El quiebre de un vínculo histórico: Cartoni se querella contra tercera antiguedad del Ejército

La historia de buenas relaciones entre Virgilio Cartoni y el Ejército es conocida. Es uno de los proveedores - a través de su empresa CyM- que más repuestos para vehículos militares le vendía a esta ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA). A 2016, del total de compras que realizaban, el 25% correspondía a adquisiciones de esta firma; el 40% a Famae, y el 35% a otras corporaciones.

Sin embargo, con el avance de las investigaciones judiciales de la ministra Romy Rutherford y la Fiscalía Centro Norte, en que se indaga la compra y venta de pertrechos y repuestos del Ejército, los negocios entre CyM y la institución comenzaron a congelarse. Y hoy, según explican en la institución, estas relaciones estaría más bien quebradas.

Así lo grafica también, una de las últimas acciones judicial de Cartoni contra un alto representante del Ejército. El 21 de julio, el abogado Samuel Donoso, en representación de Cym Word Enterprise Corp, interpuso una querella contra del general de División Rodrigo Urrutia Oyarzún, tercera antigüedad de la entidad castrense y jefe del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), por el delito de denegación de pago.

Lo que se reclama en el libelo es la no cancelación de US$ 4,1 millones de dólares por la venta de repuestos de aviación, entregados antes de las órdenes de compra. Según la querella, “durante el año 2015, mi representada C&M vendió de buena fe, dada la máxima urgencia según lo requerido por la Brigada de Aviación del Ejército de Chile (BAVE), todos los repuestos y servicios que esa institución requería, dando origen al Contrato de Adquisición de Servicios celebrado entre el Ejército de Chile y Eurocopter Cono Sur S.A.”.

En la acción judicial se agregó que “C&M se obligó” a entregar “suministro de soportes, repuestos y bienes requeridos por la BAVE para la mantención y mejora de sus aeronaves. En este caso C&M por su cuenta y riesgo debido a la urgencia de las solicitudes, contactaba se contactaba con el proveedor, adquiría él o los bienes solicitados por la entidad estatal, gestionaba a su costa el traslado de los mismos mediante transporte marítimo, efectuaba los trámites necesarios para su ingreso al país, y finalmente ponía a disposición del Ejército quienes los desaduanaban los bienes requeridos dentro del plazo solicitado por la BAVE”.

Sin embargo, con el correr del tiempo, de acuerdo a lo consignado en la querella, el Ejército comenzó a evadir el pago de los valores comprometidos. “Desde la venta de los repuestos y servicios por parte de C&M al Ejército de Chile del año 2015 se han sostenido reiteradas reuniones con distintos generales, además de intercambiarse numerosas cartas solicitando el pago, respecto de las cuales siempre se dieron respuestas dilatorias o evasivas, sin concretar el pago, pero siempre reconociendo la deuda en favor de C&M. Las cartas indicadas fueron suscritas, entre otros, por el querellado Urrutia en su calidad de general de división, Comandante de Apoyo a la Fuerza del Ejército de Chile e intercambiadas con representantes de CYM S.A”, se consigna en el documento.

En el Ejército dicen tener sus razones para no pagar el dinero adeudado. Altas fuentes de la institución explicaron que no hay una intención de “rehuir” de la deuda, sino que solo se está tomando una prevención: esperar que se aclare el panorama judicial de CyM, por eventuales sobreprecios en la compra de repuestos para los helicópteros de la institución.

Esa causa hoy la tiene el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendariz, y una vez que termine, explican en el Ejército, efectuarán el pago adeudado. Dicen que el dinero está guardado y listo para despacharse, en el caso que el Ministerio Público determine que no hubo sobreprecios.

Por ahora, la querella presentada por CyM, al ser acogida a tramitación, fue derivada a la Fiscalía Centro Norte, al fiscal Patricio Cooper. El Ejército, en tanto, la acción legal les fue notificada el viernes de la semana pasada, por lo que están estudiando los antecedentes para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Entre las diligencia que pidió el abogado Samuel Donoso, en tanto, está la toma de declaración de cinco generales, entre ellos Urrutia, quien además, ya es investigado por la ministra Rutherford por el presunto delito de falsedad militar.