Derecho a sufragio vs. derecho a la vida: Los nudos por resolver para la votación de los contagiados Covid
Tienen que votar porque la Constitución lo consagra. Pero ese derecho puede chocar con el otro -del mismo calibre- si es que al ejercerlo, salir de casa y desplazarse a sufragar, ponen en riesgo vidas. Esta colisión jurídica y práctica impone una serie de preguntas de compleja solución que tendrán que estar contestadas en el protocolo sanitario definitivo que debe estar zanjado 45 días antes del referéndum, y que primero deben consensuar el Minsal y el Servel.
Es domingo 25 de octubre, toma su carné y parte a su local de votación. En la entrada lo para un militar en traje de camuflaje -o un funcionario del Servel- y le toma la temperatura. Fiebre. ¿Lo puede enviar de vuelta a su casa, o notificar para que le hagan un examen inmediato, e impedirle que vote? Puesto así, no. No solo porque el aparato pueda estar defectuoso o no exista un diagnóstico: sufragar es un derecho que consta en la Constitución. “Nadie puede ser impedido de votar”, sentencia el abogado constitucionalista Gastón Gómez. Pero esa claridad granítica podría entrar en un pantanoso debate ante otro supuesto del mismo ejemplo: que al llegar, el votante ya tenga a cuestas un examen PCR positivo.
“Habría que despejar ese caso, donde uno sabe antes -y no pierde el viaje- que tiene PCR positivo. Probablemente el Minsal deba proponer una decisión con tiempo para que el debate jurídico se haga con tiempo respecto a la situación de esos compatriotas, que espero sean cientos y no miles para entonces. Ahí podría haber una colisión de derechos interesantes, entre el derecho a sufragio y el del derecho de las demás personas a no exponerse a una posibilidad real, objetiva de contagio. No del miedo en genérico. No digo que no tengan que votar, sino que hay que resolverlo con tiempo”, apunta otro constitucionalista, Patricio Zapata, aludiendo al numeral primero del artículo 9 de la Ley de Leyes: “La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.
Este choque de derechos hace más enredado y urgente responder a todas las preguntas que abren éstos y otros escenarios. Es lo que tienen que resolver el Servicio Electoral y el Ministerio de Salud, que han de consensuar lo que será el protocolo sanitario definitivo para el referéndum, y que debe estar listo 45 días antes del 25 de octubre. (Sería el segundo instructivo luego del de fines de julio). Mientras en el Congreso se apura la tramitación de la ley que le entrega facultades al organismo para dictar normas puntuales en estos casos, hacer carne esa frase de “queremos un plebiscito seguro y lo más participativo posible” es más delicado y requiere despejar hasta el último detalle.
Sobre esto han estado conversando la cartera que dirige Enrique Paris y el servicio, sin acuerdo hasta ahora. Lo prioritario es zanjar cómo se habilitará el sufragio de quienes para entonces figuren enfermos, con o sin síntomas. Eso, sin considerar siquiera qué se hará para que también voten seguros quienes están en grupo de riesgo.
El problema con los primeros es evitar que contagien a los vocales de mesa o a otros votantes, más allá de las normas de distanciamiento, limpieza, y sanitización de los recintos. Con los segundos, la cuestión es que ellos no se contagien. En el Servel asumen que por lógica deberán acudir en horarios distintos y segregados, pero aún no se zanja si unos irán en la mañana y otros al final del día, o viceversa. Y es probable que se determinen horarios preferentes, pero no exclusivos ni obligatorios.
Ya hay cosas que se han descartado o en vías de. El Minsal propuso al Servel habilitar mesas segregadas solo para los contagiados, y el ministro Paris ya planteó diferenciarlos del resto. También que haya accesos separados por lo mismo. Pero hasta ahora, en el servicio dicen que es impracticable por al menos tres razones. Una, es imposible confeccionar a tiempo un padrón aparte solo para los casos activos, que además ya llegaría tarde y desfasado a todos los locales. Dos, los contagiados quedarían automáticamente identificados, pasando a llevar su privacidad como pacientes. Tres, eso arriesgaría incidentes o episodios de discriminación.
“Hacer mesas especiales podría acarrear un cierto grado de discriminación: ¡Ahí están los enfermos, ahí votan los enfermos, por ahí entran ustedes, los que están contagiados! Conocemos la idiosincrasia lamentable del pueblo chileno, que tiene muchas cosas buenas, pero también algunas malas. Entonces, va a costar”, terció hoy el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría durante la mesa por el plebiscito seguro que integran el gobierno y el Congreso.
De nuevo, colisión de derechos.
