El duro debate en el TC por la Ley de Indultos y la rebelión del VAR

Fue un resultado contundente. Así manifiestan al interior del Tribunal Constitucional (TC) lo que ocurrió este lunes en la revisión del requerimiento de senadores de Chile Vamos que buscaba declarar inconstitucional la ley de Indulto Conmutativo promovida por su propio gobierno. Tras dos horas de debate, siete ministros decidieron echar por tierra las pretensiones de los senadores oficialistas que acusaban “discriminación” en la iniciativa legal por excluir a internos que, entre otros, cumplen condena por delitos de lesa humanidad en las cárceles de Punta Peuco y Colina.

En una tramitación cualquiera, tras la decisión del TC se habría procedido a la promulgación inmediata de la ley, permitiendo que 1.300 reos del país salieran de las cárceles a concluir sus condenas bajo arresto domiciliario, como una medida para despoblar las cárceles ante la emergencia sanitaria del Covid-19. Sin embargo, el rechazo del requerimiento de los senadores de RN y la UDI no generó esa consecuencia. Esto porque el lunes por la mañana diputados de los mismos partidos presentaron un segundo requerimiento bajo los mismos argumentos, lo que hubiera dilatado la entrada en vigencia de la ley. Este, finalmente, fue retirado por los propios diputados durante esta mañana.

Pero la tramitación no estuvo exenta de asperezas al interior del Tribunal.

Hoy se realizó un pleno extraordinario en el TC en que se entregó para su estudio el documento de los diputados oficialistas. La sesión estuvo apunto de no realizarse ya que los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez se negaron a asistir, señalando que ayer se debería haber dado cuenta del recurso de los diputados. La presencia del ministro suplente Armando Jaramillo le dio el quórum al TC para poder sesionar.

La idea de la presidenta María Luisa Brahm, y de la mayoría de los ministros, era dar una tramitación exprés, argumentando para ello el estado de excepción que ha generado la pandemia.

Si bien los diputados oficialistas ya anunciaron que retirarán el requerimiento, para dar curso a la promulgación de la ley debe salir primero el fallo del TC. Miguel Ángel Fernández y Gonzalo García trabajan en el voto de mayoría y es probable que lo tengan listo este miércoles, con el sentido de urgencia que busca la presidencia del tribunal. Sin embargo, los disidentes Vásquez, Aróstica y Romero cuentan con los plazos que la propia Constitución les da para redactar su voto de minoría: 10 días, aumentable por otros 10 más desde que se declaró la admisibilidad.

“Como cuestión previa quiero plantear que habrá nulidad si no se revisan los dos requerimientos juntos”, dijo por videoconferencia Iván Aróstica antes de que se abriera el debate tras las audiencias públicas y los alegatos que se había desarrollado ayer en la tarde por el recurso de los senadores RN y UDI contra la ley de Indultos. Juan José Romero, según comentan presentes en la cita a La Tercera PM, secundó la moción del ex presidente del TC.

La idea de los ministros era que la ofensiva de los diputados se acumulara a la de los senadores porque si no -a juicio de ambos- se adelantaría opinión. La posición de ambos fue minoritaria, ya que la mayoría de los jueces cree que el acumular la vista de dos requerimientos es una facultad, mas no una obligación. Se procedió entonces a seguir adelante y a entrar al fondo del asunto.

El primero en hablar, ya que se hace por orden de antigüedad, fue el recién nombrado ministro por la Corte Suprema Rodrigo Pica. Quienes conocieron de los argumentos esbozados en el pleno del TC señalan que el abogado manifestó desde un inicio su posición de rechazo al requerimiento oficialista, basándose para ello en el derecho internacional en materia de sanción efectiva de graves violaciones de derechos humanos, que impedían acoger lo planteado por los parlamentarios. Advirtió que el proyecto del Gobierno se enmarcaba en grupos de riesgo y que no se circunscribía sólo a la edad y enfermedad, sino también a condiciones carcelarias.

Luego fue el turno de Miguel Ángel Fernández y María Pía Silva que con un tono más bajo dijeron que estaban por rechazar en base al derecho internacional y porque la ley puede determinar el alcance del indulto y, a juicio de ambos, los factores de este proyecto eran legítimos.

Entonces fue el turno de José Ignacio Vásquez. Éste, junto a Aróstica y Romero, pertenecen a un grupo que internamente fue denominado “el VAR” en alusión a la polémica tecnología que se ocupa en el fútbol y el juego de palabras que se genera por la primera letra de sus apellidos. Vásquez, según fuentes del TC, entonces dijo que estaba por acoger el requerimiento de los senadores oficialistas, ya que según él la iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera discriminaba a aquellos internos que habían sido exluidos a priori, sin revisar sus casos, teniendo en cuenta que su prisión ponía en riesgo sus vidas ya que el Covid-19 no distinguía entre personas a las que infectaba.

