El fallido intento de la fiscal Chong por obtener chats de Manuel Guerra y Luis Hermosilla en imputación contra generales de Carabineros

La formalización por responsabilidad de mando de Carabineros en el estallido social tuvo como consecuencia la salida anticipada del entonces general director de Carabineros Ricardo Yáñez. Y es que la determinación del Ministerio Público de imputar a tres generales por sus conductas “omisivas” -que según los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong permitieron violaciones a los derechos humanos- generó que se activara el denominado “criterio Tohá”, en que ninguna autoridad que depende del ejecutivo puede enfrentar a la justicia en su cargo. Este martes 4 de marzo hay una audiencia clave ya que se discutirá el plazo de esta investigación que tiene sentado en el banquillo de los acusados a dos exgenerales directores de la policía uniformada, ni más ni menos.

Pero antes hay una diligencia que resulta vital, tanto para la fiscal Chong como la querellante, representada por la abogada Karinna Fernández. Y es que en medio de esta investigación por responsabilidades del alto mando de Carabineros tras el 18-O, The Clinic publicó las conversaciones alojadas en el celular del abogado Luis Hermosilla (incautado por el caso Audio) en el que un exfiscal del Ministerio Público, Manuel Guerra, aparece develando información sobre la estrategia que habría adoptado la Fiscalía para perseguir las conductas omisivas que hoy se le atribuyen a los exaltos jefes de Carabinero.

La gran duda, entonces, es si existen más conversaciones en que el otrora persecutor devele información de interés que luego pueda haber sido utilizada por la defensa y los imputados. Esto último teniendo en cuenta que Hermosilla tenía vínculos con los abogados de los otros imputados en esa causa.

Hace algunas semanas, según el escrito al que tuvo acceso La Tercera, la fiscal Chong solicitó poder incautar los chats de Guerra y Hermosilla, que hoy están en poder de la Fiscalía Oriente. Para ello cita esta conversación que fue develada y publicada por The Clinic.

“Las comunicaciones a las cuales requerimos acceder y cuya autorización se solicita, refieren a que el exfiscal regional metropolitano Oriente don Manuel Guerra, según se da cuenta en una publicación del diario The Clinic, habría tenido conversaciones con el abogado señor Luis Hermosilla respecto a reuniones y otros antecedentes reservados de la Fiscalía que dicen relación con hechos de violencia institucional durante el denominado estallido social, y residualmente acerca de los fiscales que llevaban este tipo de causas”, se lee en el escrito.

Junto con esto, se pone a modo de ejemplo este intercambio publicado por The Clinic y que data del 23 de noviembre de 2020, “cuando se desarrollaba una reunión interna de la Fiscalía en que se abordaba la materia referida: violencia institucional durante el estallido social”.

Guerra: Estoy en reunión.

Guerra: Explicando temas relativos a la atribución de responsabilidad de los casos de violencia institucional y responsabilidad penal de los mandos.

Guerra: No llegamos al tema civil.

Hermosilla: Y quién explica?

Guerra: Ymay y unos pendejos engrupidos de la FN.

Guerra: Muchas paja.

Hermosilla: Hay un señor Salazar.

Guerra: Andrés.

Guerra: Pero ese no está en esto.

Hermosilla: Qué van a hacer? Formalizar?

Guerra: No creo.

Guerra: No cortan ni un queque.

Guerra: Están hablando de los pacos.

Guerra: Viendo si formalizan mandos.

Hermosilla: Rozas?

Hermosilla: Yo creo que lo van a hacer.

Guerra: O otros.

En el escrito con el cual Chong buscaba acceder a estos chats también se detalla que “en la publicación Guerra le indicó al abogado Hermosilla por qué no había pruebas para establecer delitos de lesa humanidad en las investigaciones por violencia institucional durante el estallido social y señaló que la responsabilidad de mando no debía extenderse hacia las autoridades civiles”.

A juicio de la jefa de Alta Complejidad, “lo anterior es relevante toda vez que, a la época de esas reuniones y conversación entre los interlocutores ya señalados, el Fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, tenía a su cargo la investigación causa RUC.: 1910055637-8 por el delito de lesa humanidad”.

