El cuerpo que no logra ser identificado: a 9 meses del incendio de Valparaíso un cadáver aún aguarda por un match de ADN

Han transcurrido más de nueves meses desde el fatal incendio forestal que afectó a la Región de Valparaíso el pasado 2 de febrero, que dejó miles de damnificados y un saldo de 135 fallecidos. Y pese a que el proceso de reconstrucción se encuentra en marcha y que el Servicio Médico Legal (SML) y las instituciones se esmeraron por identificar rápidamente a quienes perdieron la vida producto de las llamas, aún hay una familia que espera por la entrega del cuerpo de su ser querido.

Se trata de reclamaciones que han levantado los parientes de Erick Sandro Maggio Aguirre, fallecido durante el siniestro que afectó al sector de Villa Independencia, en la comuna de Viña del Mar, y cuyos restos, aseguran esos cercanos, permanecen en dependencias del SML de Valparaíso desde el 4 de febrero. En este y otros casos, esos familiares dicen estar seguros que los cuerpos pertenecen a sus cercanos por los lugares en que fueron encontrados, como casas específicas.

Felipe Olea, abogado que representa a la familia y que también tomó el caso de los parientes de Gabriel Enrique Astudillo Astudillo que pasó más de ocho meses sin ser entregado, aseguró a este medio que “de los dos casos pendientes, solo uno ha tenido un resultado feliz: la comprobación de la identidad de don Gabriel Astudillo que permitió su sepultura. Sin embargo, añade, “en el caso de Erick Maggio no fue posible establecer la vinculación genética con su familia, por lo que procederemos a verificar otras diligencias a fin de ratificar su identidad, por ejemplo, contrastando registros dentales que permitan ratificar que las osamentas encontradas corresponden a su persona”.

Una situación que según el abogado no ha sido noticia sencilla para sus representados, “quienes han sumado al dolor de esta tragedia la dificultad de reconocer el cuerpo de su familiar, impidiendo avanzar en su duelo”.

En general, las personas que costó identificar fue porque vivían solas y sus núcleos familiares no existían, por lo que parientes más lejanos fueron los sometidos a las pruebas genéticas, sin éxito inmediato en algunos casos.

Consultados por La Tercera, desde el SML se limitaron a señalar que la identificación ha costado, por lo cual aún se sigue trabajando en ello. Y ejemplifican con el caso de la demora en la entrega del cuerpo de Gabriel Astudillo, donde el servicio señala que su pese a que los familiares lograron reconocerlo como pariente, el trabajo tomó más de la cuenta pues “los familiares más directos de los fallecidos son primos y tías, por lo cual el examen de ADN no supera el 40% de compatibilidad”.

El trabajo no ha sido para nada sencillo. Y es que si bien el servicio comenzó con el levantamiento de cuerpos un par de días posteriores a la emergencia, los equipos regionales necesitaron de refuerzos, pues las labores superaron la capacidad que tenía la oficina regional para realizar las pericias y la entrega de los restos.

Tanto así que las labores fueron reforzadas con la Unidad de Derechos Humanos, que consta de un equipo multidisciplinario con experiencia en el reconocimiento de restos de detenidos desaparecidos de la dictadura y que trabajó en las zonas donde se encontraron restos óseos.

“El proceso de identificación tomó alrededor de un mes y medio. Es importante mencionar que la identificación debe ser realizada científicamente, y gracias a ello se logró corroborar la identidad de 133 de los fallecidos”, mencionó en su momento el director regional del Servicio Médico Legal de Valparaíso, Marcos Faundes.

Pese a que el abogado Olea descarta iniciar acciones legales para agilizar el proceso de identificación del cuerpo, hay otros recursos presentados para obtener indemnización para 89 familiares que están bajo la representación del abogado, las que se encuentran en curso.

Esto luego de que a comienzos de año los familiares ingresaran una solicitud de “medidas prejudiciales” contra el Fisco ante el Juzgado Civil de Valparaíso.

En concreto, la medida busca que el tribunal ordene a los requirentes a entregar una serie de antecedentes a instituciones como Senapred, Conaf, el Gobierno Regional de Valparaíso, la Municipalidad de Viña del Mar, la Municipalidad de Quilpué y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, respecto a los reportes de la emergencia. Por ejemplo, en el caso de la delegación presidencial de Valparaíso se solicitan las bitácoras de los días 2 y 3 de febrero del 2024, la correspondencia electrónica, el registro de comunicaciones, órdenes de mando, entre otros.