Como nunca antes en la historia, dos eventos -uno tras el otro- han puesto una fuerte presión sobre las empresas en Chile. El 18-O y la crisis sanitaria del Coronavirus han obligado a las empresas a acomodarse a un nuevo escenario en una economía que ya venía alicaída, pero que ahora muestra signos de recuperación. Desde peluquerías a jardines infantiles y constructoras; todas en mayor o menor medida han resultado afectadas bajo la pandemia. Algunas han aguantado y otras terminaron en la quiebra.

La Tercera PM realizó una revisión sobre las empresas que contaban con planes de reorganización bajo la Ley Nº 20.720 previo a la pandemia, y que hoy -en medio de un escenario más complejo- no han logrado cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué fracasan? Básicamente por dos motivos: dificultades en el acceso al crédito y una caída sostenida en sus ingresos.

Ayer la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento -unidad dependiente del Ministerio de Economía- entregó a PULSO-LT las cifras de liquidaciones y reorganizaciones del noveno mes del año. En septiembre, las empresas declaradas en quiebra aumentaron en 56,1% en comparación al mismo mes del año pasado. Se trata del mayor número de liquidaciones desde la puesta en marcha de la Ley Nº 20.720 en octubre de 2014.

Acá un listado de empresas que contaban con “planes de salvataje” hasta antes de marzo, pero que terminaron en liquidación.

El pasado viernes, un grupo de acreedores de Recti Center SpA -proveedor de servicio técnico del Transantiago- acordó solicitar la liquidación forzosa de la compañía. Esto, luego de que no hubiera consenso en la continuidad de pagos y su quiebra pasara a manos del liquidador Ricardo Alid.

El pasivo total de la compañía supera los $4.500 millones y entre las razones que motivaron su quiebra se encuentran el alza sostenida del tipo de cambio, encareciendo la compra de repuestos, y un aumento de costos por atención presencial por el Covid-19. A ello se suma una menor demanda por reparaciones debido al “estallido social del mes de octubre 2019” donde se produjo una baja circulación de buses del Transantiago, de transporte rural e interprovincial.

Sus socios son las sociedades GPS International of Panamá (CHILE) y Sociedad de Transportes Las Migrañas SpA. Recti Center abarcaba a tres grandes sectores de clientes: operadores de buses de Transantiago, distribuidores de bebidas gaseosas y flotas de vehículos municipales (camiones, camionetas, ambulancias), siendo sus principales clientes Alsacia, Express, Redbus, Prosegur, PDI, Municipalidad de Independencia, Hospital de Melipilla, entre otros.

La liquidación forzosa se junta con un proceso que lleva adelante el SII y que involucra a la empresa. El 10 de junio de 2020, el SII presentó una querella en contra de los socios de Sociedad de Transportes Movetruck Limitada -que prestaba servicios a Recti Center SpA- por emisión de facturas falsas. El 19 de junio, la autoridad amplió la acción penal a los representantes legales de Recti Center SpA: Ricardo Sanhueza y Ramón Menéndez-Azcarraga. Ambos, según el SII, habrían provocado un perjuicio fiscal de $1.444 millones por medio de declaraciones maliciosas de gasto y “el aumento de crédito fiscal IVA sustentado en 230 documentos tributarios falsos incorporados a la contabilidad de Recti Center”, según la querella.

La Tercera PM contactó a la abogada Paula Urzúa, representante de Recti Center, y a la hora de cierre de este artículo no hubo respuesta.

Hace al menos seis años que Transportes Tamarugal -propiedad de la familia Campillay- venía con problemas y a comienzos de año definitivamente le llegó el “tiro de gracia”. El 18 de febrero de 2020, Patricio Jamarme, veedor del proceso de reorganización que comenzó en 2015, envió una carta al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, en la que detalló una serie problemas en la administración de la compañía debido a una baja en sus ingresos.

En la carta, el interventor le explicó a la autoridad que había recibido una serie de reclamos respecto al pago efectivo de la cuota del mes de enero y febrero previstas en el acuerdo de reorganización, lo que constituye un incumplimiento del mismo. “Hacemos presente que la empresa ha comunicado al suscrito y a los miembros de la comisión de acreedores, que no podrá realizar dichos pagos, porque no cuenta con los recursos”, acotó Jamarme.

El 12 de marzo, Banco Security interpuso una demanda en contra de Transportes Tamarugal en el Juzgado de Letras de Colina para que “proceda a liquidar a la empresa deudora”. Finalmente, el 21 de agosto pasado, el tribunal declaró el incumplimiento del convenio. Hoy el futuro de la empresa que mantuvo una flota de más de 500 camiones para la minería en la región de Atacama está en manos de la liquidadora Alejandra Massis.

