El puzzle de La Moneda para bajar las huelgas de hambre en La Araucanía

El hombre que -hasta donde se sabe hoy- lleva en persona las conversaciones con algún sector de los comuneros mapuches que están presos y bajo huelga de hambre se llama Sebastián Valenzuela Agüero (42), abogado de la Universidad Católica, especializado en Derecho Penal y subsecretario de Justicia. Hasta esta mañana, era ese ministerio y no otro el que tiene en su manos las negociaciones que buscan bajar el ayuno que encabeza el machi Celestino Córdova. Ese es el objetivo prioritario para el gobierno y que medirá, cuando lleva una semana asumido, de qué madera política está hecho el nuevo gabinete que lidera Víctor Pérez.

Zanjar este caso antes de que el violento fin de semana pasado en Curacautín se repita y escale es también la urgencia del jefe de Interior y Seguridad Pública, y por eso él está pendiente del asunto. Pero su cartera no es la que está a cargo de desenredarlo, según especifican ahí mismo y en la de Justicia, que comanda el también UDI Hernán Larraín. Y al decir del gobierno, sigue siendo así después de la reunión que los dos ministros sostuvieron a las 18:30 de ayer para tratar precisamente esto, junto al subsecretario de Interior Juan Francisco Galli (RN), la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren (Evópoli) y el subsecretario Valenzuela.

Interior, agregan en La Moneda, sí “está encima” y “monitoreando” esto. Pero bajar la huelga es tarea de Justicia, ministerio del que depende Gendarmería, dicen.

Con Córdova cumpliendo hoy martes 93 días de huelga líquida (no es el único, son 27 que están haciendo lo mismo en distintos penales de Temuco y Angol), las circunstancias le imponen al gobierno medio metro cuadrado de margen de maniobra para salir airoso de esto sin que el conflicto en La Araucanía se encienda aún más y sin torpedear la razón de fondo del cambio de gabinete de la semana pasada, que es apaciguar a su sector y reconquistar parte de la base de apoyo del gobierno. La palabra clave es la misma que ha estado encima la mayoría de las veces que los gobiernos piñeristas han enfrentado estas situaciones: ceder. En qué y hasta dónde. Y si es que.

Hasta ahora la situación es la siguiente. Córdova está condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay (2013), caratulado como incendio con resultado de muerte. El caso no solo es icónico per se para el gobierno y sus filas, sino que además impone de entrada un “pero” para bajar la huelga: no se puede negociar y ceder con una sentencia vinculada a un hecho de sangre de por medio.

Menos si la demanda principal y más conocida de Córdova es que le permitan cumplir su sentencia en su rehue mientras pase la pandemia o durante unos seis meses, que es lo que dicen en el gobierno. Concederle ello es una salida impracticable, dicen en la UDI -partido del ministro del Interior y de Justicia-, en Evópoli, ex autoridades que han enfrentado asuntos similares y entre los parlamentarios de la Araucanía, que ya llevan dos noches de reuniones por zoom analizando otras aristas del problema; el domingo con ministros del comité político y anoche con Galli y el intendente Víctor Manoli.

Eso dificultaría un acuerdo, además, desde el momento que Pérez ha sostenido que su disposición al diálogo no incluye casos de violencia. “Voy a conversar con todos aquellos que a través del dialogo quieran contribuir. Indudablemente que quienes usan medios violentos, esa sola actitud los autoexcluye. Si alguien toma una municipalidad, no puedo hablar con ellos”, dijo el domingo en la noche en Estado Nacional de TVN.

En el partido del nuevo ministro hacen ver que “tiene piso para todo con la UDI”, pero que en ningún caso se abrirían a darle beneficios de ese calado a Córdova. Y que Pérez, afirman, tampoco está en esa línea. El Número Dos de Palacio, además, ha dicho que en la región “no hay presos políticos”, declaración que junto a su visita del viernes de la semana pasada instaló la controversia de si incidió o no en atizar el clima en la zona.

Pero esta mañana daban otras luces en la Casa de Gobierno. Reconocen que las condiciones son bien adversas, pero que ya llevan semanas intentando desactivar la huelga y que “ha habido espacios de encuentro” con los comuneros encarcelados en las negociaciones.

