Día clave en el CDE: Comité Penal decide este jueves si se querella por traspasos irregulares a fundaciones

Tras encender sus alarmas y levantar antecedentes en nueve de las regiones donde se indagan presuntos delitos derivados del traspaso de fondos desde organismos estatales a fundaciones privadas, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presidido por María Inés Horvitz, definirá este jueves 10 de agosto si se hacen parte como querellantes.

Como pudo constatar La Tercera, a partir de las 15 horas de mañana, Horvitz y los dos consejeros integrantes de la instancia, Alberto Espina y Daniel Martorell, analizarán los detalles recopilados por los profesionales y, en concreto, se pronunciarán sobre la presentación de cinco querellas.

De ellas, una dice relación con los tres cuestionados convenios que mantuvo la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, y que implicaron tres traspasos por un total de $426 millones. Y es que aunque la cartera ya dictó las resoluciones que obligan a la entidad liderara por Daniel Andrade a devolver casi la totalidad de los recursos, debido a que destinaron parte de ellos cuestiones que no correspondía, se investigan delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Asimismo, los tres consejeros estudiarán hacerse parte en la indagación contra Kimün, fundación que estaba integrada por Diego Ancalao y que suscribió convenios por $1.200 millones con la Gobernación Regional de Los Lagos.

Frente a la determinación que había adoptado el Comité Penal respecto de pedir a un equipo especializado de abogados agrupar los antecedentes que fueran relevantes de los casos en cuestión, el presidente del CDE, Raúl Letelier, había sostenido hace algunas semanas que sólo así podrían tomar una decisión fundada al respecto.

“El CDE comprende la relevancia que estos casos tienen para la ciudadanía, en su confianza en las instituciones y en la capacidad de funcionamiento del Estado. Con todo, la autonomía y el carácter técnico con que el Consejo evalúa los fundamentos y la oportunidad de sus actuaciones constituyen elementos esenciales para nuestro desempeño. El tiempo que esta institución debe destinar al estudio acabado de hechos, que puedan revestir el carácter de delito, resulta absolutamente necesario para arribar a la convicción jurídica que requiere la interposición de una querella criminal. Imputar a alguien la comisión de un delito es una cuestión tremendamente seria y trascendente que exige reflexión y requiere contar con antecedentes completos, claros y fidedignos”, añadió el abogado en dicha oportunidad.

La determinación del Comité Penal, tal como han sostenido desde el CDE, se dará luego de que el organismo ya emprendiera, el pasado 27 de julio, acciones preventivas en este caso.

Y es que en dicha fecha se solicitó al Primer Juzgado Civil de Antofagasta decretar la medida prejudicial precautoria de retención de los dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación Democracia Viva, una de las 36 ONG investigadas en medio de este caso.

De acuerdo con lo detallado en esa oportunidad, la solicitud tuvo su origen “en el incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la mencionada fundación en virtud de tres convenios celebrados con la Seremi de Vivienda, mediante los cuales le fueron transferidos $ 426 millones para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en campamentos. De esta forma, y como consecuencia del término anticipado de estos convenios, la fundación se encuentra en la obligación de restituir los montos no rendidos”.

De esta forma, una vez que se defina si se presentarán o no las querellas antes mencionadas, el CDE podría solicitar una serie de nuevas diligencias en estas causas. Esto, como se ha dicho, a fin de que se persigan las responsabilidades que correspondan y se recuperen los dineros que se requieran.