El caso de Infodema es más llamativo. Con deudas por más de $10.000 millones, el pasado miércoles al mediodía Patricio Jamarme informó la “imposibilidad de la misma de dar cumplimiento al acuerdo de reorganización”. El veedor -que velaba por la reorganización solicitada en junio de 2019- explicó que aunque se estudió presentar una modificación al acuerdo por parte de la empresa, finalmente ello se desestimó.

Se trata de la mayor maderera de Valdivia y que cuenta con 75 años de historia. Sus principales clientes en el mercado nacional eran las cadenas de retail orientadas a la construcción, como Construmart, Easy, Sodimac e Imperial, así como las cadenas ferreteras de Chilemat y MTS.

Sin embargo, no pudo salir a flote. ¿Cuáles fueron las razones? El entorno macroeconómico del país, con la disminución de la tasa de crecimiento, inestabilidad del precio de los comodities, la disminución en los últimos 4 años de la ratio inversión sobre PGB e inestabilidad política y económica interna y externa. A ello se suma la situación generada por el entorno global y la guerra comercial entre EEUU y China, que ha implicado una disminución relevante del negocio de exportaciones, el cual representaba el 40% de las ventas de Infodema durante el año 2018.

El 31 de agosto, Francisco Freire, abogado en representación de Banco Santander Chile, presentó una demanda acusando en el 16º Juzgado Civil el incumplimiento de parte de Agrícola Decoterra Limitada de su plan de reorganzación concursal. En la acción, solicitó derechamente una resolución de liquidación de la sociedad que adeuda al banco de capitales españoles un monto total de $392 millones.

Constituida en 2016 por Cristián Krausse y Diana Nagel, la empresa se especializó en el diseño, construcción y mantención de áreas verdes. Así como también la habilitación de espacios públicos y obras menores en construcción.

Desde diciembre de 2018, se encontraba bajo un plan de reorganización en el cual contaba con un plan de pagos a cinco años. El primero se realizaría el 1 de junio del año 2020 a todos los acreedores valistas, con reajustes e intereses acordados por las partes, pero no cumplió en sus pagos. El problema -según advirtió Banco Santander al solicitar la quiebra- es que “no ha pagado a sus acreedores la cuota".

En 2018, la empresa tenía contratos con las municipalidades de Las Condes, Ñuñoa y La Reina. Tuvo ingresos por $1.379 millones y si bien en dicho periodo su situación era deficitaria, contaba con proyecciones a 2023 de salir a flote.

Sin embargo, las dificultades provocadas por el 18-O y la pandemia hicieron muy complejo su avance.

En diciembre de 2021 se estima que los bancos asuman los estándares de Basilea III. La normativa obligará a la banca a establecer mayores exigencias de capital para las exposiciones en incumplimiento, netas de garantía y provisiones. Ello, luego que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) prorrogara su puesta en marcha en marzo de 2020 debido a la pandemia.

Para Javier Edwards, socio de EDN Abogados y ex fiscal del Banco BBVA en Nueva York, “la CMF tendrá que evaluar si a esa fecha la economía del país permite implementar el estándar de Basilea o no lo permite, y eso tendrá que ver con cómo se ha comportado la pandemia y cuál es el grado efectivo del impacto recesivo que está teniendo la misma y si en el fondo la economía del país, la banca y los deudores en el sistema están o no en condiciones de asumir el costo”.

Por su parte, Loreto Ried, liquidadora, explicó que hoy persisten las dificultades para sacar adelante empresas que bajo planes de reorganización se enfrentan a la negativa de los bancos al acceso al crédito. "Te exigen pagos al contado en general los proveedores y entonces surge una tormenta perfecta: necesitas comprar, financiarte y te piden pago al contado y luego viene la quiebra, entonces ese problema la ley actual no lo soluciona”, aseguró a La Tercera PM.

Cristián Gandarillas, socio de Gandarillas Montt & Del Río sostuvo que el problema pasa por soluciones de fondo. “Es necesario terminar con el estigma de la reorganización y velar por la especialización real de ciertos tribunales en materias que cada día son más complejas. El Poder Judicial ha hecho un esfuerzo en capacitar a determinados tribunales en estos procesos, pero quizás sea necesario pensar en crear tribunales especializados, al estilo por ejemplo de los tribunales ambientales que funcionan en macro zonas”, dijo.