eran mujeres con lactantes, 193 embarazadas y 4 embarazadas y con hijos lactantes.

La disposición que permite a las mujeres estar con sus hijos durante su periodo de privación de libertad, está en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios del año 1998. En el artículo 19 de la norma se establece la obligatoriedad de contar en los penales con espacios adecuados para el cuidado y tratamiento pre y post-natal, así como para la atención de hijos lactantes de las internas. Y en aquellos lugares en que no existan estos centros, las internas permanecerán en dependencias separadas del resto de la población penal.

En la práctica el sistema tiene nudos importantes por temas de fondo y de forma. Los niños están en un régimen de reclusión igual que sus madres. A las 18 horas del día, madre e hijo entran a encierro. En verano eso significa tener a lactantes en los módulos aun con temperaturas sobre los 30 grados. El espacio es reducido. Igual que la tolerancia entre las reclusas que no siempre sobrellevan bien el llanto de niños ajenos. Con 12 horas de encierro, el manejo de las angustias de las mujeres y los niños es complejo.

El programa Creciendo Juntos no le quita el cuidado personal a la madre como era antes, cuando el alcaide del penal tenía todo el poder para decidir sobre el niño. Pero en la práctica, las mujeres pierden la posibilidad de participar en los procesos de educación y cuidado de salud de sus hijos.

Si un niño se enferma o debe ir a un control de niño sano no puede hacerlo con su madre. El niño no puede trasladarse en el furgón de Gendarmería, ni la madre puede subirse a un auto particular. Termina yendo con cualquier gendarme. Por eso no son pocas las veces que la primera palabra de los niños no es mamá, es "paco" o "cabo", comentan Sandra Haro, abogada de la Unidad de Defensa Especializada de la Defensoría Penal Pública, y Claudia Castelletti, abogada de género del departamento de Estudios de la misma institución.

La presencia de los niños en los penales, aseguran ambas abogadas, no pocas veces se convierte en un arma de disciplina. "Muchas veces se amenazan a las mujeres con el retiro de sus hijos cuando hay alteraciones del orden. Si te portas mal, hay una amenaza permanente de quitarles al hijo. Son situaciones concretas que revisamos día a día", dice Haro.

También hay casos de mujeres que en la práctica terminan viviendo bajo un régimen de aislamiento producto de su maternidad. Pasó recientemente en el penal de Magallanes, donde llegó una mujer dominicana con un hijo lactante. Como era la única en esa condición y la norma obliga a que esté en un sector especialmente habilitado, terminó sola y su único contacto era con la gendarme que la resguardaba.

"La visión de la DPP es que el régimen carcelario para las mujeres debe tener un componente de género. Así se ha incorporado en el trabajo de defensa penitenciaria", añade Haro.

El quiebre que se produce entre las internas y sus hijos una vez que cumplen los dos años revela la precariedad legal en que están también las mujeres privadas de libertad. Muchas de ellas enfrentan los procesos de familia sin un abogado que las represente, dado que la Defensoría Penal Pública las asiste penalmente, no en esa área.

"Somos 600 mujeres en este penal. La mitad tenemos hijos. Yo no veo a mis mellizas desde hace dos años, están al cuidado de mis hijas mayores. No porque estemos presas dejamos de ser madres", le dice Wanda Romero a uno de los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial que el viernes 27 llegó al penal de San Joaquín para firmar un convenio que busca subsanar la falta de asistencia legal en temas de familia, medida promovida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Son tantos los nudos críticos que trae consigo la reclusión de mujeres con menores que fue necesario que en mayo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, lanzaran una mesa de trabajo que incluye a representantes del Ejecutivo, del Poder Judicial, de la sociedad civil, organismos internacionales y la academia para diagnosticar y elaborar propuestas.

Ahí participan 22 organizaciones que van desde la Defensoría Penal Pública hasta ACNUDH, Junji y el INDH, entre otras. Se fijaron diez reuniones de trabajo, y ya van siete, de modo que se espera que antes de noviembre haya una propuesta. El convenio entre Gendarmería y la Corporación de Asistencia Judicial es un primer paso.

En esa instancia se identificaron al menos nueve puntos críticos para la situación de las mujeres con menores que van desde problemas de infraestructura en los penales a acceso a la salud y conflictos de coordinación institucional. Especial atención se ha puesto en la situación de mujeres migrantes y adolescentes embarazadas como dos de los sectores más vulnerables.

"Todos quienes participamos de la mesa estamos convencidos de que se trata de un tema de tal relevancia e impacto, que merece ser abordarlo de manera conjunta con todos los actores involucrados. En la mesa hay mucho conocimiento y experiencias de trabajo diversas, todas muy valiosas y fundamentales para mirar el tema en toda su complejidad, además de un gran compromiso con esta iniciativa", dice la subsecretaria Lorena Recabarren a La Tercera PM.

Sobre la mesa está la discusión de si es apropiado o no mantener en un régimen cerrado a las madres con lactantes.

Una vía -resistida por un sector del oficialismo- es la que propone el proyecto de ley presentado por los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana, conocido como Ley Sayen (en referencia al caso de Lorenza Cayuhán, que dio a luz engrillada) que apunta a que las mujeres cumplan sus condenas con arresto domiciliario para proteger los derechos del menor.