De la sorpresa al escepticismo: los cálculos del oficialismo y la oposición ante la arremetida de la Contraloría

Los tomó por sorpresa. Esa es la sensación generalizada que reconocen en La Moneda respecto a la decisión de la Contraloría de iniciar una acción especial para investigar las acusaciones de intervencionismo que recaen en el gobierno, a quien se le endosa -por parte de la derecha- intentar favorecer al Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

La sensación de asombro se dio luego de que ayer La Tercera diera a conocer que el contralor, Jorge Bermúdez, junto a su equipo, definió indagar particularmente a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) -encabezada por la ministra Camila Vallejo-, en consideración de que precisamente esa cartera dirige la campaña Chile Vota Informado en la antesala de los comicios. Pero no solo eso, sino que también determinó constituir un equipo en terreno en Palacio.

Con la notificación del organismo fiscalizador ya realizado, el diagnóstico del comité político era evidente: ante la presión que enfrentaba la Contraloría por parte de la oposición, que son partidarios del Rechazo, era necesario que dieran una señal para desmarcarse del gobierno. Eso sí, en Palacio causó extrañeza que la ofensiva de Bermúdez contemple que funcionarios del organismo que dirige se apersonen en La Moneda, algo que en todo caso, dicen, no sería inédito. Por lo mismo, según distintas fuentes del Ejecutivo, detallan que no ha habido llamados “formales” entre los ministros y la Contraloría tras el anuncio de la investigación.

En concreto, la indagatoria se enfocará en la implementación del despliegue de la campaña y, particularmente, en la transferencia de recursos fiscales a otros ministerios. El pie inicial de esa investigación, en tanto, ocurrió este miércoles, cuando la Contraloría realizó por la tarde la primera diligencia en el edificio Bicentenario, donde funciona el área jurídica de la Segegob. Esto, pese a que en un inicio, la idea del organismo era concurrir a La Moneda.

Según afirman en la entidad fiscalizadora, se optó por el otro lugar debido a que el gobierno se lo solicitó con el objetivo de que la acción tuviera “un perfil más bajo”.

En las dependencias del edificio Bicentenario se llevó a cabo una reunión de 40 minutos, en la que participaron tres funcionarios del Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría y la subsecretaria Naranjo. Ahí, se hizo el traspaso de información solicitada.

En todo caso, en Palacio dicen estar tranquilos. Esto, porque, según refuerzan algunas fuentes consultadas, se han ajustado a los criterios establecidos en el dictamen del organismo fiscalizador y, sobre todo, entienden que están actuando dentro de sus atribuciones.

Consultada sobre el inicio de la investigación, la ministra Vallejo sostuvo que, a propósito de las denuncias de intervencionismo que ha hecho la oposición, “sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder despejar y disipar dudas y cuanto antes mejor, así que para nosotros es una buena noticia y vamos a colaborar, por cierto”.

“Podemos garantizar absolutamente que estamos respetando la prescindencia y que no hay ninguna irregularidad. Aquí hay recursos evidentemente públicos que están destinados para una campaña de información, para imprimir los textos completos de la Constitución, entregárselos a los ciudadanos que es lo que nos convoca y es una responsabilidad que tenemos”, agregó.

En la misma línea, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, expresó en CNN que “la mejor noticia que podemos tener es que Contraloría pueda despejar este tema y que lo haga lo antes posible. De esa manera vamos a poder mostrar, de manera categórica, después de una resolución independiente y autónoma, que todas esas denuncias son infundadas y por lo tanto el gobierno está cumpliendo plenamente con lo que la ley lo mandata”.

El Presidente Gabriel Boric, por su parte, fue consultado hoy al respecto y dijo que “recibimos muy bien (la auditoría) porque la Contraloría tiene que hacer su pega que es fiscalizar y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley y Contraloría. Y, por lo tanto, que instituciones en que una fiscaliza a otra estén dispuestas a colaborar, es algo que me parece totalmente deseable”, agregando que “tenemos la convicción de lo que hemos hecho al repartir el ejemplar de nueva Constitución es justamente informar, yo he dicho en todas mis intervenciones en prensa que ambas opciones son legítimas y que la gente tiene que decidir de manera informada”.