Agrega que “de este modo, se hace necesario, desde el punto de vista de la investigación, contar con las comunicaciones incautadas en el marco de las investigaciones radicadas en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, de modo de determinar si la comparecencia de autoridades políticas, civiles y de Carabineros en calidad de testigos, los requerimientos de información librados a diversos Ministerios y a Carabineros, y otras diligencias, eventualmente fueron objeto de alteraciones, manipulaciones u otro tipo de intervenciones, como también determinar si las declaraciones vertidas en la presente indagatoria pudieron haber sido previamente comprometidas”.

Pese a todos estos argumentos, la jueza Patricia Ibacache negó la solicitud, pero lo hizo porque entiende que la Fiscalía Centro Norte y la Oriente son de la misma región y no tendrían que tener que andar dándose permiso para acceder a dichas conversaciones.

“Entendiendo el tribunal que el Ministerio Publico esta organizado en una Fiscalía Nacional y en 19 Fiscalías Regionales y que estas últimas solo para fines de organización del trabajo desarrollan sus funciones a través de fiscalías locales, perteneciendo la Fiscalía Centro Norte y Fiscalía Oriente a la misma Fiscalía Regional de Santiago, no ha lugar a la solicitud del Ministerio Publico, por innecesaria, al tratarse de una diligencia interna del Ministerio Publico, respecto de la cual el Tribunal no tiene facultades para autorizarla y menos ordenarla”, se lee en la resolución.

La abogada querellante contra los altos mandos de Carabineros, Karinna Fernández, se manifestó molesta con lo que está ocurriendo tanto en el Ministerio Público, ya que la fiscal Lorena Parra -actual fiscal a cargo de los chats- no quiso pasar la información a Chong sin orden judicial, y también por el rechazo de la diligencia que provocará una dilación del caso.

“Es lamentable que después de tantos años de investigación todas las autoridades que participan de esta investigación no hayan colaborado con la debida diligencia a que la investigación misma se desarrolle entre un plazo razonable, que tiene que además guardar relación también con la debida diligencia en el marco de causas especialmente complejas que son de carácter nacional, que tienen que ver con patrones represivos y de criminalidad y redes de criminalidad además”, dijo.

Junto con esto, expresó que “efectivamente, si bien uno considera que esto puede ser más que una dilación, lo que se considera un nuevo plazo es justamente el reflejo de que la Fiscalía Regional a cargo de esta investigación tal vez no ha contado con toda la colaboración por parte de los otros actores estatales involucrados, el retardo de muchas de las diligencia por parte de Carabineros, la entrega de información, en lo que también se suma lo que esta parte siempre criticó respecto a que el gobierno defendiera la permanencia de Yáñez cuando era tan delicado el acceso a la información y los requerimientos que estaban haciendo por parte del Ministerio Público”.

A todo esto, releva Fernández, “se suman ahora también las dificultades que hemos enfrentado por parte del propio Ministerio Público de entregarse todo antecedente a la Fiscalía Regional Centro-Norte que conduce esta investigación, y esto se expresó precisamente en el caso en que la fiscal Parra, que hizo una exigencia que no está dentro de la legislación para entregar material relacionado con el caso Audio que vincula a Hermosilla con Guerra”.

Y es que es -justamente- Fernández como querellante quien solicitó a Chong esta diligencia.

“Precisamente el fundamento que tuvo esta representación para solicitar esas comunicaciones es la importancia que puede reflejar para obstáculos y riesgos en la investigación de una causa. El hecho de que cierta información especialmente dedicada se filtre desde uno de los espacios más relevantes del Ministerio Público en Chile, que es precisamente el Consejo de Fiscales, y que un fiscal regional, en este caso el anterior fiscal regional de la misma Fiscalía Oriente, entregara a alguien que podía tener un interés particular en la causa en cuanto representaba al exmandatario”, apuntó.

Junto con esto, adelantó que solicitarán ampliación del plazo de investigación para lograr llegar hasta las últimas consecuencias y que se aclare qué tanto supieron -a través de Guerra- los imputados del caso y sus defensas.