¿Instalar señalética especial? Acarrea el mismo problema. Así las cosas, hasta ahora lo claro es que ese día el Minsal dispondrá de sus datos propios para saber cuántos contagiados y quiénes son (con el desfase propio de dicho arqueo), pero se ve difícil que esa herramienta se pueda aplicar para segregar votantes.
En tales condiciones, tanto entendidos en el proceso como en el Servel anticipan que, el 25 de octubre es bien probable que nadie sepa ahí mismo quiénes están votando contagiados. ¿Vocales de mesa? No está decidido hasta que no se publique el protocolo, pero en el servicio ya tienen acuerdo para que uno se pueda excusar si pertenece a un grupo de riesgo.
Hasta ayer en la tarde las cifras estaban dando argumentos a favor de que voten las y los contagiados. Los casos activos totales están un poco por debajo de los 17 mil. Eso, calculan en el Servel, da un promedio de menos de una persona por mesa de votación (hay alrededor de 50 mil). Queda todavía un posible rebrote producto del levantamiento de cuarentenas, pero también algo de tiempo para contenerlo. Como sea, en frío algunos entendidos estiman que con hasta 5 mil casos activos, esto podría manejarse.
Presión por voto postal
Pero incluso con las cifras actuales el asunto es problemático, y el mismo Servel -que tiene consejo directivo esta tarde- podría terminar encarando un debate que todos creían descartado por poco confiable y sin consenso: habilitar el voto postal solo para los contagiados. Sería una solución excepcional para que puedan votar sin exponer a más gente en el trayecto a local y ya votando en él. La presión ya comenzó desde los parlamentarios.
“Soy partidario del voto postal solo y exclusivamente para aquellos casos de Covid positivo que son potenciales contaminantes. El derecho a sufragio es inalienable, pero la presencia física rompe la cuarentena y generará temor al contagio en los locales de votación. Es ilusorio tener mesas covid segregradas y lo es también impedir que voten los casos activos. La única forma de solucionar esta colisión de derechos es habilitar esta modalidad para esas 16 mil personas”, apunta el diputado PS Juan Luis Castro. Pide algo parecido a “un sistema remoto”, pero en otro tono, el Evópoli Luciano Cruz-Coke: “Me parece tremendo que contagiados puedan ir a votar”.
El voto postal también se lo planteó al Servel el Colegio Médico -el lunes se reunieron por cerca de dos horas, a contar de las 18:30-, además de ampliar espacios de votación. La directiva gremial que preside Izkia Siches (que apoyará al servicio comunicacionalmente en esto) es partidaria de que se vote en dos días, opción ya descartada.
En el Servel han sido tenazmente opositores al voto por correo y más al voto por internet. Santamaría admite que “vamos a tener que abordar muchos temas por las facultades que nos están entregando, y seguramente este tema va a salir; queremos tomarlo con calma y con prudencia”, pero sentencia desde ya que “en Chile, la Constitución establece que el voto es secreto, y el voto postal no lo es”.
¿Se puede reabrir esa ventana dado la excepción y la prisa? “Habría que modificar la Constitución, eso tienen que verlo los poderes colegisladores. La premisa clara es que hay una colisión de derechos, el de la vida y la salud, y el de sufragio y derecho a participar en un proceso constituyente”, dice. Y apunta que “como Servel tenemos que defender el derecho a sufragio; la jurisprudencia nos dice que cuando hay colisión de derechos no es posible proteger uno sin proteger al otro, así que hay que buscar una manera inteligente y equilibrada que permita el ejercicio de ambos”.
Santamaría recalca que es “una decisión compleja y por eso estamos abiertos e escuchar a expertos”. Pero también afirma que -salvo la primera vuelta municipal francesa- “hasta ahora las elecciones en el extranjero no han acarreado un aumento mayor de contagios”, y que han operado criterios opuestos. En España no dejaron votar a los contagiados en el País Vasco y Galicia, dice, mientras que en República Dominicana votaron en mesas comunes y corrientes.
A todo lo anterior se suma otra incógnita. Si hay comunas en cuarentena ese día, ¿habrá que sacar un permiso en comisaría virtual para hacer valer el derecho constitucional de ir a votar? Gómez ya dijo una vez que sería -por lo bajo- una anomalía jurídica.
Eso está por zanjarse. De momento, el proyecto de ley que otorga facultades al Servel establece -aún no se termina de tramitar- que “en ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización del plebiscito”. En el papel, eso implicaría que, o se levanta la cuarentena ese día, o se pide salvoconducto.
Zapata, reflexionando sobre esto, hacer ver que hay que ocuparse de estas preocupaciones, pero advierte que “si quieres que haya una elección, si quieres que haya una alta participación, te pondrás en modo de arreglar estos problemas. Si, en cambio, estás en la estrategia de instalar sospechas, dudas y miedo, te pondrás en modo que cunda el pánico”.
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