Delegada presidencial del Biobío: “Antes, solo se buscaba solucionar este conflicto con seguridad, y esa debe ser una vía más”

Daniela Dresdner, como buena parte del gobierno –y en especial su partido, Revolución Democrática- se negaba a recurrir al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para frenar la violencia rural que afecta a Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Pero la radicalización del conflicto, que ha visto una serie de atentados y otro tipo de delitos, la obligó a replantear su postura. “Es una demostración de la ineficiencia que ha tenido el gobierno en frenar la violencia y lo ha hecho con más violencia”, decía en noviembre del año pasado.

No es un cambio en el discurso, asegura. Más bien, “es el uso de las distintas herramientas que posee el Estado para detener el problema de seguridad que vive la zona”, explica. Por eso, detalla cómo funcionará el nuevo Plan Buen Vivir, con el que el presidente Boric propone una serie de medidas, entre diálogos, adquisición de tierras para comunidades mapuche y mejoramientos en la infraestructura de las comunas afectadas.

¿Cómo se está coordinando la presencia militar en las provincias de Arauco y Biobío?

Mantuvimos una reunión con el Jefe de la Defensa Nacional para el Biobío, el contraalmirante Jorge Parga; con el Jefe de la Octava Zona de Carabineros, General Juan Pablo Caneo; con el Prefecto de la Provincia de Concepción, José Luis Gallegos; con el Delegado Provincial de Arauco, Humberto Toro y con la Delegada Provincial del Biobío, Paulina Purrán. Con todos ellos, estamos coordinando todo el despliegue para este Estado de Emergencia. También nos reunimos con algunas seremis, para tener las bajadas concretas sobre el Plan Buen Vivir, que es mucho más que solo seguridad.

¿Qué diagnóstico tiene sobre la violencia rural que se vive en la zona?

Este es un conflicto que lleva bastante tiempo y solo ha empeorado, radicalizándose, por lo que la solución no es sencilla y no tiene una sola salida. La verdad es que no es un solo problema, por lo que la solución debe ser integral. Por eso, el Plan Buen Vivir busca soluciones integrales, cuando en otros casos solo se usó la fuerza.

¿Cuáles son los problemas que encierra este conflicto?

Hay muchas situaciones que influyen y se mezclan en este conflicto, que es de carácter reivindicativo: el crimen organizado, el robo de madera y el narcotráfico son algunas de ellas. También está la población que habita el territorio, que está muy preocupada por los temas de seguridad.

Antes de asumir como Delegada Presidencial, usted era muy contraria al Estado de Excepción, ¿qué la hizo cambiar de opinión?

Es que esto no es lo mismo que se había hecho antes, estas son medidas que no solo se centran en los temas de seguridad. Estamos hablando de un potente plan para la restitución de tierras, donde no solo ocuparemos el 100% de los fondos de la Conadi, que en el gobierno pasado no se utilizó, sino que además lo duplicaremos. También habrá una prevalencia en las compras a comunidades y no a familias individuales, lo que representa un cambio de mirada. Y, además, habrá una inversión potente en las comunas que hoy sufren con este conflicto, porque ellas han estado mucho tiempo abandonadas por el Estado.

¿Pero militarizar nuevamente las zonas en conflicto no es una derrota ideológica para el Gobierno?

Nuestra crítica va a que antes, solo se buscaba solucionar este conflicto con seguridad. Para nosotros, esa debe ser una más de las vías para encontrar soluciones. También estamos proponiendo un ministerio de Pueblos Originarios y muchos otros caminos para impulsar el fondo del problema y resolverlo desde la integralidad.

¿Pesó más la realidad, entonces?

Es que nunca hemos descartado utilizar ninguna de las herramientas que posee el Estado de Derecho. Creemos que para poder avanzar en las soluciones de fondo debemos garantizar la seguridad y eso es algo que venimos trabajando desde que comenzamos a gobernar.

¿Influyó usted y el Delegado Presidencial de La Araucanía en la decisión de un Estado de Emergencia, o solo se bajó desde Santiago?

Quienes tenemos el conocimiento territorial somos las personas que estamos acá y eso es algo que sabe el gobierno. Las conversaciones que hemos tenido con la ministra de Interior, con el subsecretario de Interior, y también con el presidente Gabriel Boric, van en la línea del conocimiento territorial. El Presidente Boric ha tenido la valentía de enfrentar el problema con una solución integral, cuando otros solo usaron la fuerza.

¿Por qué era tan difícil decretar el Estado de Excepción, entonces?

No es que haya sido difícil, sino que tenemos varias herramientas, las que hemos estado utilizando. Nunca descartamos alguna y ahora decidimos ocupar el estado de excepción producto del diálogo con el territorio, con las distintas organizaciones, por lo que no es lo mismo decretar un estado de excepción en el vacío, que hacerlo junto con todo un plan.

¿Cómo se desplegarán las fuerzas en la zona?

