Dirigentes de otros estallidos al micrófono: nueva Constitución y diálogo con organizaciones sociales para destrabar la crisis

Fue en 2006 cuando la llamada "Revolución pingüina" irrumpió en las calles y los colegios, con estudiantes secundarios marchando para lograr una mayor equidad en la educación. El alza del valor de la PSU y la restricción del uso del pase escolar a dos veces al día fueron, entre otros, los motivos que detonaron las movilizaciones y paros de ese año.

Para Karina Delfino, dirigenta de aquel entonces, "la desigualdad que impera en nuestro país no es un hecho novedoso. Eso quedó manifiesto dentro de otros movimientos, también el 2006, porque uno de los principales problemas es que la calidad de la educación depende de la capacidad de pago de los padres". Ahora, explica, esta desigualdad se ve en otras esferas de la vida cotidiana, como el sistema de pensiones o el de salud.

Respecto de los hechos de violencia actuales, los condena: "No es legítimo para poder alcanzar los objetivos como movimiento. Sin embargo, creo que hay algo que es más grave aún, que es la violación a los DD.HH. Tenemos muertos, hay heridos, hay lesiones a los globos oculares. Han sido imágenes muy fuertes que nosotros no habíamos visto en democracia".

Para encontrar una salida a la crisis, Delfino cree que tiene que ser una solución política, llamando a un plebiscito para una nueva Constitución.

No es fácil encontrar otra crisis en el país similar a la actual. Hay que retroceder décadas y adentrarse en otros contextos sociopolíticos y culturales. Sin embargo, a escalas diferentes, han ocurrido algunos estallidos con génesis parecidas, como aquella "Revolución pingüina". Y algunos de sus principales actores entregan su mirada.

En Freirina, Región de Atacama, en 2012 se desató el conflicto social debido a la planta más grande de crianza y faenamiento de cerdos de la empresa Agrosuper. Lo que comenzó como molestia por los malos olores, terminó con el cierre de la granja industrial.

Andrea Cisternas, una de las voceras del movimiento ciudadano, afirma que el estallido social actual era algo que se veía venir. "De hace rato hay muchos lugares de Chile que ya se han levantado socialmente y está en la retina reciente el tema de cómo organizarse como comunidades", afirma.

Respecto ´de situaciones de violencia, como saqueos e incendios, apunta que van hacia símbolos del poder económico, como cadenas de supermercados, farmacias y bancos. No son aleatorios. Opina también que "la violencia la genera el Estado al dividir a las familias de no poder estar con sus niños por la cantidad de horas de trabajo. O la misma salud, en que los papás deben estar a las cinco de la mañana para poder tener una hora al médico".

Además, pide que la gente tenga soberanía de los territorios que habita. "No podemos permitir que se manden proyectos a nivel central cuando ni siquiera ellos saben cómo está el país", dice.

En el valle del Huasco ya se han movilizado y hecho cabildos ciudadanos. Por ello, Cisternas cree que una solución al conflicto vendrá desde abajo: "Habrá un diálogo cuando el gobierno tenga  credibilidad. Esto va a surgir desde los movimientos sociales que ya se están reuniendo y trabajando".

El movimiento social por Aysén, de 2012, significó movilizaciones que se extendieron por más de un mes en la región patagónica. En un lugar tan aislado, en su petitorio de demandas estaba una solución al alto costo de los combustibles, acceso garantizado a la salud, una universidad pública regional, mejoramiento de los accesos, rebaja en el costo de la canasta básica y consideraciones para la particularidad del lugar: por ejemplo, regionalización de los recursos naturales.

Uno de sus líderes fue Julio López, quien entonces era presidente regional de la Agrupacion Nacional de Empleados Fiscales (Anef).

Desde su punto de vista, el conflicto actual puede agudizarse. "Nosotros, como pueblo, tenemos la responsabilidad de pasar a una fase de movilización mucho más intensa, mucho más aguda, en el sentido de que se genere más en la clase política", afirma.

López apunta a que las organizaciones sociales se coordinen. "Si el gobierno quiere evitarlo, lo que tiene que hacer es simplemente abrir los canales políticos y los canales de diálogo para que se instale una asamblea constituyente".