Diputados tienen hasta 13 asesores y contratan concejales: Se abre debate por uso de asignaciones tras rebaja de dietas

La próxima semana, la bancada de diputados de la UDI pedirá al ministro Segpres, Claudio Alvarado, que le ponga urgencia al proyecto que busca la rebaja de las asignaciones parlamentarias.

El tema se ha vuelto prioridad para los parlamentarios gremialistas desde la tramitación del proyecto de rebaja de la dieta parlamentaria, que el Consejo de Alta Dirección Pública fijó esta semana en un 25% menos (pasó de $9.349.853 a $7.012.390). Los diputados han insistido en que el recorte debe aplicarse también en los fondos que mensualmente otorga el Congreso para cada legislador para solventar el pago de asesores, sedes y traslados. Estos actualmente ascienden a 11 millones para cada diputado y 23 millones por cada senador.

“Es importante que, si va a haber una señal del Parlamento, sea también de nuestras asignaciones. Cada uno tendrá que ver cómo organiza sus asignaciones. Yo lamento que el Partido Comunista y Frente Amplio se hayan negado a aprobar la rebaja en las asignaciones y creo que es importante analizar este tema”, comenta el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

La indicación presentada por la UDI en la tramitación de la rebaja de la dieta fue rechazada y resistida por las asociaciones de funcionarios del Congreso, que acusaron que la medida implicaría sobre mil despidos en el Parlamento.

En el proyecto del ley que busca el respaldo del Ejecutivo, la UDI acusa directamente el uso de los fondos de asignaciones para el pago de operadores políticos.

“Si bien las asignaciones están destinadas a financiar todas las actividades desarrolladas por parlamentarios en el estricto cumplimiento de sus funciones y atribuciones, incluyéndose dentro de estas actividades propias de la labor del cargo, sabemos que las mismas han sido objeto de un mal uso, que ha permitido el financiamiento de contratación de operadores políticos y amigos, como también para el subsidio de actividad política”, dice el texto del proyecto de ley.

El uso de los fondos de asignación varía según cada parlamentario que decide con autonomía a quién contrata como asesores y cuántos profesionales de apoyo tendrá en su función. Así, hay parlamentarios como el diputado Gabriel Silber de la DC que en Transparencia Activa registra 13 asesores con un sueldo promedio de $607.658; otros, como el diputado UDI Patricio Melero y el independiente Pepe Auth, tienen concejales en su staff de asesores; mientras el diputado de Evópoli Luciano Cruz Coke tiene su equipo acotado a seis personas con un sueldo promedio de $1.178.940. (ver infografía)

Las reglas del juego para el uso de asignaciones las establece desde julio de 2010 el consejo de asignaciones parlamentarias. En sus distintas resoluciones establece un marco general para la contratación de personal de apoyo. Allí señala, por ejemplo que queda prohibida la contratación de “funcionarios públicos, lobistas o gestores de intereses particulares registrados como tales en alguno de los registros a que se refiere el numeral 4 del artículo 7° de la Ley N° 20.730, en relación con el artículo 9° del Reglamento de Lobby del Senado y de la Cámara”, dice la resolución del Consejo.

También se prohíbe “la contratación de personas que declaren candidaturas a cargos de elección popular...” y que “con cargo a las asignaciones parlamentarias se financien actividades electorales o de campaña, toda vez que ellas escapan a la función parlamentaria”.

Un abogado de la Cámara explica que la contratación de concejales queda en una zona intermedia, pues la norma permite su contratación mientras están en el ejercicio del cargo, mas no cuando son candidatos.

En mayo, la Cámara hizo público el informe anual del Comité de Auditoría Parlamentaria que revisa el uso de gastos en asignaciones de los parlamentarios. Las observaciones resultaron acotadas.

“Conviene reiterar que, del resultado de los trabajos de auditoría efectuados en el periodo a que alude el presente reporte, aparece que el uso de los recursos públicos asignados para el cumplimiento de la función parlamentaria, en general, se ha ajustado a lo establecido en la normativa establecida al efecto por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, amén de la regulación complementaria emitida por las propias Corporaciones, sin perjuicio de haberse constatado algunas debilidades, especialmente en materia de control interno, para las cuales se han formulado diversas recomendaciones, a objeto de propender al mejoramiento de los procesos de gasto y rendición de tales recursos”, dice el texto final.

No obstante a lo largo del estudio hace observaciones en algunos ítems. En un pasaje, por ejemplo, señala: “En lo que se refiere a la existencia de líneas telefónicas móviles asignadas a personas sin vínculo contractual con la Corporación, así como de líneas celulares asignadas a personal contratado como Personal de Apoyo de un Comité Parlamentario, pero financiadas con cargo al ítem de un Diputado, lo cual tampoco se condice con la regulación vigente. Conforme lo expuesto, la auditoría concluyó un razonable cumplimiento de la normativa vigente en el periodo auditado, toda vez que solo se generaron observaciones para el 9,7% de los Diputados sujetos a revisión y ningún Comité”.

La auditoría anual también consideró la contratación de asesores externos entre el periodo comprendido entre enero y junio de 2019, y se desarrolló entre los meses de septiembre de ese año y marzo de 2020 por un monto de $161 millones.

“Sobre el resultado, la auditoría se cerró sin objeciones que constituyen el 98% de los que registraban gastos de Asesorías Externas en el periodo en revisión. En cuanto al caso restante, que representa el 2%, el Comité formuló una observación o reparo, al constatar hechos no ajustados a la normativa vigente. Cabe agregar que el Comité recibió respuesta oportuna a la citada observación, es decir, dentro del plazo legal de 30 días y, que conforme el mérito de la misma, fue levantada la objeción, al haberse constatado la regularización de lo observado”.