De Cataldo a Aguilera: 14 de los 24 ministros del Presidente Gabriel Boric están afiliados a las isapres

“Me atiendo en el Cesfam cerca de mi casa. Yo tengo Fonasa porque es una decisión política y porque me gusta el sistema público que cuenta con Copago 0. Me da tranquilidad que con mis cotizaciones puedo estar ayudando a otros, porque es un sistema que se entiende como un respaldo entre todos. Personalmente he tenido una muy buena experiencia al momento de atenderme en el sistema público de salud”.

Esas fueron las palabras de la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en una entrevista al programa Podemos Hablar, de Chilevisión. Los dichos de la vocera de Gobierno abrieron un amplio debate respecto al funcionamiento del sistema sanitario y sobre la previsión de salud que tienen las autoridades.

La decisión política de la ministra Vallejo de pertenecer a Fonasa y de recalcarlo públicamente se relaciona al hecho de que el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric prometía un sistema universal de salud, con un financiamiento unificado y donde las isapres se transformarían en seguros complementarios. Además, el mismo Mandatario ha mencionado públicamente en varias ocasiones que está afiliado a Fonasa.

Pero, ¿qué hay del resto de su equipo? La Tercera consultó a los 24 ministerios que componen el gobierno sobre la previsión de salud de los encargados de cada cartera.

El resultado del sondeo evidenció que hay 14 ministros afiliados al sistema privado de aseguramiento de la salud. En la nómina están Álvaro Elizalde (Secretaría General de la Presidencia), Maya Fernández (Defensa Nacional), Javiera Toro (Desarrollo Social y Familia), Jessica López (Obras Públicas), Ximena Aguilera (Salud), Jaime Pizarro (Deportes), Nicolás Cataldo (Educación), Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo), Esteban Valenzuela (Agricultura), Marcela Sandoval (Bienes Nacionales), Diego Pardow (Energía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Aurora Williams (Minería) y Juan Carlos Muñoz (Transportes y Telecomunicaciones).

Mientras que en Fonasa hay siete ministros: Carolina Tohá (Interior y Seguridad Pública), Nicolás Grau (Economía, Fomento y Turismo), Carolina Arredondo (Culturas, las Artes y el Patrimonio), Camila Vallejo (Secretaría General de Gobierno), Jaime Gajardo (Justicia y Derechos Humanos), Jeannette Jara (Trabajo) y Antonia Orellana (Mujer).

Pese a la consulta de este medio, al cierre de esta edición, tres secretarios de Estado mantenían en suspenso su respuesta: Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Mario Marcel (Hacienda) y Aisén Etcheverry (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).

En palabras más simples, 58,33% de los secretarios de Estado está afiliado a alguna isapre, 29,17% a Fonasa y 12,5% no ha respondió sobre su previsión (ver gráfica).

Algunos secretarios de Estado quisieron detallar su situación. Por ejemplo, el ministro de Agricultura explicó que está en Consalud porque tiene un convenio colectivo a través de la Universidad de Concepción. Mientras que la ministra de Obras Públicas está en la Isapre Fundación del Banco Estado.

La afiliación de la ministra Jara, quien asumirá la vocería una vez que Vallejo salga con prenatal, a Fonasa va en línea con el rol que ha jugado al interior del comité político como una de las mayores detractoras de la continuidad del sistema isapres. Una postura que hizo ver durante la discusión de la ley corta.

El tema de las isapres ha sido uno de los puntos más debatidos al interior del gobierno, especialmente tras el fallo de la Corte Suprema que obligaba a las aseguradoras a aplicar la Tabla Única de Factores (TUF) a todos los afiliados y a devolver los cobros en exceso. Y es que además este fallo cambió el panorama de la reforma al sistema de salud, pasando los debates sobre su transformación a un segundo plano, y obligó al Ejecutivo y el Legislativo a centrarse en cómo resolver el problema judicial.

De hecho, la discusión sobre las isapres generó tensiones dentro del propio gobierno que incluso escalaron al comité político: durante una de las primeras reuniones la ministra Aguilera quedó en una posición incómoda tras el rechazo de su propuesta por parte de los otros secretarios de Estado, especialmente por parte de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. El desacuerdo surgió principalmente por la cuantía de los pagos que las isapres debían devolver y el plazo de estos pagos.