Cuando la UDI estuvo dispuesta a indultar a Hernández Norambuena

Casi nadie se acuerda. Muy pocos de quienes estaban en el gobierno de Ricardo Lagos, y menos en la UDI que el 2003 presidía Pablo Longueira. Sobre todo cuando se les recuerda el siguiente párrafo del documento La Paz Ahora, con el que el partido buscaba entonces una validación moral en el adverso campo de los derechos humanos:

Específica y adicionalmente, llamamos al Presidente de la República a utilizar los instrumentos diplomáticos y jurídicos conducentes a que Mauricio Hernández Norambuena, condenado a presidio perpetuo y, asimismo, los demás partícipes a cualquier título en el asesinato de nuestro líder y fundador, Jaime Guzmán, sean extraditados desde los países donde se hallen, o puedan reingresar al territorio nacional con la plena seguridad jurídica de que se beneficiarán en Chile de los efectos de esta ley general de indulto. Comprometemos a la aprobación de ésta todo nuestro apoyo.

Sí. Leyó bien. El mismo colectivo que hoy pide las máximas penas para el ex frentista recientemente retornado de Brasil, el 2003 estuvo dispuesto a hacer tabla rasa con la deuda penal del "Comandante Ramiro". Fue una jugada entonces no muy comprendida puertas adentro, que varios juzgaron de audaz y de la que otros tantos discreparon. Pero la UDI de entonces no se peleaba en público, y ante las cámaras han defendido hasta hoy el documento y lo siguen citando -recalcan históricos militantes- como un especie de certificación ética. Pero nunca mencionan el párrafo.

Uno de quienes han pedido que el ex frentista purgue 27 y no 10 años en Chile, y que no se le abone el tiempo cumplido en Sao Paulo, es el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín. Entonces era senador UDI, y uno de quienes apoyó la idea del documento. Al año siguiente, en otro episodio, fue el único gremialista que votó a favor en el Senado la Ley 19.965, que concedió beneficios a condenados y que permitió la excarcelación de varios ex integrantes del movimiento Lautaro.

La Paz Ahora fue una idea original del entonces senador Jaime Orpis -hoy acusado de cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco- en una etapa en que la UDI venía creciendo en votos y en el Congreso, pero que necesitaba sacudirse la herencia pinochetista para expandir su base de apoyo y mejorar las posibilidades de Joaquín Lavín para las próximas presidenciales (venía de perder con Ricardo Lagos el 2000).

Entonces presidía el partido Pablo Longueira, en su época de máximo poder. Venía de exitosas elecciones municipales y parlamentarias, vitales para imponerle su hegemonía a RN, entonces encabezado por Sebastián Piñera. Cuando su amigo Orpis -veraneaban juntos- le contó, se embarcó con todo y subió a bordo al partido. Y con él, a Andrés Chadwick, hoy ministro del Interior. Se sumó a la redacción el entonces diputado y hoy subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.

Se reunieron con familiares de víctimas de crímenes cometidos por la dictadura en Pisagua y otros lugares. Lograron sorprender y hasta escandalizar a sectores de izquierda. Y en el documento plantearon diversas medidas, como mejorar la reparación a las víctimas, pero también ponerle un límite, un deadline, a las causas de derechos humanos que seguían abiertas. No querían que se eternizaran procesos rotulados como secuestro, así que propusieron condiciones para que el juez, llegado un punto, pudiese decretar la muerte y así "agilizar los procesos".

Pero también propusieron, con el argumento de llegar a la verdad o al paradero de las víctimas, que a los procesados se les otorgara una "rebaja de la pena o, alternativamente, una atenuante calificada a quien entregue tal información, si fuere el autor o cómplice del hecho delictivo, y una eximente de responsabilidad, si fuere

encubridor". En ese contexto, y como gesto de que "con generosidad se construye la paz", fue que propusieron el indulto general y -con nombre y apellido- para el frentista.

