Daniel Andrade apela a la prisión preventiva y busca su libertad: “No es cierto, no es verdadero que pueda constituir un peligro para la seguridad de la sociedad”

El 22 de diciembre, Daniel Andrade cumplirá una semana en prisión preventiva en la cárcel de Antofagasta, sin embargo, en vísperas de las fiestas de fin de año, el representante legal de Democracia Viva busca su libertad y modificar su medida cautelar.

Así lo expuso en la apelación que ingresó a la Corte de Antofagasta, a través de un escrito de 57 páginas. En el documento, su defensa, representada por los abogados José Ignacio Figueroa, Germán Cueto y Juan Pablo Roncone, se resumen los hechos imputados, donde descartan la comisión del delito de fraude al Fisco, dado que “nunca” su representado se habría hecho de parte de los $ 426 millones de los convenios que Democracia Viva firmó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

“Lo que ocurre es que la fundación Democracia Viva, de los $ 426.000.000 transferidos en virtud de los convenios señalados, gastó o ejecutó única y exclusivamente la suma total de $ 131.615.770. 28. Es decir, existen $ 294.384.230 que la fundación Democracia Viva no ejecutó (no gastó), y que don Daniel Andrade Schwarze ha intentado restituir al Fisco de Chile en varias oportunidades, mediante correos electrónicos dirigidos a funcionarios y jefes de servicio”, partieron argumentando los abogados.

En esa misma línea, detallan que existen cuatro correos electrónicos -de fechas 29.06.2023, 03.07.2023, 11.07.2023 y 13.07.2023-, remitidos por Andrade al Servicio, en que solicitó que se le informe cómo restituir los más de $ 294 millones no ejecutados.

“No existe delito de fraude al Fisco si el funcionario público, como consecuencia de la defraudación o el consentimiento de que se defraude al Estado, no ocasiona una pérdida económica, o bien, la privación de un lucro legítimo para el Fisco de Chile (...). Es decir, don Daniel Andrade Schwarze no recibió ningún peso proveniente de los $ 426 millones de pesos transferidos por la Seremi Minvu de Antofagasta a la fundación Democracia Viva”, escribieron los abogados al tribunal.

En cuanto a la necesidad de cautela apelaron a lo mismo: que al no haber delito de fraude al Fisco, no existía una necesidad de Andrade de estar en la cárcel, más cuando sus informes psicológicos -alegaron- no mostraron riesgo alguno de fuga.

“Un informe pericial psicológico elaborado por la perito judicial de la Corte de Santiago, señora Iris Morales Recabal (pericia que contiene una profunda evaluación psicológica del imputado), y concluye, en síntesis, que la libertad del sr. Andrade no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, que se trata de una persona con rasgos de personalidad plenamente adaptativos y ajustados a normas sociales, que ha demostrado colaborar con la investigación”, alegaron.

Es por eso, concluyen que, “no es cierto, no es verdadero, no es efectivo que la libertad del sr. Andrade pueda constituir un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Una de las imputaciones de la Fiscalía a Andrade, y también para Contreras, es que ambos se concertaron previamente para cerrar los convenios. Y, por lo mismo, se habrían puesto de acuerdo para defraudar al Fisco.

Para eso, el Ministerio Público alegó que Andrade tenía una amistad previa a la suscripción de los convenios con Contreras, y que este, además, había sido jefe de gabinete de diputada Catalina Pérez, también pareja del representante legal de Democracia Viva.

Sin embargo, la defensa del ingeniero argumentó que “Andrade no actuó concertado con el sr. Contreras, facilitando los medios con que se habría cometido el delito de fraude al Fisco”, pues “no se presentan en este caso los elementos que la jurisprudencia y la doctrina exigen para que se atribuya responsabilidad penal mediante esta forma o grado de ‘autoría’”.

En esa misma línea, agregaron que “el sr. Andrade no actuó dolosamente, no se representó jamás en su fuero interno que la suscripción de los tres convenios de transferencias de recursos revisados pudiera constituir una infracción administrativa para un empleado público (sr. Contreras) y menos un delito penal”.

Contreras, por su parte, también apeló a la resolución de la Juzgado de Garantía de Antofagasta para revocar su prisión preventiva. El exseremi argumentó ante la Corte que “se ha mencionado en los antecedentes presuntas irregularidades que dicen relación con la ejecución de los convenios, así como con la contratación de personas, pero aquello no era controlado por mi representado, fuera de que es materia de un control de cuenta propiamente tal, es evidente que él no tiene dominio del hecho, fuera de que no forma parte del hecho formalizado, toda vez que en concepto del Ministerio Público la materialización del fraude es con el traspaso de fondos a las fundaciones”.

Sobre la necesidad de cautela, en tanto, en el escrito se lee que Contreras expone que “es un arquitecto de 45 años, tiene irreprochable conducta anterior, domicilio conocido y el mismo toda su vida, que tiene a su cargo el cuidado de sus padres que son de 81 y 84 años, de los cuales es hijo único. Ha prestado colaboración en la investigación administrativa (que consta en la carpeta investigativa tanto por informe de Contraloría como por el hecho de que lo acompañó su defensa a través de vía formal), se propuso su declaración para efectos de este declarara y aportara antecedentes, la que fue agendada para el día 19 de diciembre de 2023, y que no pudo verificarse porque el fiscal titular de la causa manifestó que se pospondría hasta resolverse situación cautelar”.

Pero, además, Contreras señala que aportó “una serie de antecedentes, los cuales ya habían sido aportados al sumario administrativo y que hace una semana fueron aportados al Ministerio Público (tales como memorándums, correos electrónicos que daban cuenta del contexto previo a la suscripción de los convenios, sus limitaciones e incluso correo que da cuenta de auditoría solicitada por mi representado el 03 de febrero de 2023), lo cual da cuenta de su intención de colaborar y esclarecer los hechos”.

Será la Corte la que determinará si Andrade y Contreras quedarán, o no, en libertad, en un caso que significó que ambos exmilitantes de RD dejaran la política por los tribunales de Justicia.