Desde denuncias contra el Estado hasta seguros sin cobertura: la teleserie sin fin tras los socavones en Viña del Mar

A raíz de los dos socavones registrados en las dunas de Viña del Mar durante agosto y septiembre, los que obligaron la evacuación preventiva de cuatro edificios aledaños (Kandinsky, torres A y B de Miramar Reñaca y Santorini Norte), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y el abogado Guillermo Claviere han presentado las primeras acciones judiciales para determinar hechos y responsabilidades, tanto por el daño ambiental presuntamente generado, como por la amenaza que implica para los inmuebles su proximidad a ambos deslizamientos.

Asimismo, las comunidades de copropietarios evalúan otras acciones, entre demandas en contra del Estado y las aseguradoras, sobre todo considerando que al menos en el caso de Miramar Reñaca la póliza de la compañía Mapfre no cubre socavones.

El contrato entre la aseguradora y la comunidad de dicho edificio, al que tuvo acceso La Tercera, tiene una prima anual de $18 millones y cubre “riesgos de la naturaleza” como “avalanchas, aluviones y deslizamientos”, pero no socavones generados por la rotura de un colector de aguas lluvias, cuya mantención estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según fuentes vinculada al caso, la comunidad de copropietarios ya informó del siniestro a la compañía, que tiene entre 30 y 120 días para responder si cubrirá o no los perjuicios asociados a la emergencia. En la póliza sí se establece que “si como consecuencia de un siniestro amparado el inmueble asegurado sufre daños que impliquen la inhabitabilidad total del edificio, la compañía indemnizará la pérdida de ingresos dejados de percibir por el asegurado, por un periodo de hasta tres meses, por el concepto de cuotas de administración o gastos comunes cuando los propietarios y/o residentes hayan dejado de pagar dicha cuota”.

En consecuencia, la colectividad evalúa acciones indemnizatorias contra el MOP y la aseguradora. Contra el Estado, primero, para comprobar el daño generado, y contra Mapfre, después, para conseguir -con esa prueba- algún tipo de compensación.

Al respecto, el abogado de las inmobiliarias en la zona, Rodrigo Andreucci, explica que el 17 de agosto entró en vigencia la Ley 21.595, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, cuyo artículo 60 “expresamente señala que se aplica de inmediato a las personas naturales”, es decir, “a la ministra del MOP (Jessica López) como jefa superior del servicio, por los daños que ha causado el ministerio a los copropietarios de los cuatro edificios que enfrentan los socavones, e incluso a los comerciantes que están en el camino costero. Personalmente, creo que existen antecedentes que pueden arriesgar penalmente a la ministra”.

Por otro lado, la dirección regional de Valparaíso de Sernapesca presentó una denuncia en la Fiscalía Local de Viña del Mar contra quienes resulten responsables por “la afectación a especies hidrobiológicas producto del deslizamiento de arena dunar, hechos acontecidos entre el 10 y 12 de agosto y el 11 de septiembre de 2023, en el sector Cochoa, límite con el campo dunar entre Viña del Mar y Concón”.

Cristián Andrade, fiscal a cargo de la indagatoria, ordenó diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bidema) de la PDI. La causa se encuentra vigente, en etapa investigativa y desformalizada a la fecha, y es la única que tramita el Ministerio Público, por ahora, relativa a los incidentes en las dunas.

La Unidad de Comunicaciones de Sernapesca explicó que la dirección regional interpuso la denuncia “a solicitud del Sindicato de Pescadores que tiene área de manejo en el sector de Montemar, por posible afectación a los recursos hidrobiológicos de la zona. Hasta el momento no se han detectado daños, pero se presentó la denuncia para que el Ministerio Público pueda realizar las pericias correspondientes”.

Por su parte, el abogado Guillermo Claviere presentó independientemente el 20 de septiembre la primera denuncia en contra del Fisco (dirigida al abogado del CDE Michael Wilkendorf) asociada a los dos socavones en las dunas de Cochoa, por “la grave amenaza de ruina y peligro” que significan ambos deslizamientos para los edificios Kandinsky, torres A y B del Miramar Reñaca y Santorini Norte, y para la estructura vial de la zona, cuyo riesgo de grave daño es “inminente” en el corto plazo y “ya ha comenzado a manifestarse de forma evidente”, según dice el requerimiento.

En esta acción no indemnizatoria, enviada al 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, Claviere pide “la inmediata enmienda o afianzamiento de la obra en cuestión mediante la ejecución de las obras que sean necesarias, todo ello a costa del Fisco de Chile, más las costas de la causa”.

Pero no lo es todo. Y es que en una reunión celebrada el viernes pasado y solicitada por Ley de Lobby, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, pidió a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), autodenunciar al municipio ante el Ministerio Público para que investigue el otorgamiento de permisos de obras “contrarios a derecho” en el campo dunar.

Durante la cita, Herman aseguró que el MOP no tiene responsabilidad en el origen de los socavones, y que los privados habrían violado la normativa para construir los edificios en altura, cuando -considerando la pendiente que tiene el campo dunar- el Plan Regulador Comunal solo permitiría torres “escalonadas” o “aterrazadas”.

Consultado al respecto, el municipio viñamarino informó que está recolectando “toda la información necesaria para concretar diversas acciones judiciales, de carácter ambiental, civil y penal”.