El día que Boric prometió no desalojar sin “solución habitacional”

Fue en junio de 2021, en el marco del debate por las primarias presidenciales, que el entonces diputado Gabriel Boric afirmó que, en un eventual gobierno suyo, “nosotros no vamos a desalojar mediante fuerza pública ocupaciones de terrenos que hoy día son parte del Estado. Respecto a los privados, hay que hacer desalojos que sean conversados, que tengan una solución habitacional”.

Como ha pasado en otras oportunidades, esa promesa de campaña complica al hoy Presidente Gabriel Boric, cuyo gobierno enfrenta la compleja decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que dictaminó que este jueves 27 de febrero se debe iniciar el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, que hoy alberga a más de 11 mil personas y que se extiende por 250 hectáreas.

En el gobierno han señalado que cumplirán con lo emitido desde el Poder Judicial, mientras que en paralelo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se encuentran reunidos hasta el cierre de esta edición con los dueños del terreno ocupado irregularmente. En la cita, el Ejecutivo pondrá sus cartas sobre la mesa y se abordará la alternativa impulsada por el gobierno de que las familias que están en la toma adquieran el lugar por medio de una organización en cooperativas.

A escasos tres días de que llegue la fecha propuesta por la Corte de Apelaciones, los dichos del candidato Boric hoy son citados entre dirigentes oficialistas de la zona, quienes apelan a que el Ejecutivo recuerde la promesa presidencial.

En aquella ocasión el Presidente, al ser consultado por su posición ante el desalojo de terrenos, también respondió que “este tipo de preguntas son tan complejas porque son experiencias de vida que requieren una sensibilidad. Cuando tu desalojas una toma (...), bueno, y a dónde se van. El Estado debe tener un plan de vivienda transitoria para reubicar a estas personas”.

La promesa de Boric también quedó plasmada en su programa de gobierno para las primarias presidenciales, donde se impuso al entonces alcalde de Recoleta y candidato del PC, Daniel Jadue, hoy con arresto domiciliario por el caso Farmacias Populares.

En la página 109 del documento, en el apartado “Plan de radicación y respuesta digna de campamentos”, Boric planteó que en su mandato “no habrá desalojos de terrenos sin solución habitacional para las familias que se encuentren en una toma de terreno y estén constituidas en un campamento. Las familias permanecerán en él hasta que se logre una solución definitiva a su demanda de vivienda o una solución parcial si hay que trasladar el campamento a otro lugar”.

“Si el terreno es privado se seguirán dos vertientes: la primera, acordar con el/los propietarios su compra por parte de los organismos del Estado, que se encargará de crear el Banco de Tierras y, la segunda, si el/los propietarios no quieren vender, se acordará con el/ellos un canon de arriendo que se pagará mensualmente mientras dura la permanencia del campamento en ese terreno, con el compromiso de desocupar al más corto plazo posible”, agregó en el mismo programa como precandidato.

En el caso de la megatoma de San Antonio, y ante la posibilidad de no llegar a un acuerdo con los dueños del terreno, hasta ahora en el gobierno hablan de un “desalojo paulatino” que se iniciará el próximo jueves, con lo que intentan poner paños fríos. Este domingo Luis Cordero, en Agricultura, salió a hablar en esa línea.

“Es una toma que, por su tamaño, no se puede intervenir simplemente. Al ser 10.000 personas, solo imagine la cantidad de fuerza pública que se necesita para eso. Por ello la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su última resolución, si bien ha fijado la fecha para el 27 de febrero, ha señalado que el desalojo debe realizarse de un modo razonable y programado. Es decir, la Corte entiende que no se puede llevar a cabo de inmediato”, dijo el subsecretario.

La presión para que el gobierno de Boric evite el desalojo solo ha ido en aumento a medida que se acerca la fecha de ejecución de la medida judicial. Y los emplazamientos han surgido desde la propia coalición gobernante.

Un ejemplo es el comunicado que emitió este domingo el Partido Comunista de Viña del Mar, que consta de siete puntos. En el comunicado afirman que las tomas son “parte de la historia de las ciudades”, que el “desalojo es una práctica punitiva” que criminaliza “por ocupar terrenos eriazos” y que “el déficit habitacional no se soluciona con el desalojo”.

“Por último, decir que la solución a las tomas no es el desalojo ni la criminalización de las familias. Actualmente el Estado cuenta con la herramienta constitucional de expropiar con fines de utilidad pública”, agregaron en el mismo comunicado. En la colectividad que lidera Lautaro Carmona, uno de los que han jugado un rol para enfrentar el problema que implica la megatoma de San Antonio es el histórico dirigente Miguel Lawner.

“Si el gobierno lleva a cabo el desalojo, nos vamos a defender. Yo voy a estar ahí presente”, dijo a La Tercera el arquitecto PC.

En la misma línea también han salido parlamentarios oficialistas de la zona. El diputado Luis Cuello (PC) dijo a La Tercera que “a mí juicio, es bastante errado desalojar a 10 mil personas, sería un desastre desde el punto de vista humanitario”. “El Minvu ha hecho esfuerzos significativos armando las cooperativas, pero también tiene que dar un paso adelante porque estamos con un reloj que está marcándonos la hora. Ahí hay un trabajo en que Desarrollo Social se tiene que meter para que haya un trabajo más mancomunado en este tema”, agregó el congresista Tomás de Rementería (PS).

El parlamentario por la zona Tomás Lagomarsino (ind. Radical) indicó que “entre el Minvu y el Ministerio del Interior se han tirado la pelota. Falta coordinación ministerial, hacer la pega y que se pueda avanzar en una línea de que el Estado pueda proporcionarles una vivienda, y quienes no sean hábiles en este tema que sean desalojados”.

Representantes de la zona que integran la oposición no han dudado en cargar contra el Ejecutivo ante lo que evalúan como una mala gestión del caso. El diputado Hotuiti Teao afirmó “que el actual gobierno siga mostrando una incapacidad preocupante de resolución”.

Andrés Celis (ind. ex-RN), dijo que “el gobierno de forma informal o formal no ha tenido ninguna conversación ni tampoco nos ha invitado a ninguna reunión o a conversar con ellos”.

El jefe de bancada de los republicanos, Luis Sánchez, mencionó que “creo que el ministro Montes debe venir al Congreso a dar explicaciones porque el problema de la megatoma en San Antonio se repite en muchos otros lugares. En Viña también hay otra toma con orden de desalojo y acá deben existir criterios claros. Si el ministro no da respuestas no veo cómo el Presidente puede seguir manteniéndolo a la fuerza en su cargo”,