¿Qué diría Greta? Cinco flancos abiertos del gobierno antes de la COP25

Se encontraron, agradeció su visita y finalmente se saludaron. Hoy, en Nueva York, el Presidente Sebastián Piñera y la activista medioambiental Greta Thunberg tuvieron un fugaz encuentro, fue ahí cuando Piñera le dijo que la están esperando y que es bienvenida en Chile en la próxima COP25.

Pero, quedan 68 días para ese encuentro y son varios los expertos en medio ambiente que ven algunos puntos que el gobierno de Sebastián Piñera, a juicio de ellos, debería solucionar antes de la cita.

Consultados por La Tercera PM, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, Paulina Riquelme, abogada del estudio Eelaw, Cristián Franz, ex superintendente de Medio Ambiente y actual consultor nacional e internacional, Valentina Durán, académica de la Universidad de Chile y directora de Espacio Público, y Jorge Troncoso, ex director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), identificaron cinco flancos abiertos en medio ambiente.

Que Chile aún no firme el Acuerdo de Escazú, según Liberona, Riquelme y Durán, es el principal problema que Chile enfrentará antes de la COP25. Y si bien mañana, en una ceremonia que se realizará en Nueva York, varios países firmarían y ratificarían el Acuerdo, según los últimos dichos del Presidente Sebastián Piñera se ve difícil que Chile finalmente lo suscriba.

"El Acuerdo de Escazú lo firman los presidentes y de manera presencial. Entonces no sabemos qué otra oportunidad tendrá el Presidente Piñera para firmarlo y por lo tanto es improbable que lo haga. Esta no es la COP de Chile, sino que somos los representantes de América Latina y el Caribe, entonces si no firma está en juego su liderazgo en la región", comenta Liberona.

Según Durán, la no firma deja a Chile como un país "incoherente" tanto nacional como internacionalmente en materia medioambiental y más aún antes de la COP25. "El acuerdo de Escazú es el primer flanco. Se firma o no se firma. Admite reserva o no admite reserva. Es una discusión que no es aconsejable, porque en el texto está claro que no admite reserva", comentó Riquelme.

En tanto, consultado por el tema, el ministro subrogante de Medio Ambiente, Felipe Riesco, insistió en los dichos del Mandatario sobre el tema. "El Presidente Piñera ha sido muy claro al respecto: todas las normas que Escazú exige a los países ya están contempladas en nuestra legislación. Chile tiene una legislación y una institucionalidad ambiental muy poderosa al contar con el Ministerio de Medio Ambiente, Tribunales Ambientales, una Superintendencia de Medio Ambiente", comentó Riesco.

Según Riesco, antes de la COP25 se enviará al Congreso el proyecto de ley marco de cambio climático que ya terminó su consulta ciudadana. Un proyecto que "contemplará la meta nacional de ser carbono neutral al 2050 –el primer país en vías de desarrollo en hacerlo por ley- y medidas de adaptación al cambio climático".

La mayoría de los expertos consultados valoran la ley, sin embargo, establecen que debe ser ambiciosa y que tenga herramientas concretas para el combatir el cambio climático. "Es difícil que sea aprobada antes de fin de año y si será una ley sin ambición y que no contenga instrumentos concretos, es un flanco. Además, hay otros proyectos con falta de apoyo en el Congreso, por ejemplo a la ley de protección de humedales, donde parlamentarios se han quejado de la falta de ambición en esta ley", comenta Durán.

En ese sentido, Durán agrega que otro flanco son los recursos que se le darán a la institucionalidad ambiental. "Las competencias que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente no son suficientes y los recursos tampoco, por lo tanto se necesita reforzar este punto".

En la misma línea, Franz señaló: "En un modelo como el nuestro, la mejor expresión de un compromiso real con la protección del medio ambiente se traduce en el dinero que pones como Estado a disposición de la instituciones competentes para hacerse cargo de los problemas medioambientales. Hay una oportunidad a propósito del presupuesto del próximo año, que se está empezando a discutir, para que el gobierno muestre una señal significativa".

"El gobierno debe hacer un esfuerzo por retomar el control de la agenda legislativa en materia ambiental, porque todos los actores del mundo ambiental vemos que hay una gran variedad de proyectos de ley que se están tramitando o que se han anunciado, pero no se ha establecido un orden de prelación o ranking de importancia que pueda dar coherencia a ese conjunto de iniciativas legales", agregó Franz.

Asimismo, Riquelme comenta que hay otros temas pendientes en el Congreso, como por ejemplo la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto de ley de delitos ambientales, el proyecto de ley de glaciares y la reforma al Código de Aguas. "Lo que observo es que en el fondo existe mucho trabajo de difusión y mucho anuncio, pero no se visualiza el trabajo en medidas concretas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos, incluyendo la labor en el Congreso", agrega.

