No han sido una ni dos. En La Moneda cuentan -al menos- cuatro oportunidades en las que el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha sido convocado por el Presidente Gabriel Boric o sus equipos más cercanos para apaciguar alguna crisis en estos seis meses que lleva en el cargo. Y el escándalo que atraviesa hoy el oficialismo tras conocerse un presunto caso de corrupción en el esquema de convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda, que involucra más de 14.200.000.000 millones de pesos y es investigado por el Ministerio Público en ocho regiones, no ha sido la excepción.

Esta semana el titular de Justicia se involucró el miércoles en las vocerías del tema, las que hasta ese minuto habían recaído formalmente en Camila Vallejo (Segegob) y Carlos Montes (Vivienda) e informalmente en el ministro Álvaro Elizalde (Segpres). Y Cordero irrumpió en una jornada en que el propio Mandatario había complicado la versión del gobierno respecto de cuándo se enteraron de los antecedentes que destaparon el caso: la existencia de tres convenios por $ 426 millones entre el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, suscritos por el exseremi Carlos Contreras -exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (RD)- y Daniel Andrade, hasta ese entonces, pareja de la misma parlamentaria.

En un viaje a la Región El Maule, el Jefe de Estado fue consultado sobre el punto luego de que el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, instalara un manto de duda respecto de si informó al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, sobre una reunión que sostuvo con Conteras y Andrade en que lo alertaron de lo que se avecinaba y que tuvo lugar el 6 de junio.

En ese sentido, el Mandatario dio a entender que conoció del caso a través del oficio fiscalizador que levantó la diputada ex PDG Yovana Ahumada, el que tiene fecha 7 de junio, es decir, 9 días antes de la publicación del medio regional Timeline. Eso sí, aclaró que “alrededor” de la publicación de esa pieza periodística constató que podían existir irregularidades y ahí tomó las acciones correspondientes.

“Acá el medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio, y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento de que había una investigación, fue un oficio que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior”, dijo el Jefe de Estado.

Y acto seguido, agregó: “En medio de eso me imagino que, no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos y se van a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales que correspondan, y eso le corresponde a la justicia, y las responsabilidades políticas que correspondan”.

Las palabras de Boric fueron mal evaluadas en La Moneda y, por lo mismo, se organizó una salida comunicacional que aclarara la consecución de hechos. Por las implicancias legales que tiene el cuándo una autoridad toma conocimiento de antecedentes constitutivos de delito, puesto que tiene la obligación de denunciar, la confusión generada por el Jefe de Estado no era inocua. Fue ahí que entre los ministros del comité político que se encontraban en Valparaíso y los equipos del Mandatario armaron una puesta en escena para ordenar las versiones. “El indicado, y no había otro, era Cordero”, dicen en La Moneda, donde ya varios lo califican como “el bombero” de los incendios que enfrenta la administración del Presidente Boric.

En un punto de prensa desde el Congreso, fue él quien intentó cerrar el flanco del Presidente explicando que lo que hizo Boric fue una reconstrucción de hechos, y que se enteró alrededor del 16 de junio, al ser alertado por su ministro de Vivienda. El ministro Elizalde (Segpres), también estuvo en el podio y reforzó la vocería, respaldando a Crispi. Esto, luego de que La Tercera publicara que él como subdere validó a la fundación ProCultura para ser susceptible de recibir recursos en el marco de programas del Minvu.

En ese punto de prensa, también estuvo Montes, aunque solo dijo una frase, mientras que el ministro Giorgio Jackson (Mideso) respondió sobre las solicitudes de la oposición para que renuncie.

La ausencia de la ministra Vallejo en el cuadro fue comentada en el Congreso. Esto, porque en otras crisis que ha debido enfrentar el Ejecutivo, la secretaria de Estado tampoco ha tenido un rol activo y han sido otros quienes asumen la primera línea. Además, las declaraciones que había dado ella misma esa mañana en Valparaíso tampoco habían sido bien evaluadas en sectores del gobierno. “El gobierno tomó conocimiento de esto cuando el Ministerio de Vivienda tomó conocimiento de esto”, había sostenido, advirtiendo que “no conozco la fecha exacta”.

Pese a eso, en Palacio ayer informaron que las vocerías serían ordenadas de ahora en adelante por Vallejo y Cordero.

Hace seis meses, cuando el 7 de enero el Jefe de Estado lo llamó para ofrecerle el cargo, el abogado experto en Derecho Administrativo sabía que venía precisamente a contener un flanco profundo que se había infligido el propio Mandatario al indultar a 12 condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. El prontuario previo al 18 de octubre de 2019, que se conoció después y cuánto de eso tuvo a la vista el Presidente al conceder estos beneficios, fue algo que La Moneda nunca aclaró y que terminó con la renuncia de la entonces titular de Justicia, Marcela Ríos, y uno de sus colaboradores más cercanos y otrora jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.

Y pese a que esa grieta sigue pesando en el gobierno, el manejo que tuvo en esa oportunidad el ministro Cordero es destacado por todos en el comité político. Su frase “papelitos primero”, con la que se estrenó en el cargo ante las preguntas de la prensa sobre el otorgamiento de los indultos, ha sido adoptada como un aprendizaje en La Moneda, donde la inexperiencia política ha pasado la cuenta en más de alguna oportunidad, tal como lo ha reconocido el propio Boric.

“Me atengo a lo que ha señalado el ministro Luis Cordero”, ha dicho el Presidente en reiteradas oportunidades cuando se le pregunta de nuevo por esa polémica.

Después de la buena evaluación que hubo del ministro -quien no forma parte del comité político- en la contención de esa crisis, en varias oportunidades se ha invitado al independiente (cercano al Socialismo Democrático) para buscar salidas jurídicas a problemas del gobierno. Así se hizo cuando La Moneda buscaba estrategias para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a devolver millonarios montos a los afiliados.

En esos días, cuando la ministra de Salud, Ximena Aguilera, estaba en entredicho y era acusada de querer hacer un salvataje a las aseguradoras, fue Cordero quien se involucró en asesorar al comité político con salidas jurídicas intermedias que permitieran, por un lado, cumplir el fallo y, por otro, no hacer caer al sistema privado.

El ministro también jugó un rol en apoyar a la jefa del gabinete, Carolina Tohá, en medio del momento más complejo de la crisis de seguridad, cuando tuvieron que negociar en el Congreso la polémica Ley Nain-Retamal.

En esa oportunidad, el ministro acompañó las gestiones políticas, pero también aportó con su mirada jurídica en las fórmulas que se terminaron consensuando, pese a la división entre el propio oficialismo y las críticas de la oposición.