El segundo tiempo del caso Monsalve: qué es lo que viene y las diligencias que marcarán estos cuatro meses

Por alrededor de 40 minutos se extendió el pasado martes 19 de noviembre la exposición en que el juez Mario Cayul comunicó la resolución que dejó a el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve tras las rejas.

Tras dar por acreditados los delitos que le imputó el Ministerio Público al exsocialista, violación y abuso sexual en grado de consumado, y estimando que su libertad constituye un peligro para la sociedad, el magistrado dictaminó que la otrora autoridad debía quedar en prisión preventiva en la cárcel de Rangua. Fijó, además, cuatro meses de plazo para la investigación.

Pero además de pronunciarse sobre la necesidad de cautela y de las pruebas y descargos realizados durante las dos extensas jornadas de formalización, en medio de su dictamen Cayul también hizo presente que, al menos de los antecedentes presentados, se advierte que hay pericias esenciales que faltaría realizar. Sobre todo, remarcó, cuando se trata de delitos tan graves como los indagados en este caso.

Mencionó, en ese sentido, que aún no se realiza un peritaje psicológico a la víctima, lo que deslizó sería clave. Y si bien fuentes del Ministerio Público aseguran que lo más probable es que este se realice durante las próximas semanas, en la medida en que la denunciante esté en condiciones de someterse al mismo, Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, explica que no en todas las causas vinculadas a ilícitos sexuales se hacen necesarias las mismas diligencias.

“Lo importante en estos casos es recalcar que no existen diligencias estándares para delitos sexuales. Qué diligencia va a ser útil o no en un caso concreto va a depender de las características de los hechos, de las personas que se ven involucradas y de cómo ocurrió la situación delictiva”, manifestó.

Con todo, según quienes han conocido mayores detalles de la causa en cuestión, aseveran que esa pesquisa en particular podría ser útil a la hora de establecer las dinámicas que pudieron haber existido entre la víctima y el imputado y que podrían haber incidido en lo referente al consentimiento. Asimismo, permitiría caracterizar a la mujer y conocer con mayor certeza sobre consecuencias de los hechos denunciados.

La materialización de esta pericia dependería de la instrucción de los fiscales a cargo, aunque, como ya se anunció por parte de la defensa, hay un hecho que antecederá a varias de las acciones que se pudieran concretar: la revisión de la medida cautelar dispuesta por parte de la Corte de Apelaciones.

Y es que como indicó Lino Disi, uno de los abogados de Monsalve, tras el término de la audiencia de formalización, apelarán la resolución ante el tribunal de alzada capitalino en atención a que fijó una disposición -a juicio de ellos- exagerada. “La resolución fue razonada en base a los antecedentes presentados, pero no estamos conformes con ella. Vamos a seguir trabajando para demostrar que nuestro cliente no es culpable de los hechos que se le imputan”, manifestó.

Fuentes consultadas por este medio indican que, tras el trámite de la formalización, la Fiscalía deberá volver a revisar los antecedentes que tienen, analizar al detalle lo expuesto por la defensa y así disponer acciones. Se espera, en ese sentido, que se puedan requerir nuevos testimonios para contrastar versiones.

Asimismo, se deberán analizar los informes que la Policía de Investigaciones tendrá que emanar a raíz de los insumos extraídos de los tres celulares incautados al imputado. Ahí, por ejemplo, se deberán evaluar eventuales chats extraídos para cotejarlos con declaraciones prestadas en el marco de la indagación.

Los fiscales también deberán despejar si imputan a Monsalve por hechos que habrían tenido lugar el 1 de septiembre, cuando el imputado le habría dado un beso por sorpresa a la joven. Además, tendrá que decidir si lo encausa por obstrucción a la investigación, por las diligencias que ordenó a la PDI antes de que se oficializaran las acusaciones en su contra.

De igual forma, el Ministerio Público tendrá que analizar las solicitudes de diligencia que pudiese pedir la abogada querellante que representa a la víctima, María Elena Santibáñez. Esto, considerando que Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, le ha aconsejado al padre de la denunciante de Monsalve que puede solicitar una serie de pesquisas y no “conformarse” con lo que puedan instruir por su cuenta los persecutores.

Se deberá despejar, en ese sentido, si tanto la víctima como el otrora militante socialista son sometidos a exámenes toxicológicos, puesto que ambos han referido, como ha trascendido, que no solo podrían haber estado afectados por el consumo de alcohol el día en que ocurrieron los hechos denunciados.

Por el lado de la defensa, igualmente, también se podrían presentar solicitudes, como, por ejemplo, que se le tome declaración al exsubsecretario, puesto que antes de que fuera detenido recalcaron que él estaba disponible para hacerlo en la medida en que conociera todos los antecedentes contenidos en la carpeta.

Esa diligencia podría esperar, eso sí, con miras a una eventual solicitud de revisión de cautelares, pues si les va mal con la apelación en la Corte, requerirán de nuevos antecedentes para pedir audiencia para que ante un juez se vuelva a evaluar su situación.

En ese sentido, desde el entorno de Monsalve dan cuenta de que deberá reunir mayores antecedentes para probar la tesis de que él creía que eran “una pareja en formación” y que la mujer le había dado cuenta de que aprobaba mantener una relación más allá de lo laborar.

En paralelo se deberá atender a las solicitudes que han hecho al Ministerio Público los representantes de los diputados de oposición que han decidido querellarse en esta causa, como Andrés Celis y la diputada Camila Flores.

Por el lado de Celis, el abogado Luis Cantellano pidió que se cite a declarar -como testigo- al Presidente Gabriel Boric; a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y al actual subsecretario del Interior, Luis Cordero. Además -como imputado- a Monsalve, a la ministra Carolina Tohá, al exjefe de gabinete de la subsecretaría, Gabriel de la Fuente, y al director de la PDI, Eduardo Cerna.

Pidieron que lo referente a la eventual obstrucción a la investigación, en tanto, la indague personal de Carabineros y no detectives de la PDI, para evitar sesgo.

El abogado que representa a la parlamentaria, por su lado, también pidió citar a Monsalve, Tohá, Boric, Miguel Crispi, al jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, a Cerna, a la periodista Ilse Sepúlveda, Cristina Vilches, Camilo Araneda, y a todos los integrantes del gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Igualmente, pidieron se informe la bitácora de los vehículos institucionales utilizados por Monsalve en su viaje al Biobío, se oficie a Contraloría y al Ministerio del Interior para que den cuenta del cumplimiento de las reglas de control sobre uso de gastos reservados y que se solicite el informe de inteligencia elaborado por la PDI en función de solicitudes del exsubsecretario.