De todas formas, el Jefe de Estado hizo hincapié en que “ahora, lo que haya que corregir, totalmente disponible, pero no me cabe ninguna duda que el espíritu de cómo nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información. Lo que pasa es que hay algunos que les molesta que se informe”.

Por otro lado, y en referencia a las críticas que ha recibido la Contraloría por su “demora” en el actuar, durante un punto de prensa esta mañana, el contralor Bermúdez sostuvo que “es tan manida esa crítica y tan injusta, porque si tú revisas los tiempos de la Contraloría sustantivamente, año a año, han ido disminuyendo, pero aquí hay una cierta ritualidad y eso significa ciertos plazos que hay que respetar”.

Además, Bermúdez afirmó que “hay que llamar un poquito a la calma, nosotros somos funcionarios públicos, hacemos lo que podemos con nuestros recursos y, por lo tanto, no nos exijan que actuemos intempestivamente. No somos políticos, somos funcionarios públicos”.

Por otro lado, el diputado Vlado Mirosevic (PL) -quien es uno de los voceros del comando del Apruebo, y su hermano, Camilo, que es el jefe jurídico de la Contraloría, quien decidió inhabilitarse hasta después del plebiscito-, señaló en el lanzamiento de la gira de campaña que “informar no es intervenir, en el sentido de que entregar una Constitución debiese ser algo deseable, algo republicano, democrático, que todas las familias tengan una Constitución en su casa (...). Ahora, la Contraloría tiene que hacer su trabajo y nosotros somos muy respetuosos de eso, no opinamos respecto del trabajo mismo de una institución porque nos parece que tiene que hacer su pega”. Aunque sí asintió ante la consulta sobre hacer “ajustes” en las instrucciones de los equipos de gobierno para evitar caer en la difusión de publicaciones de campaña.

Asimismo, desde Apruebo Dignidad señalan en privado que ven como algo comprensible que el órgano fiscalizador tenga que dar una “señal política” en torno a una imparcialidad con el gobierno. Sin embargo, dentro del Socialismo Democrático sí hay una autocrítica: que los errores de los community managers, cuentas institucionales o de las mismas autoridades puedan haber pasado la cuenta y podrían perjudicar la campaña del Apruebo.

En la derecha los análisis fueron variados. Por una parte, algunos sectores, como el Partido Republicano sacaron cuentas alegres, ya que el tema le generaba un problema al gobierno al estar la Contraloría in situ investigando. “Es como cuando van a requisar los computadores de Sebastián Dávalos (…) La Contraloría se instaló en La Moneda”, comentan en privado.

En esa colectividad atribuían a sus acciones fiscalizadores el hecho de que el organismo arremetiera de esta forma.

En algunos sectores de Chile Vamos, por otro lado, miraban con desconfianza la acción fiscalizadora. Primero porque en RN sentían que fue una medida que el contralor tomó solo para evitar los cuestionamientos que se estaban incubando hacia su gestión por no tomar medidas por la prescindencia. Esto, debido a que personeros de los partidos criticaron públicamente al contralor, mientras que en republicanos se evaluó acusarlo constitucionalmente argumentando notable abandono de deberes.

En la derecha no tienen mucha fe de la investigación, ya que sienten que cualquier resultado que se vaya a publicar se hará después del plebiscito del 4 de septiembre. De ahí que comenzaron a presionar por darle celeridad. “Esperamos que haya un pronunciamiento rápido sobre la denuncias, pero también acotado del punto de vista de los plazos, porque el plebiscito se acaba el 4 de septiembre”, dijo el jefe de bancada de RN, Andrés Longton.

De todas maneras, algunas voces sostenían que cualquier desaprobación al gobierno puede terminar afectando al Apruebo, ya que, dicen, la ciudadanía vincula ambas materias.