La sorpresa vino cuando el ex diputado UDI y hoy ministro del TC Cristián Letelier -quien en el pasado defendió a un oficial de la DINA en el caso por el magnicidio de Eduardo Frei Montalva- dijo que votaría por rechazar el requerimiento de sus otrora compañeros de labores políticas. A juicio del abogado, el Presidente de la República podía adoptar las medidas que quisiera en estado de excepción.

Luego vino el ministro Nelson Pozo quien reiteró los argumentos en base a que el derecho internacional impide dar beneficios a criminales de lesa humanidad y destacó el carácter excepcional que tenía este indulto. A él le siguió Romero y Aróstica que plantearon argumentos similares al de Vásquez, y el ex presidente del TC reiteró la advertencia: “si no se acogía el requerimiento, todo quedaría nulo”.

El más duro, comentan fuentes al interior del organismo, fue el ministro Gonzalo García. El juez planteó que esto no era siquiera un tema de derechos humanos, sino de reglas de excepción a cumplir penas y que se ajustaba a las facultades del Ejecutivo y Legislativo. Ironizó diciendo que era tautológico ver a violadores de derechos humanos citar un derecho internacional que los tribunales han resuelto obliga a dejarlos en la cárcel.

Cerró el debate la presidenta María Luisa Brahm que apoyó los planteamientos de la mayoría de los ministros que la antecedieron. Fue ahí dónde se selló el destino de la discusión que gran parte de Chile Vamos llevó hasta el TC. ¿Era arbitrario excluir de beneficios a criminales de lesa humanidad? Por 7 a 3, la respuesta del guardián de la Constitución fue que no.

En la Cámara de Diputados, en tanto, fue sorpresiva la decisión de los parlamentarios RN y UDI de retirar el requerimiento que ayer habían ingresado al TC, en el que acusaban dscriminación arbitraria en el proyecto de ley de indulto conmutativo. “El punto político ya está hecho”, aseguraba un parlamentario RN este mediodía.

Según explicó el diputado Luis Pardo (RN) –quien lideró la recolección de firmas para recurrir a ese organismo–, “de perseverar en nuestro requerimiento ante el TC, la promulgación del indulto conmutativo que fue aprobado por este Congreso podría demorarse fácilmente una o dos semanas más. Nosotros, a diferencia de quienes hacen cuestión ideológica de este tema, no queremos tener como rehenes a mujeres embarazadas y a enfermos y otras personas que se benefician con el indulto conmutativo. Por esa razón, por razones estrictamente humanitarias, hemos decidido conjuntamente retirar este requerimiento del TC para que se pueda promulgar prontamente la ley del indulto”.

Desde La Moneda, los ministros Gonzalo Blumel (Interior) y Felipe Ward (Segpres), e incluso el propio Presidente Sebastián Piñera, desplegaron gestiones la noche del lunes y durante la mañana de hoy para intentar que algunos diputados retiraran sus firmas del recurso, lo que no consiguieron. En los contactos con parlamentarios oficialistas, desde el Ejecutivo se les hizo ver que esta ofensiva le generaba un daño al gobierno y que mostraba a una coalición desordenada.

De hecho, se les planteó a algunos diputados de Chile Vamos que ese factor podía ser utilizado por la oposición. Y eso también quedó reflejado en una minuta de contingencia diaria que elabora La Moneda, en la que se plantea que “no se descarta que figuras de la oposición busquen exponer supuestas diferencias en la coalición oficialista y el gobierno considerando: 1) nuevo requerimiento presentado al TC contra proyecto ya despachado de indulto Covid; 2) llamado del ministro de Justicia solicitando que se resuelva a la brevedad para contar con la nueva ley”.

Sin embargo, algunos de los diputados firmantes dicen que su decisión descansaba en “razones humanitarias antes que políticas”. De hecho, explican que fueron las conversaciones que Gendarmería tuvo con varios de ellos las que terminaron por convencerlos.

En ese sentido, explican que en las últimas horas Gendarmería transmitió que existía “mucha preocupación” ante el “alto riesgo” de contagio en algunos de sus centros penitenciarios y, particularmente, cómo esta situación podría afectar a embarazadas y a mujeres que viven con sus hijos menores de dos años en estos recintos. Así, la solicitud de Gendarmería era “ayudar” para que se promulgara “cuanto antes” la ley de indulto conmutativo.