Cuánto jugársela por el Apruebo e incidir en el proceso: los dilemas y definiciones de Boric frente a la Convención

El éxito del proceso constituyente será una vara que medirá al gobierno de Gabriel Boric. Ese es un hecho del que están conscientes en La Moneda y así lo explicitó este viernes el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en el encuentro que sostuvo el Ejecutivo con los parlamentarios de la coalición en Cerro Castillo.

“Tenemos un plebiscito que va a ser un punto de inflexión de lo que el gobierno pueda o no realizar durante el segundo tiempo”, dijo el ministro en la cita oficialista.

En ese marco, definir cómo procederá ante el proceso constituyente se ha transformado en un dilema permanente para la administración del frenteamplista. Por un lado, como gobierno debe dar garantías para el desarrollo del órgano que escribirá una nueva Constitución y, a su vez, deberá asumir un rol en la implementación de las eventuales transformaciones que se propongan en el texto constitucional.

En el gobierno saben que en el proceso deben conciliar varios factores. Por un lado, mantener los códigos de autonomía ante la labor de sus constituyentes, pero, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad que les cabe para que la propuesta constitucional termine “uniendo” y no “dividiendo” al país, como pidió a su propio sector el Presidente Boric el mismo 11 de marzo al asumir en La Moneda.

Bajo ese cuadro, el gobierno ya ha tomado algunas definiciones y dado algunas señales. En el primer comité político con los partidos de gobierno en La Moneda se transmitió que el Ejecutivo no se abstendrá de involucrarse en el debate de contenidos. Así lo dejó claro el propio Mandatario cuando se mostró favorable al bicameralismo asimétrico que ha cobrado fuerza para reemplazar el actual Poder Legislativo.

“Uno tiene que ser cuidadoso en las opiniones que emite, no quiero aparecer en ningún caso interviniendo, pero entiendo que tengo un rol”, dijo Boric a Teletrece después de asumir.

Más allá llegó la vocera de su administración, la ministra Camila Vallejo. “Qué sería de la política si no asumimos riesgos, hemos arriesgado mucho para poder llegar al gobierno, para tener una Convención Constitucional. Muchos quedaron atrás por lograr este momento histórico y, por lo tanto, nuestro deber y mandato es cuidar el proceso constituyente y lograr que en el plebiscito de salida dejemos atrás la herencia de la dictadura cívico-militar”, dijo al ser consultada sobre si el gobierno no estaba asumiendo un riesgo al dar un respaldo férreo a la labor de la Convención.

Pese a las señales que ha dado el gobierno en favor de aprobar un nuevo texto constitucional, lo cierto es que en el Ejecutivo aún no está claro qué postura tomará de cara al referéndum. Si jugársela o no por el Apruebo es una pregunta abierta en La Moneda.

La presión de sus convencionales no es menor. “El gobierno no tiene que ser neutral en el plebiscito, debe llamar a votar Apruebo”, dijo a este diario la semana pasada el convencional comunista Marcos Barraza.

Pero el dilema entre tomar un rol más institucional -de garante del proceso- o uno más político no es algo que esté resuelto. A diferencia de Barraza, hay algunos en la coalición oficialista que son más cautos respecto al papel que debe jugar el gobierno, sobre todo, si el nivel de polarización es muy alto para el referéndum. Si Boric se inclina explícitamente por el Apruebo, por ejemplo, dice en sectores de la ex Concertación, el plebiscito puede terminar transformándose en uno sobre su propia administración. “Si se impone el Rechazo, sería una derrota tremenda para el gobierno”, dice un senador oficialista fuera de micrófono.

De todas formas, las mismas fuentes señalan que si bien hay que esperar el texto constitucional para tomar una decisión, la izquierda no puede ser neutral si se trata de terminar con la Constitución de Augusto Pinochet.

“Creo que no hay nadie en Chile que crea algo distinto a que el Presidente Gabriel Boric está totalmente comprometido con la promulgación de una nueva Constitución”, dijo Jackson en LT Domingo.

