“Estoy aprendiendo los códigos de la política”.

Las palabras son del ministro de Justicia, Luis Cordero. Las dijo en entrevista con La Tercera el sábado pasado y reflejan -en parte- lo que han sido sus últimos días en el cargo, donde ha asumido un rol protagónico para contener la crisis de seguridad que complica al gobierno y que ha enfrentado, nuevamente, a sus dos coaliciones, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

Despejado el debate por los indultos que concedió el Presidente Gabriel Boric a condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social y que fueron impugnados -sin éxito- por la oposición ante el Tribunal Constitucional, el abogado y quien fuera profesor del Mandatario en la Universidad de Chile ha tenido que dejar de lado su mirada más técnico-jurídica, desplegando un papel más político.

Este nuevo rol fue decisión del propio Presidente. Tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, el 26 de marzo, el jefe de Estado convocó a su comité político y -por su expertise- pidió que Cordero también se sumara. Ahí, trazaron estrategias legislativas y políticas para enfrentar el nudo más complejo que tendrían que contener en el Congreso: la ley Nain-Retamal, de la que tenían profundos reparos.

Desde ese día -tras una petición expresa del Presidente y ante la ausencia de Ana Lya Uriarte (Segpres), quien sigue con licencia-, Cordero ha apoyado el despliegue de la ministra Carolina Tohá en medio de la crisis, algo que no es usual para un jefe de Justicia. En esa línea, remarcan en el gobierno, fue que la noche del miércoles pasado acompañó a la titular de Interior hasta la Posta Central, donde a esa hora se mantenía en estado crítico el cabo Daniel Palma, cuya muerte terminó por agudizar la crisis en La Moneda. Esa misma madrugada se sumaría a la reunión de emergencia que citó el jefe de Estado en Palacio.

Pero Cordero también tuvo un rol en el Congreso. Sin ir más lejos, cuadró votos para la aprobación de la ley Nain-Retamal, publicada hoy en el Diario Oficial, y luego acompañó a la ministra Tohá en todas las reuniones que sostuvo el fin de semana. El viernes con ambas cámaras del Congreso y el sábado con las comisiones de Seguridad del Senado y la Cámara Baja.

Hoy mismo se sumó a una cita liderada por la jefa del gabinete con dirigentes del Frente Amplio, donde el sector le pidió al Ejecutivo mayor liderazgo respecto de una agenda de seguridad que -interpretan- está imponiendo la derecha.

En el gobierno aseguran que el Presidente tiene plena confianza en Cordero y está satisfecho con el papel que ha jugado en este debate, aunque descartan -por ahora- que se le asigne una silla permanente en el comité político de ministros.

Si bien desde que asumió, Cordero tomó inmediatamente el control de la agenda de su cartera, la tramitación de ley Nain-Retamal se convirtió en su primera prueba de fuego.

Inicialmente había tenido un rol secundario en este proyecto, sin embargo, entró en escena el miércoles 29 de marzo, justo el día en que la sala de la Cámara Baja votaba la iniciativa, cuyo artículo más controvertido era el nuevo estatuto de legítima defensa privilegiada que facilitaba el uso de armas de servicio por parte de efectivos policiales en casos extremos.

Hasta ese minuto, la ministra Tohá aún no revelaba cuál era la propuesta del Ejecutivo para abordar estar problemática. Solo se sabía que el interés de La Moneda era tratar este tema en un reforma propia sobre Reglas de Uso de la Fuerza.

La entrada de Cordero, que se evidenció con su presencia en la sala esa jornada, coincidió con la decisión táctica de avalar el despacho de la ley Nain-Retamal en el primer trámite de la Cámara con el fin de perfeccionarla en el Senado.

Sin embargo, ya esa misma tarde, Cordero fue uno de los que lideraron la contraofensiva para desacreditar jurídicamente el texto aprobado por la Cámara y fue el ideólogo de la fórmula que se presentó en el Senado para sacar el nuevo estatuto de legítima defensa desde el Código Penal y radicarlo en el Código de Justicia Militar.

Con sus dichos en que calificó como “norma defectuosa” el proyecto aprobado por la Cámara, interpretaba el parecer de Apruebo Dignidad.

El jueves 30, Cordero llegó temprano al Senado, junto a Tohá y la subrogante de la Segpres, Macarena Lobos, para tratar de frenar el impulso de la iniciativa y así ganar más tiempo para las negociaciones y redactar la propuesta alternativa del gobierno, que hasta ese minuto aún no estaba lista.

Los senadores de oposición, liderados por el presidente de esa corporación, Juan Antonio Coloma (UDI), accedieron a aplazar la votación contemplada inicialmente para ese jueves hasta el martes 4 de abril con el objeto de dar tiempo a las conversaciones y presentación de indicaciones.

El lunes 3 de abril, sin embargo, el plan inicial de Cordero se vino a abajo luego de que la Comisión de Seguridad del Senado, rechazara por tres votos en contra y dos a favor, su fórmula para derivar el mencionado artículo al Código de Justicia Militar.

Ese día, Cordero se mostró inflexible (“en el derecho las formas son el fondo”, dijo) y junto a Tohá y Lobos se retiraron anticipadamente de la Comisión de Seguridad como señal de molestia, lo que fue mal evaluado por el oficialismo y la oposición.

A juicio de algunos legisladores, ello demostró que el ministro de Justicia aún no entendía que su rol político requería de más pragmatismo y menos dogmatismo académico.

Sin embargo, al día siguiente, el martes 4, Cordero entendió que tenía que ceder y junto a Tohá y Lobos se allanaron a la primera exigencia de la oposición, que era mantener el estatuto de protección policial dentro del Código Penal.

A pesar de que las concesiones de La Moneda no fueron acompañadas por los diputados de Apruebo Dignidad (Frente Amplio, PC, Acción Humanista y FREVS), Cordero se mostró comprensivo de la postura que asumió el ala izquierda. “La opinión de Apruebo Dignidad me parece completamente legítima”, dijo en entrevista en La Tercera, frase que fue valorada esa coalición.

“Yo creo que el que mejor interpreta la visión del Ejecutivo en relación a esta ley (Nain-Retamal) es el ministro Luis Cordero. Ha sido clarísimo. Hay que reconocer que la intervención del Ejecutivo en el Senado logró morigerar las debilidades o los errores o falencias de la ley”, dijo la diputada y vicepresidenta de Acción Humanista, Ana María Gazmuri.