El “día D” para Gutiérrez en el TC: Debilidad de requerimiento de Chile Vamos echaría abajo petición del cese de su cargo

Nunca, en toda su historia, el Tribunal Constitucional (TC) ha removido a un parlamentario en ejercicio. Esta vez, al parecer, no será la primera vez. Este viernes a las 9:00 horas el pleno del organismo, presidido por María Luisa Brahm, se juntará -de forma extraordinaria- para resolver la petición de algunos parlamentarios de Chile Vamos, que el 22 de enero ingresaron un requerimiento pidiendo el cese del cargo del diputado comunista Hugo Gutiérrez. Desde ya hay voces mayoritarias al interior del organismo que señalan que no se acogería lo solicitado por el oficialismo.

La mecha que encendió la embestida fueron unos dibujos, supuestamente realizados por niños, que el parlamentario difundió a través de su cuenta Twitter, los que se insinuaban un ataque al Presidente Sebastián Piñera. Pero los abogados de Chile Vamos ampliaron su requerimiento con otras opiniones vertidas en esa red social y antecedentes que -a su juicio- “incitaban a la subversión de las instituciones del Estado de Derecho”. Esta última es la exigencia que debe configurarse, detallada en el artículo 60 de la Constitución, para que el TC proceda a remover a un diputado o senador.

Entre los cargos que se le atribuyen a Gutiérrez por parte de Chile Vamos está amenazar en público a un mayor de Carabineros. Es por esto que la situación protagonizada el fin de semana pasado por el diputado comunista agitó las aguas, ya que -en parte- daba mayor credibilidad a la denuncia de su trato a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden. Sin embargo, nada de esto sería suficiente para lograr que el TC lo remueva.

Las otras acusaciones vertidas en los escritos de los abogados que piden su remoción está su supuesta participación en la quema subversiva de un cuartel militar en Iquique, la suscripción a una declaración pública del PC apoyando la paralización del Metro y los dibujos posteados que aluden al Presidente. Pese a esto, y a dos meses y medio que se decretara la apertura de pruebas, el 22 de mayo, los jueces del TC ya tienen -en parte- una postura que favorecería a Gutiérrez. No pocos al interior del organismo plantean que tanto los argumentos jurídicos planteados en el requerimiento de Chile Vamos como los medios de prueba aportados no serían suficientes para derrumbar el alto estándar que impone la ley para proceder al cese del cargo de un congresista electo democráticamente.

Esta semana hubo un intento por que los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez retornaran a la vista de la causa, tras inhabilitarse, el 20 de mayo, de conocer este caso. Esto ya que por esa época Gutiérrez se querelló en contra de ambos jueces por supuestamente realizar actos para retrasar la vista de causas de Derechos Humanos, que hoy investiga la Fiscalía Centro Norte. Sin embargo, el resto de los jueces desechó tal posibilidad, lo que determina que el futuro del congresista está en manos de ocho ministros.

En una prognosis de cómo podría votar cada juez, al interior del TC dicen que podría rechazarse 5 a 3, o incluso 6 a 2.

Los ministros Gonzalo García y María Pía Silva ya marcaron su rechazo a este requerimiento al oponerse cuando se acogió a trámite y también en la apertura de la etapa probatoria. Por lo que se especula que ambos serían de la postura histórica del TC respecto de un criterio restrictivo de interpretación de la causal de cesación en el cargo, toda vez que afecta a autoridades democráticamente electas, lo que obliga al requirente a probar más allá de toda duda razonable que se configura la causal del artículo 60 de la Constitución. En este caso, para estos ministros, ello no sucedería. En una postura similar estarían también la presidenta María Luisa Brahm y los ministros Nelson Pozo y Rodrigo Pica.

Por acoger el requerimiento, dicen fuentes consultadas, podrían inclinarse el ex diputado UDI Cristián Letelier y el ministro Juan José Romero. En duda estaría el voto de Miguel Ángel Fernández, ya que en el pasado -cuando aún no era ministro, hace más de una década- participó como abogado solicitando el cese del cargo del senador Alejandro Navarro, lo que en ese entonces no prosperó. En esa oportunidad se pidió remover al parlamentario por llamar a una Asamblea Constituyente.

Voces al interior del organismo dicen que las principales falencias están en cómo fue presentado el requerimiento y lo que se “probó” durante el proceso. “Si uno lee el requerimiento es como que Hugo Gutiérrez fuera el líder de una insurrección nacional, le atribuyen incitar a la subversión, ser el líder de una quema de un cuartel. Todo esto que estaría liderando lo plantean como una violación a los Derechos Humanos. El tema entonces es que el estándar de prueba para esas imputaciones es muy alto y no se condice con la prueba, que en su grueso es Twitter”, dice uno de los jueces.

Al interior del organismo además hacen ver que si Aróstica y Vásquez no se hubieran inhabilitado de la votación, quizás, el escenario pudo haber sido más estrecho. “Va a quedar como una anécdota pues ni siquiera había causal. Imagina que cada vez que un grupo venga a pedir el cese del cargo de un parlamentario, ese senador o diputado luego se querelle en contra de los jueces menos afines. No tendríamos posibilidad de sesionar”, dice otra fuente consultada.

El proceso finaliza este viernes. Durante todo el desarrollo del proceso, Gutiérrez ha estado en una especie de “rebeldía”, ya que dice no reconocer la autoridad del organismo y por este motivo decidió no defenderse. Es así como sólo la parte acusatoria ha presentado prueba ante el TC, mientras que por el diputado una serie de abogados comunistas han presentado documentos.

Los requirentes, según el expediente digital, aportaron 41 tuits del diputado e imágenes de estos. Entre la prueba -que fue rendida ante los jueces Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández- se leen pantallazos de posteos de Gutiérrez, como uno que dice “la tiranía es la ley y la revolución es orden”, y otro en que señala “Abuelita no anda criticando por redes sociales a los que protestan y se enfrentan a Carabineros” junto a una imagen de una mujer golpeando un carro policial. En dichos medios de prueba, además, se incluyen posteos de videos que muestran a un muñeco que representa al Presidente Piñera siendo quemado en Iquique, y un posteo en que trata al Mandatario de “idiota”.

A esto se sumaron testimonios de autoridades. El 14 de julio testificó el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien apuntó que tras el estallido social él recordaba perfectamente que Gutiérrez había amenazado a un carabinero cuando éste intentaba restablecer el orden público. Respecto a cómo se había enterado de esto, el parlamentario aseguró que fue por Redes Sociales y que fue un hecho público y notorio. Para el senador UDI el que el diputado comunista fuera una autoridad electa no le permitía desobedecer entonces a un funcionario que está cumpliendo con un mandato constitucional, como lo es el resguardo del orden público.

Al probatorio también se allegó el testimonio de la presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien dijo que cuando un parlamentario gana una elección y es líder de su comunidad, el llevar adelante acciones de desobediencia influyen en quienes lo eligieron, por lo que sostuvo que a los congresistas se les debía exigir un comportamiento de mayor estándar.

Otro que tuvo que presentarse fue el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel, quien manifestó, el 27 de julio pasado, que era un hecho público y que constaba con diferentes fuentes de libre acceso que el 11 de agosto del año pasado en una manifestación en la Plaza Prat de Iquique el diputado Gutiérrez se había enfrentado a un mayor de Carabineros.

En el expediente obra además la citación al ministro de Justicia Hernán Larraín, quien al ser interrogado qué sabe sobre este episodio respondió que no tiene conocimientos de amenazas de Gutiérrez a algún funcionario de Carabineros de Chile.