Y agrega: “Nadie antes de elegirlo en una segunda vuelta pensaba algo de esas características, como que él no fuese a apoyar el plebiscito. Y creo que vamos a tener que cumplir un rol de equilibrio muy importante entre entender que nuestra posición política va a ser transparente, en un momento histórico tan importante. (...) Una cosa es que tengamos una opinión y que queramos que esto ocurra, y otra cosa muy distinta es que a partir de los organismos públicos, del gasto público, la información que entreguemos tiene que ser una información que sea imparcial. Mostrar que la gente participe, que la gente se informe, que vea los cambios o los impactos de eso. Por supuesto que va a haber una campaña comunicacional respecto a eso, pero tiene que ser informativa, y las opiniones políticas que tengamos nosotros tienen que ser no como el gobierno de Chile, sino más bien como probablemente la mayoría de los liderazgos que compongan el gobierno”.

En La Moneda aseguran que será la Contraloría la que defina las coordenadas en que podrán moverse los ministros y el propio Boric de cara al plebiscito.

Lo que sí está más claro -según comentan en el comité político- es que serán ellos como gobierno los encargados de la organización de la campaña de información para la consulta que -de forma inédita- será con voto obligatorio. Y si bien no hay definiciones formales, ya se ha conversado de forma incipiente la idea de realizar algo pedagógico y que explique claramente a la ciudadanía los efectos de las modificaciones propuestas por la constituyente.

Conversaciones informales han sostenido representantes del gobierno y algunos de sus convencionales en torno a los tiempos que podría tomar hacer las adecuaciones necesarias para implementar los cambios propuestos en el texto constitucional.

Más allá de la firma de una eventual nueva Constitución, será este gobierno el que tendrá que elaborar y tramitar las materias de ley y normativas que sean necesarias para transitar a la nueva institucionalidad en las más diversas materias.

Por lo mismo es que en Palacio aseguran que cuando la Convención comience el debate de las normas transitorias -artículos que definirán, precisamente, los plazos y fórmulas para implementar los cambios-, el gobierno no podrá tomar palco.

Eso quedó claro esta semana en el almuerzo que sostuvieron los senadores socialistas con el ministro Jackson. En la cita, el secretario de Estado entregó un mensaje de tranquilidad a los legisladores respecto del periodo de transición que debería haber entre el Senado actual y la denominada cámara territorial.

En la Cámara Alta -liderada por Álvaro Elizalde- se ha instalado la preocupación de que la constituyente termine aprobando su eliminación una vez aprobado el nuevo texto constitucional, lo que, para ellos, iría en contra de la voluntad popular expresada en los pasados comicios parlamentarios.

En esa línea, Jackson les explicó que el interés del gobierno del Presidente Boric es resguardar la estabilidad que implicaría un proceso de transición razonable para que la institucionalidad pueda adecuarse a los cambios. Así, les deslizó que la estimación del Ejecutivo es que impulsar las normativas necesarias para transitar al nuevo sistema tomará, al menos, hasta los comicios de 2026. Es decir, un plazo de cuatro años.

En ese tema y otros tan relevantes como las modificaciones al sistema de justicia, será clave que la Convención considere esos criterios de gradualidad, dicen en el gobierno. Sobre todo, porque de operar “in actum” podrían generar un problema de incerteza jurídica para el país y el propio gobierno.

Además de los plazos, el gobierno ha activado un plan para monitorear día a día los contenidos aprobados por el pleno de la Convención, los que formarán parte de la propuesta de texto constitucional.

Los efectos que estos artículos tendrán sobre el plan de gobierno y los primeros lineamientos sobre las adecuaciones que deberá -eventualmente- impulsar el Ejecutivo, es una de las tareas que ha asumido la División de Estudios de la Segpres, dirigida por la abogada Javiera Ascencio (RD).

Según explican desde esa cartera, ella y su equipo han creado un sistema de seguimiento permanente del rumbo de la Convención con el objetivo de anticiparse a la tarea que -de aprobarse el texto- recaerá precisamente en la Segpres de Jackson.

Con ese objetivo, de hecho, la exasesora legislativa de la bancada de Revolución Democrática, ha sostenido reuniones con representantes de otros ministerios para anteponerse a temas que podrían ser especialmente sensibles para esas reparticiones, de ser aprobados en una nueva Constitución.