El debate sobre la pena de muerte se toma la agenda en Perú (otra vez)

A casi dos meses de que la presidenta Dina Boluarte planteara abrir el debates sobre la pena de muerte para violadores de menores, el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, insistió -a través de una columna publicada en el diario El Comercio- en que tal propuesta fuera sometida a consideración, en momentos en que el país sufre una grave crisis de seguridad.

“La pena de muerte, y esto es una verdad evidente, es uno de esos temas parteaguas en toda sociedad y en toda era, incluso en aquellas que formalmente lo tienen definido. En los hechos el debate nunca acaba y, cada cierto tiempo, ante determinada circunstancia, se reaviva la polémica y se caldean los ánimos. Dependiendo de la sensibilidad y experiencia en cada sociedad, esto puede ser gatillado por una grave incursión terrorista, un magnicidio, un caso de traición de Estado o la ocurrencia de crímenes atroces”, escribió Adrianzén.

“La sensibilidad de la ciudadanía mostrada consistentemente en las encuestas cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de ampliar la pena de muerte para casos de violación sexual de menores, y sobre otros graves crímenes, ha sido siempre y mayoritariamente positiva”, añadió.

“Sin embargo, como indica la prudencia, para tomar decisiones sobre asuntos tan graves, es importante pero no suficiente contar con el respaldo espontáneo de la ciudadanía; también se requiere del debate y la reflexión mesurada, con la participación de, además de la población, la academia, profesionales involucrados en el sistema de justicia, profesionales de otras áreas y, en fin, todos los que pudieran aportar una mirada omnicomprensiva de la materia. Solo así se podrá ponderar las posibilidades jurídicas de su implementación, atendiendo a nuestro marco constitucional”, indicó el premier peruano.

La propuesta de la presidenta Boluarte fue gatillada luego de que el 8 de diciembre pasado el cuerpo de una niña de 12 años fuera encontrado en Villa María del Triunfo, en la provincia de Lima. El hallazgo se realizó tras una llamada sospechosa, que el mismo autor del crimen, Gerson Juárez Tapia, habría realizado.

Și al principio Juárez habría intentado engañar a los familiares de la niña, asegurando que “encontró” el cadáver, terminó confesando el crimen ante la presión de la policía y vecinos. Así, en presencia de todos habría dicho: “Sí, la maté, ya. Ahí está, la maté. Ayúdame, pues, jefe”.

El hombre, de 26 años, se encuentra en prisión preventiva por nueve meses, mientras dure la investigación. La menor había escapado de su casa luego de una discusión familiar, y su cuerpo fue hallado bajo una alfombra en una precaria habitación, cuya foto se divulgó por redes sociales aumentando la conmoción en el país vecino. Según indicaron desde Fiscalía, había rastros de una agresión sexual en el cuerpo de la víctima.

El caso provocó una gran conmoción en el país y en ese contexto Boluarte propuso la pena de muerte para violadores de menores. “Es momento que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas: es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, indicó la mandataria.

El debate ocurre en momentos en que las violaciones han aumentado en el país, según un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público presentado en junio pasado. El reporte señala que el 49,4% de condenados pertenecía al círculo familiar de las víctimas niñas, niños y adolescentes, y que el 100% de los condenados por este delito fueron hombres. Además, precisa que Lima concentra el mayor número de casos de violación sexual, con un 64,9%, mientras que Callao y Junín siguen en la lista, con un 6,9% y 5,4%, respectivamente.

En Perú, la pena de muerte está abolida desde 1979, y solo podría ser restablecida a través de una reforma constitucional que el Congreso tendría que aprobar. Ahora bien, una iniciativa de este tipo choca con los compromisos internacionales de Perú relativos a la defensa de derechos humanos, incluido el Pacto de San José, que prohíbe la pena capital, según destaca la Deutsche Welle.

Distintos expertos cuestionaron que el gobierno de Boluarte continúe intentando abrir un foro sobre la ampliación de la pena capital, cuando hay otros temas más urgentes, como ponerle freno a la ola de criminalidad que sufre el país y denuncias por presunta corrupción en el Ejecutivo que no han sido aclarados.

“No, la pena de muerte no es un tema cerrado. Al menos no lo es en nuestra sociedad. Aquellos que pretenden que así sea, en el fondo, lo que hacen es negarle al ciudadano su libertad de expresión, de información, de participación y, por último, de decisión respecto de los graves asuntos sociales que le involucran y afectan”, remarcó Adrianzén en su columna.

El extitular del Ministerio de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma sostuvo -en conversación con el diario El Comercio- que existe “un error” en el concepto usado por el jefe del gabinete ministerial, al explicar que no se puede hablar de pena, porque en la Constitución este término tiene un “carácter resocializador”. “Aquí sería una condena de muerte, porque se suprime la posibilidad de que, con el tiempo, esa persona puede reintegrarse a la sociedad”, complementó.

García Toma dijo que “resulta extraño” que el Ejecutivo insista con su propuesta para debatir ampliar la pena de muerte, cuando hace un par de semanas el representante de Perú en la ONU votó a favor de suspender esta medida. “En el exterior, el gobierno firma documentos en el cual abogada por la supresión de la pena de muerte, pero en el Perú se abren mesas de diálogo para incrementarla, eso es esquizofrénico”, manifestó.

Juan Jiménez Mayor, exjefe de gabinete ministerial y exministro de Justicia, criticó que Adrianzén, en su artículo de opinión, no haya hecho referencia “al punto de vista jurídico” respecto a la ampliación de la pena de muerte, indicó el diario El Comercio. De acuerdo con la Constitución peruana, esta figura solo se puede aplicar en dos supuestos: traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo.

“Si se hacen consultas a ciudadanos del interior del país, a sectores políticos, probablemente (el Ejecutivo) puede llegar a una conclusión ‘positiva’, pero esto no solo es político, sino también jurídico. Lo sensato para un gobierno serio es que analice el tema de la pena de muerte desde una perspectiva jurídica”, expresó.

Desde la administración de Alejandro Toledo hasta la fecha, diferentes partidos políticos han promovido 22 proyectos para reformar el artículo 140 de la Constitución y extender la pena de muerte para los violadores de niños. De estas iniciativas, solo una provino del Ejecutivo, durante la administración de Alan García (2006-2011).

Entre el 2016 y 2021, cuando el país tuvo a cuatro presidentes, en el Congreso se debatieron seis iniciativas que establecían la pena capital para los violadores de niños.

En diciembre pasado, el Ministerio de Justicia anunció la creación de una comisión especial para evaluar la aplicación de la pena muerte en casos de violación a menores de edad. La comisión estará “encargada de realizar debates públicos a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad”, afirmó la cartera en un comunicado. Las leyes actuales de Perú aplican la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años.

Ese mismo mes, el partido de derecha Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley para que el país abandone la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también conocido como Pacto de San José, para, de este modo, abordar “de forma soberana” la aplicación de la pena de muerte. Desde 1995, el Poder Legislativo rechazó al menos ocho proyectos de ley que buscaban restaurar la pena de muerte.