El “mortal” informe de Contraloría de 2021 sobre pensiones de gracia a las viudas del carbón

Luego de que la Contraloría General de la República emitiera -la semana pasada- un informe respecto a las pensiones de gracia en el marco del estallido social, en donde evidenció una serie de falencias en el proceso de otorgamiento, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló este lunes que aquel informe no sería el único, ya que el ente contralor “también hizo una auditoría y una fiscalización a las entregas de pensiones de gracia durante todo el año 2021″.

“Sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia. Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal. Entonces, sugeriría mirar bien antes de hablar cuál es la responsabilidad de cada cual”, sentenció.

Sin embargo, el informe al que aludió el subsecretario aborda el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a extrabajadores de los yacimientos de las carboníferas, específicamente de la Empresa Nacional del Carbón (Enacar), a cargo del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y que contó con el patrocinio del mismo Monsalve mientras era diputado por el distrito en la Región del Biobío.

La demanda fue planteada por las viudas de los exmineros de Lota a Monsalve, que primero fue diputado por el Distrito Nº 46 (Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Lota y Tirúa) entre 2006 y 2018, y luego por el Distrito Nº 21 (Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa y Tucapel) entre 2018 y 2022.

El gobierno de Gabriel Boric concretó la entrega de las pensiones de gracia en una ceremonia encabezada por el propio subsecretario Monsalve, quien en ese momento recordó que fue durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que se comprometieron estas pensiones como compensación por el fracaso de la reconversión laboral.

Las pensiones de gracia ascendían a alrededor de 400 mil pesos, que se sumaban a los 60 mil pesos que las mujeres ya recibían y con lo que vivían desde la muerte de sus esposos.

En el informe, Contraloría detectó varias irregularidades, partiendo porque no se incorporaron en el proceso “lineamientos relativos al proceso de postulación, selección y otorgamiento de las pensiones, a saber: la forma y plazos en que se realiza el llamado a postulación al beneficio; definición de montos a otorgar; ni plazos definidos para la tramitación de las postulaciones; o de la recepción de antecedentes, entre otros”.

Respecto a las labores del DAS, que también está en cuestionamiento por las pensiones del estallido, se constató que no contaba “con un registro único que contenga información completa e íntegra con el total de beneficiarios de las pensiones de gracia, ya que solo dispone de antecedentes de pensiones de gracia otorgadas desde el año 2018 en adelante”. Los datos, además, presentaban “inconsistencias y falta de completitud”, con celdas en blanco para los campos de fecha de nacimiento, RUT y dígito verificador. “Es así que de los 14.801 registros detallados en la planilla generada por la citada dependencia, solo 4.996 cuentan con el número de RUT, lo cual implica que, en definitiva, la Subsecretaría desconozca la cantidad real de beneficiarios de las pensiones de gracia”, apunta el escrito.

También se acreditó la dilatación en el trámite de las postulaciones al beneficio en 2021, “referentes a las 2 convocatorias de esa anualidad, las cuales totalizaron 23 casos”. Con ello, todas las solicitudes se encontraban pendientes de tramitación a julio de 2022.

La DAS, según el informe, no tenía una planilla en donde se aunaran los reclamos que recibieron durante los años 2020 y 2021. En ese sentido, se constató “una falta de control sobre los reclamos, consultas y peticiones en materia de pensiones de gracia de extrabajadores de Enacar”.

El documento emitido por Contraloría en ese entonces observó que la Subsecretaría del Interior no disponía “de un control presupuestario respecto de la ejecución de los recursos asignados mediante el subtítulo 23, ítem 01, asignación 001, Jubilaciones, pensiones y montepíos, de la partida 50, capítulo 01, programa 02 de la Ley de Presupuestos del año 2021″. Ese control presupuestario, según el ente, hubiese permitido conocer “cuánto se ha ejecutado y cuál es su distribución entre los distintos beneficios considerados en dicha partida, aspecto que se arrastra de años anteriores”.

Además, se verificó “la ausencia de control sobre los pagos realizados por concepto de pensiones de gracia, toda vez que cotejados los desembolsos efectuados a los beneficiarios por la Tesorería General de fa República, TGR, con aquella información generada por el DAS, se identificaron diferencias e inconsistencias”. Ese aspecto fue “confirmado mediante correo electrónico desde la citada dependencia”.

Con todo, y frente a las falencias descritas en el informe, la III Contraloría Regional Metropolitana de Santiago instruyó “un procedimiento disciplinario en la Subsecretaría del Interior, tendiente a determinar las eventuales irresponsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas”.