De parlamentario a lobbista: Los exdiputados que ahora representan a gremios y empresas

Tres audiencias para defender los intereses de Uber: dos con senadores y una con un ministro entre noviembre del año pasado y agosto. Eso es lo que figura en los registros públicos de lobby, si se busca el nombre del exdiputado por Valparaíso, Joaquín Godoy.

El exparlamentario de RN y Amplitud -partido que se disolvió oficialmente en mayo del 2018- ha sostenido esas reuniones como parte de la firma "Laso y Bernales Abogados" dedicada al lobby profesional, tal como se lee en su página web y que tiene como cliente a la empresa estadounidense que ofrece el servicio de taxis a través de una aplicación para celulares.

Por eso, según consta en el portal Info Lobby del Consejo para la Transparencia, la primera reunión que registra Godoy fue con el senador Manuel José Ossandón (RN) el 11 de noviembre del 2018 que solo tiene la descripción "Uber" en el apartado donde se debe indicar la materia que se abordó en la cita.

En tanto, el 11 de marzo, el exdiputado sostuvo una reunión con quien fuera alguna vez su compañero de bancada, el actual ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. "Presentar visión empresa respecto de su implementación en Chile", fue lo que se registró en las observaciones de la audiencia de Godoy con el secretario de Estado.

La última reunión registrada del ex Amplitud fue con el senador Juan Antonio Coloma (UDI) el 20 de agosto en la oficina del parlamentario en Valparaíso. Ahí, se indicó que la audiencia tuvo relación con el proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas de transporte, aprobado por la Cámara y que ahora se encuentra en tramitación en el Senado.

Pero Godoy no es el único. Son varios los parlamentarios que, luego de dejar su cargo en el Congreso, han concretado audiencias registrándose como lobbista o gestor de interés particular. La ley de lobby, promulgada en 2014, distingue entre quienes se dedican al lobby de manera remunerada (lobbistas) como el caso de Godoy, y los que no (gestores de intereses particulares).

Quien también registra audiencias por lobby es el ex diputado Aldo Cornejo (DC), quien dejó el  Congreso en marzo de 2018. Son en total 11 las reuniones inscritas en el portal Info Lobby, nueve en calidad de gestor de interés particular y dos como lobbista. La primera de estas dos últimas audiencias, en que se dejó constancia que se recibió al ex presidente de la Cámara como lobbista, se efectuó el 11 de diciembre de 2018, y fue una audiencia con Ruth Israel, abogada procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Sobre su registro como lobista en esa reunión, Cornejo señaló a La Tercera PM: "He hablado con ella a lo menos en tres o cuatro oportunidades y la última vez que tuvimos una reunión me pidieron que lo hiciera por ley de lobby pero es porque yo soy copatrocinante de una causa que tengo con el CDE por temas ambientales". En ese caso, entonces, Cornejo agrega que fue un error que lo hayan inscrito como "lobista" ya que no estaba representando a nadie que lo haya remunerado por sus servicios.

La otra reunión de Cornejo fue el 31 de enero. Ese día se reunió con el ahora ex subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, para, según consta en el registro público, la "presentación como nuevo asesor de SONAPESCA, (que) solicita información sobre la agenda legislativa 2019". La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) es la federación gremial que reúne a las principales pesqueras industriales pero Cornejo dice que no es ni fue asesor del gremio ni que recibe remuneración de esa institución. "Conozco al actual presidente de ese gremio, Osciel Velásquez, porque es militante DC. Y en algún minuto, le conté que conocía a Eduardo (Riquelme) y que lo podía ayudar", comentó Cornejo sobre la reunión. Agregó que, como en la anterior, en el registro de esta audiencia como lobbista, también hubo un "error".

Sin embargo, Riquelme, consultado por este medio, señala que tuvo varias reuniones con el presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez, y también con Felipe del Solar, miembro de la empresa de lobby, Extend, que trabaja para el gremio. El ahora exsubsecretario agrega que fue Cornejo quien solicitó la reunión, que se presentó como asesor de Sonapesca y que lo hizo "para seguir en contacto para las modicaciones de la ley de pesca". Sin embargo, el exdiputado DC no registra más reuniones como asesor de Sonapesca.

