Derechos humanos en Xinjiang: el informe que pone a prueba a Bachelet al fin de su mandato en la ONU

Cuando un comité de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que existían “informes creíbles” sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de China en contra de los uigures, cuatro años atrás, agrupaciones de la sociedad civil celebraron el comienzo de una investigación formal. Este jueves, esa esperanza volvió a remecerse cuando Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los DD.HH., afirmó que necesitaba más tiempo para integrar y discutir nueva información relacionada con su viaje al país oriental y el diálogo con sus autoridades.

Durante su última conferencia de prensa al mando del organismo internacional, la exmandataria chilena dijo que se está “esforzando mucho para cumplir con lo que prometí”, en referencia a la entrega del informe previo a su salida del cargo, el que se concretará el miércoles 31 de agosto.

Las acusaciones al gigante asiático refieren a la reclusión forzada por razones políticas y religiosas –según los denunciantes– de más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas en la región de Xinjiang, al noroeste de China. Personas que luego serían internadas en campamentos extrajudiciales para su “reeducación” bajo la cultura y tradición del país.

“He recibido tremendas presiones para que publique o no, pero no retendré la publicación debido a dichas amenazas”, dijo Bachelet en el punto de prensa a los reporteros en Ginebra, resaltando la importancia que suscita la entrega del informe.

La supuesta falta de firmeza a la hora de criticar lo ocurrido en China por parte de la alta comisionada fue reiterada este jueves por Sophie Richardson, directora de China de Human Rights Watch, quien dijo a Reuters que la respuesta de Bachelet fue “lamentablemente inadecuada”, considerando la magnitud de la acusación.

Por otro lado, la embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Michele Taylor, se sumó a los cuestionamientos por el aparente retraso en la publicación del informe, al comentar que “el mundo merece un relato independiente y honesto”, consignó la misma agencia de noticias.

“Tenía toda la intención de que se publicara antes del final de mi mandato, y lo estamos intentando”, fueron las palabras de la expresidenta chilena. En respuesta, el director de Human Rights Watch en Ginebra, John Fisher, la interpeló directamente. “¡Esfuércese más! Cualquier otra cosa sería una vergüenza para su oficina y una traición a las víctimas”, dijo en duros términos a través de Twitter, luego del discurso entregado este jueves por la alta comisionada.

Sin embargo, las presiones no solo llegan desde estas agrupaciones. En julio de este año, Reuters informó que el propio gobierno de Xi Jinping estaba intentando enterrar la publicación del informe sobre violaciones a los derechos humanos. Acción realizada a través de una carta a la que la agencia tuvo acceso y que fue confirmada por diplomáticos de tres países que también la recibieron.

En dicha misiva, Beijing expresó una “grave preocupación” por el informe de Xinjiang, expresando abiertamente su contrariedad frente al eventual efecto de su publicación. Según China, “si se publica (el informe sobre Xinjiang), intensificará la politización y la confrontación de bloques en el ámbito de los derechos humanos, socavará la credibilidad de la OACDH (Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos) y perjudicará la cooperación entre la OACDH y los Estados miembros”.

“Instamos encarecidamente a la señora alta comisionada a que no publique dicha evaluación”, agregaban en la carta. Durante la conferencia de este jueves, Bachelet confirmó que había recibido el mensaje, que fue firmado por otros 40 Estados, para luego asegurar que no caerían ante tal presión.

El atraso de cerca de un año en la difusión del informe, explicó Bachelet, se debería a que enviaron sus “hallazgos” a China y estos habrían devuelto “aportes sustanciales” sobre la investigación, relató VOA News, lo que se enmarca en su polémico viaje al país asiático en mayo de este año, debido a las restricciones impuestas por Beijing.

“Nuestra preocupación es que mientras más tiempo pase sin que se publique el informe, es más probable que se blanquee”, dijo a Reuters la directora de la Red de Defensores de los Derechos Humanos de China, Renee Xia.

En conversación con CNN, el exfiscal de crímenes de guerra y embajador general de EE.UU. para Justicia Penal Global, Stephen Rapp, dijo que esto es “claramente un caso atípico (…), y eso es un reflejo no de la evidencia presentada, sino del poder político de China”.

Para Rapp, esto se demuestra en que “hay muchas más pruebas creíbles de las necesarias para justificar una investigación sobre derechos humanos (...) y (las pruebas) son más sólidas que en múltiples situaciones en las que ha habido votos abrumadores para establecer comisiones de investigación”, añadió.

Si bien aún no se define un sucesor, Bachelet finalizará la próxima semana su gestión a cargo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, labor iniciada en septiembre de 2018 y que se ha visto enlodada en los últimos meses debido al atraso en la entrega del informe sobre posibles violaciones a los derechos humanos en China.

De hecho, CNN aseguró que el informe en sí parece estar “empantanado” en la revisión, luego de lo que ya han sido meses de retraso, tras destacar que Bachelet dijo este jueves que su oficina estaba “tratando” de publicarlo antes del final de su mandato, el 31 de agosto, como prometió en junio. “Un informe largamente esperado de la ONU sobre Xinjiang puede retrasarse aún más, estancando lo que se considera una oportunidad crítica para pedir cuentas a China”, insistió la cadena estadounidense.