El uso de la Fuerzas Armadas, el Ejército y la FACH, tienen que ver con garantizar el tránsito en las rutas principales, porque debemos garantizar los distintos suministros, los combustibles, que nadie se quede sin las cosas esenciales para vivir, sobre todo en estos territorios, que han sufrido carencias durante mucho tiempo. Esto no quiere decir que las otras fuerzas de orden público, como Carabineros o la PDI, saldrán de este territorio, sino que harán un trabajo coordinado.

¿No cree que este despliegue entorpecerá el diálogo con las comunidades?

No, porque las puertas del diálogo siguen totalmente abiertas. Dentro del Plan Buen Vivir, una de las medidas es la apertura de los parlamentos territoriales, que levantaremos con ayuda de las Naciones Unidas, bajo una lógica de dar representatividad a las comunidades. Avanzaremos con toda fuerza en ese sentido, pero tampoco podemos dejar de cubrir las necesidades básicas de las personas y los problemas de seguridad son parte de ello.

¿Qué le dicen los alcaldes de esta zona?

Entienden los problemas de seguridad porque los viven día a día, pero también entienden que no basta solo con eso, sino que debe haber medidas integrales, como las que estamos proponiendo.

¿Cuánto influyó la postura del Gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, en tomar esta decisión?

Con el gobernador mantenemos una relación constante. Y como hemos dicho siempre, a nosotros nos gusta recibir las opiniones de los distintos actores territoriales y uno de ellos es él, pero también con los alcaldes, con la Asociación de Municipalidades, con las comunidades, con las organizaciones sociales y gremiales, las empresas… Todas las opiniones son escuchadas para así tomar una decisión y la del gobernador fue una de ellas.

¿Por cuánto esperan extender el Estado de Excepción en la zona?

Como la seguridad no se separa de los otros temas, estamos sujetos a los avances que vayan ocurriendo. Mientras aseguremos que podemos seguir avanzando en diálogos, en restitución de tierras u otras medidas, probablemente las medidas (de seguridad) dejen de ser tan necesarias, pero es algo que debemos ir analizando paso a paso.

¿Hay algún actor que esté fuera de estos diálogos?

Este es un diálogo abierto para todos quienes quieran construir sobre paz y tranquilidad. Queremos que no quepan dudas de que nuestra intención es solucionar los problemas reivindicativos que tenemos con los pueblos originarios, pero eso no nos limita a separar situaciones como crimen organizado u otros tipos de delitos. En ese sentido, amenazar al gobierno es una situación delictual y no merece otra forma de verlo.

¿Es problema de seguridad es delictual o se puede considerar terrorismo?

Respecto a los términos que se han instalado, lo que queremos perseguir profundamente es el crimen organizado. Necesitamos mejorar la legislación frente a estos delitos, la inteligencia de las policías, para avanzar en estos temas. A pesar de que se ocupó bastante la Ley Antiterrorista, hasta la fecha no hemos tenido ninguna condena por esto en las provincias de Arauco o el Biobío, ni le ha entregado capacidades para avanzar legislativamente a los jueces en la materia. Entonces, no funciona como se cree y por eso queremos perseguir el crimen organizado.

Para dejarlo en claro: ¿Héctor Llaitul, la CAM, y las otras organizaciones violentistas están consideradas para el diálogo?

El diálogo está abierto para todos los que quieran dialogar con el Estado. La intención siempre es llegar a acuerdos, a entendernos entre distintas partes, pero si hay quienes no están disponibles para eso, claramente no podremos dialogar con ellos. Esa es la base del diálogo.

¿Qué rol tendrá el nuevo director de la Conadi, Luis Penchuleo, en este diálogo?

Su llegada es muy positiva, creo que hace tiempo estábamos esperando tener una nominación de este tipo, para poder avanzar en la base de las demandas de los pueblos originarios. El comportamiento que ha tenido la Conadi en los años anteriores ha sido realmente negativo para las comunidades, profundizando el problema en vez de solucionarlo. Por eso, la llegada del nuevo director es una muy buena noticia.

¿Cómo sigue ahora el gobierno?

En lo que tiene que ver con el estado de excepción, parte inmediatamente con la restitución de tierras. Para eso, el nuevo director de la Conadi y el ministerio de Desarrollo Social ya están trabajando en esto. En ese sentido, las compras de tierras van a comenzar lo más rápido que se pueda, además de resolver los otros terrenos que se están discutiendo, siempre con una priorización por la vía institucional para solucionar estos problemas. También estamos trabajando en el Ministerio de Pueblos Originarios, que es algo que se deberá aprobar legislativamente, pero que estamos proponiendo. Por otro lado, los Parlamentos Territoriales comenzarán en julio, porque también se requieren algunas coordinaciones más con la ONU. Sobre la inversión para el Plan Buen Vivir, que serán fondos específicos para esta zona, ya están puestos a disposición a través de cada ministerio para las comunas.