Longueira dijo que no quería "hacer un show" y en vez de entregarle el documento a Lagos en La Moneda, se lo fue a dejar a su ministro del Interior, José Miguel Insulza, a su casa. La idea nunca flotó. Bastó la mención a una rebaja de penas o cierre de procesos para que el PS y gran parte de la entonces Concertación acusara que se buscaba un "punto final".

La UDI siguió reivindicando el documento, pero el párrafo destacado más arriba se fue olvidando. Hasta esta semana. La mayoría de los militantes, ex parlamentarios, dirigentes localizados por La Tercera PM no lo recuerdan o dicen no recordarlo. Y si lo hacen, no desean expresar si fue una buena o mala idea. Muchos se limitan a contestar que fue una idea de Longueira y Orpis. No suya.

El senador Larraín manifestaba ese año que la posibilidad si el ex frentista "cumple con los requisitos en su momento también podrá aspirar a ese indulto porque está dentro del espíritu de reconciliación que nos anima". Llegó a decir que "pienso que va a poder cumplir la pena y al mismo tiempo acceder al beneficio del indulto porque nosotros cuando hemos hablado de perdón, expresamente hemos señalado el perdón a (los asesinos de) Jaime Guzmán".

"No creo que la mayoría de la UDI se haya leído el documento completo", recalca un dirigente de la época. Otro indica que es probable que no se haya discutido en detalle ese punto, pero otros sostienen que la idea de ofrecer indulto a Hernández Norambuena contó con el rechazo interno de nombres como Jovino Novoa (que entonces comenzaba a distanciarse de Longueira), Juan Antonio Coloma, Darío Paya, y el entonces jefe de bancada de diputados, Rodrigo Álvarez.

Entre los gremialistas químicamente puros e históricos aseguran que la idea del indulto a "Ramiro" fue una idea de Carmen Errázuriz, la madre de Jaime Guzmán. Y que Longueira, Chadwick, Orpis y los suyos estuvieron de acuerdo ante la necesidad de dar esa señal. "Fue un punto de inflexión", dicen. Otras voces aseguran que hoy al menos ni Chadwick ni Salaberry se arrepienten del texto. Además, recalcan, las posiblidades que entonces existían  de tener en Chile a Hernández Norambuena eran iguales a cero. No como hoy.

Hubo un segundo intento UDI cuando se discutió en el Congreso una ley que se promulgó el 2004, la 19.965, que concedió beneficios a condenados. En su último trámite, que exigía un alto quórum, contó ese año con el voto a favor de Larraín -entonces presidente del Senado- y con la abstención del también senador UDI Carlos Bombal.

Esa misma ley permitió que hacia el final del gobierno de Ricardo Lagos se pusiera en libertad a varios ex lautaristas, entre ellos a su fundador, Guillermo Ossandón, quien abandonó la Cárcel de Alta Seguridad el 2004. Hubo gestiones por parte de sacerdotes como Alfonso Baeza y Baldo Santi, y el abogado Alberto Espinoza (actual defensor de Hernández Norambuena). Entonces, el gobierno de Lagos leyó el apoyo de Larraín como un gesto que buscaba una vuelta de mano para obtener mejores condiciones para los internos de Punta Peuco.

Pero no hubo compensación. Lagos sí indultó -el 2005- a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez, el ex agente del DINE Manuel Contreras Donaire, aunque eso fue un gesto al entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. La izquierda criticó duramente al Presidente. Hubo quienes lo calificaron de "el dedo que indulta".

A falta de dirigentes o militantes UDI que comenten este travieso pasaje histórico, el entonces ministro de Lagos, Francisco Vidal, observa -aunque advirtiendo sobre el contexto de entonces- que "la historia te enseña que hay circunstancias y momentos que hacen a personas o grupos tener disposiciones distintas. Hace 16 años, para mí lo valioso es que a través de Longueira, la UDI haya reconocido la violación de los derechos humanos en la dictadura cívico-militar que ellos apoyaron".