Según estas versiones, el petitorio de Córdova es más largo, explícito, y no se limita solo a que pueda cumplir condena fuera de prisión (punto que además la justicia denegó hace algunos días). “Todo lo que no vaya contra el Estado de Derecho es una conversación que es razonable”, sostiene una de estas voces del Ejecutivo. El resto de las condiciones las guardan bajo llave, pero circulan pistas.

Una figuraba en la baraja cuando Gonzalo Blumel todavía era ministro del Interior y lo conversaba con Larraín: beneficios carcelarios para Córdova, pero sin abandonar el penal. Algunos tenían que ver incluso con cambios al reglamento de Gendarmería, pero esa era la foto hasta hace un par de semanas.

Otra versión dice que el resto de las condiciones conversables no apuntarían a cambiar las circunstancias en que Córdova cumple sentencia. Y otra, que las demandas del machi no son exactamente las mismas que la del resto de los comuneros.

Como sea, una ex autoridad piñerista veterana en estos entuertos hace ver que tratándose de este caso, cualquier concesión atraerá ruido y que lo ideal es no terminar cediendo, pero que habrá que ver si continúan desmanes o si proliferan, por ejemplo, atentados en carreteras. Otras veces, recuerdan, se han pedido que los cambien de penal, que les permita trabajar en labores agrícolas, o que flexibilicen el sistema de visitas.

En el gobierno y entre sus filas recuerdan que hay historial en haber cedido. Pero que ahora es muy distinto, y no solo por la condena del machi. La Araucanía está mucho más violenta, dicen (aunque en La Moneda hay quien dice que no a un punto demasiado grave), con grupos armados a los que Pérez les ha adjudicado algún grado de preparación militar, y después del crimen de Camilo Catrillanca todo es radicalmente distinto para el gobierno allá.

De hecho, con Córdova ya tuvieron un episodio el 2018, recién entrado el segundo cuatrienio piñerista. A los pocos meses el machi, ya condenado, quería que le permitieran renovar su rehue, una ceremonia que el gobierno entiende que tiene carácter religioso. Fue un tira y afloja: recuerdan que él quería 48 horas en sus tierras junto a cientos de participantes (hasta 400 ó 500, apuntan), pero como eso era imposible de conceder, negociaron hasta dejarlo en 15 ó 20 personas y solo algunas horas (fueron 15, según registros de prensa; 6 u 8, de acuerdo a los consultados).

Apenas el Presidente autorizó aquello, partieron de inmediato a la zona -entre otros- personal de Interior y el entonces subdirector de la ANI, contraalmirante (R) David Hardy, recuerdan algunos de quienes lo vivieron. Negoció dicha salida el entonces subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, hoy en el mismo cargo de la Segpres.

Luego de eso lo llevaron de vuelta al hospital intercultural de Nueva Imperial, donde estaba cumpliendo condena, porque para entonces estaba también en huelga de hambre.

Eso se pudo lograr, recalcan en el gobierno y en su sector, porque tres razones. Primero, porque el clima político era demasiado distinto. El entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, estaba apostando firme por liderar un proceso de entendimiento para destrabar el conflicto mapuche, con diálogos transversales en el Cerro Ñielol y actores relevantes que ya se habían subido a ese carro.

Además, esa vez estuvo de acuerdo la familia Luchsinger Mackay. Ahora, cualquier salida a la huelga que pase por ceder debería también contar con su venia, reconocen quienes saben de esto. Y en tercer lugar, porque antes de cerrar el trato, insisten, Córdova depuso su huelga.

Pero después del homicidio de Catrillanca esa agenda se hizo impracticable y el gobierno no volvió a insistir. Cuando Sebastián Sichel reemplazó a Moreno el año pasado, ese frente en los hechos se archivó.

El 2010 y el 2011, el Presidente Sebastián Piñera encaró otras dos huelgas de hambre de comuneros mapuches, pero ninguno condenado por hechos de sangre. En una de ellas, la primera, negociaron en persona su entonces ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, y su subsecretario Claudio Alvarado, en un largo proceso en el que intervino el entonces intendente Andrés Molina y hasta el en esa fecha cardenal Ricardo Ezatti.

Ambos ayunos superaron los 80 días. Y en el primero, al menos, se bajó a cambio de hacer concesiones, como no aplicar la ley antiterrorista en las querellas. Pero, otra vez, el marco era muy diferente al de hoy.