En marzo comenzó a regir un nuevo Plan de Descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví -denominadas como zonas de sacrificio porque existe alta concentración de centrales termoeléctricas de carbón y gas- para así descontaminar la zona en un plazo de tres años. Sin embargo, a juicio de los expertos, esas medidas son insuficientes y ha fallado la comunicación del plan.

"Ese es un flanco abierto que en el fondo tenemos una ciudadanía molesta, porque no comprende bien cuáles son los alcances del nuevo plan de contaminación que es ambicioso y objetivo. Pero no se ha sabido comunicar bien cuáles son las ventajas a los vecinos y tampoco se ha sabido informar bien a la comunidad como interpretar la información en línea de los monitoreos. La comunidad ve los monitoreos en línea y no tiene claro qué significan en el sentido si hay un umbral que se sobrepasa si es contaminación o no y si les afecta a la salud o no", comenta Riquelme.

"Todo ese tema tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, porque nos está diciendo la Corte Suprema que tenemos que mejorar los estándares de acceso a la información porque sin eso, no sabemos cómo tomar las medidas adecuadas para proteger a la población", agrega Durán.

A juicio de Franz, los potenciales nuevos recursos, tienen que ir a las zonas de sacrificio. "Hay que dar un salto en materia de fiscalización ambiental. Tienen que haber más fiscalizadores en Quintero, en Coronel, Tocopilla, etc (...) Van a haber reacciones sociales por este tema, van a haber protestas y manifestaciones, y en ese sentido el gobierno debe salir a dar una señal potente de que esta retórica en el plano internacional tiene su reflejo en el plano nacional y que se traduzca en medidas concretas en el caso de Puchuncaví-Quintero".

Consultado por el tema, el ministro subrogante de Medio Ambiente señala que el gobierno "cumplió con el compromiso de traer el Instituto Noruego de Investigación del Aire (NILU) -el más prestigioso centro de calidad de aire a nivel mundial y laboratorio referente de la Unión Europea-, para, por primera vez en la historia, tomar la «huella digital» del aire que respiran las familias de Concón, Quintero y Puchuncaví, en particular respecto de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) respecto de los que no existían referencias en nuestro país".

La NDC (por sus siglas en inglés) se refiere a la Contribución Nacional Determinada, o sea, el compromiso de cada país para reducir la huella de carbono global. Actualmente, el gobierno afirma que está en "proceso de revisión" para definir la nueva meta de Chile que se actualiza cada cinco años.

"Iniciaremos, en octubre, una consulta ciudadana sobre la actualización de las NDC de Chile", confirmó el ministro (s) de Medio Ambiente, Felipe Riesco.

Sin embargo, para los expertos esto sería difícil de lograr antes de la COP25 ya que para definir la nueva meta se necesita de una consulta ciudadana que aún no se realiza. "Hay un tema de coordinación que uno se puede preguntar cómo se va a hacer más ambiciosa la NDC de aquí a tan poco tiempo si ni siquiera se ha iniciado la discusión", comenta Durán. Asimismo, Liberona señala que el gobierno "está atrasado, no sabemos si van a llegar con la nueva NDC a la COP25. La ministra Schmidt dijo que lo haría en la cumbre, pero eso se ve muy difícil".

Desde el gobierno aclararon que no existe retraso en la meta ya que el Acuerdo de Paris indica que las partes, con metas al 2030, deberán comunicar una NDC actualizada 9 o 12 meses antes de la COP correspondiente y que lo deberán continuar haciendo cada 5 años.

"La descarbonización que anunció el Presidente Piñera en junio, no descarboniza", señala Liberona. Para la directora ejecutiva de la Fundación Terram el anuncio hecho por el Mandatario en su última cuenta pública donde se comprometió a retirar ocho centrales a carbón en un plazo de cinco años y en 2040, la clausura de las restantes termoeléctricas que existen en el país, es "insuficiente".

"No descarboniza porque el cierre de plantas es lento y porque no implica el desmantelamiento de las centrales. Las centrales van a seguir en pie y van a seguir como un respaldo en caso de crisis, algo que se puede entender en un lapso corto de tiempo mientras se afirma la energía renovable, pero eso no está dicho en los acuerdos", agrega Liberona.

Sobre el tema, Troncoso cree que Chile debe hacer, previo a la COP, es "comprometer en su Plan de Acción Nacional, la neutralidad de carbono para antes del 2050, tal como lo han hecho Suecia y Noruega, señalando clara y concretamente las acciones, medidas y exigencias que se establecerán en una agenda específica, que le permita a todas las fuentes de emisión adecuarse rápidamente".

A su vez, Riquelme agrega que para este punto será fundalmental la ley marco de cambio climático que aún no llega al Congreso. "Sobre cómo llegamos a esa meta de descarbonización como país no se ha dicho mucho. Sobre todo qué medidas implementamos y cómo financiamos. Hablamos de quién va a pagar los costos. Efectivamente pueden venir algunos fondos internacionales por algunos proyectos, pero no será en todos".

*Esta nota fue actualizada a las 16:00.