En noviembre del año pasado, el ex diputado, Ricardo Rincón, reapareció en la Cámara luego de no repostular a su cargo en 2017 y ser expulsado de la DC tras una denuncia por violencia intrafamiliar que se conoció en 2016.

En esa ocasión, y para sorpresa de varios de los diputados presentes, Rincón participó de la comisión de Constitución de la Cámara para intervenir en un proyecto de ley que reforma la ley de notarios. Ahí, señaló que lo hacía a título personal y no en representación de los notarios, algo que reafirmó la propia Asociación de Notarios y Conservadores a La Tercera en noviembre.

Hoy, en tanto, el exparlamentario registra 14 audiencias, todas como gestor de interés particular. La mayoría de esas reuniones, en al menos nueve, Rincón solicitó citas a autoridades a cargo de reparticiones públicas de la región de O'Higgins, la misma que él representó por tres periodos. En diversos medios, el ex diputado señaló que tiene pretensiones senatoriales por esa circunscripción y también que ha recibido ofrecimientos para asumir una candidatura a la gobernación regional de esa región.

Al igual que los tres exparlamentarios señalados anteriormente, el diputado Exequiel Silva (DC) registra audiencias como gestores de intereses particulares.

El tema preocupó al gobierno, a tal punto de incluir indicaciones que modifican la ley de lobby en el proyecto de ley que fortalece la integridad pública, enviado por el Presidente Sebastián Piñera luego de la polémica por el frustrado nombramiento de su hermano, Pablo, como embajador de Chile en Argentina.

El proyecto de ley tiene una serie de indicaciones relativas al periodo de tiempo que debe pasar para que una autoridad (ministro, subsecretario o jefe de servicio) o parlamentarios, realicen lobby o gestión de intereses particulares ante alguna repartición del Estado o el Congreso. El Ejecutivo pide un año como "periodo de enfriamiento", un plazo que ha generado debate en la comisión de gobierno del Senado. De igual forma, el Ejecutivo pide el mismo periodo de enfriamiento para las personas que sean nombradas en ciertos cargos y que hayan realizado lobby en la misma repartición que ocuparán.

"Considero que un año está bien porque no podemos prohibirle que un parlamentario se dedique al lobby, no se le puede inhibir de trabajar después de un cierto tiempo. Por eso se está fijando el mismo periodo de tiempo para todas las autoridades, espero que no se hagan distinciones. Y el criterio que espero que prime es que el plazo de enfriamiento sea el mismo para todos: un año", comenta el senador Pedro Araya (Ind).

Para María Jaraquemada, directora de incidencia de Espacio Público, la legislación chilena está atrasada en esta materia y estima que el plazo debiera ser de dos años. "En la Ocde, no todos los países, pero hay varios que regulan este tema y que van de prohibiciones de uno a cinco años. Es importante este punto porque no solo en el parlamento, sino que, en ministerios y superintendencias, ha habido casos y como se está viendo ahora, de ex autoridades que terminan su cargo y empiezan a ejercer como lobistas de manera inmediata y ahí se privilegian los contactos más que su expertise técnica o profesional", comenta.

Jaraquemada agrega que "si eso no está bien regulado o no hay buena transparencia, a veces puede derivar en tráfico de influencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La ley de lobby intenta que esto esté lo más regulado posible pero hay muchos contactos que no están registrados como pueden ser los whatsapp, correos electrónicos o los llamados, entonces hay un espacio negro donde tu podrías nunca enterarte de los contactos con autoridades".

Por su parte, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Marcelo Drago, defiende el derecho a trabajar de los ex parlamentarios. "El lobby es una actividad legítima, que está amparada en una garantía constitucional, y las restricciones que se pongan tienen que ser bien justificadas. La gente tiene derecho a trabajar, hacer lobby en el Parlamento en un proceso que es bien complejo. Y los que participaron en estos procesos tienen más conocimiento que otros, y eso no tiene nada de malo. No es algo que a priori sea malo ni reprochable. Hay que poner reglas de transparencia al lobby, eso es lo importante, más que poner reglas de prohibiciones", agrega.

*Esta nota fue modificada a las 16:17 horas del jueves 12 de septiembre.