El turbulento despegue de la estratégica División Jurídica del Ministerio del Interior

Apenas asumió el gobierno del Presidente Gabriel Boric, los primeros en tener una tarea y misión asignada fueron los abogados de la División Jurídica del Ministerio de Interior. Debían analizar todas las causas asociadas al estallido social, donde el gobierno oficiara en calidad de querellante, invocando la Ley de Seguridad del Estado y así activar el retiro de estas acciones judiciales.

Aunque el trabajo fue tedioso, en lo práctico no se tradujo en la liberación de personas en prisión preventiva. Se retiraron 139 querellas, pero nadie cambió su medida cautelar por esta acción. Por esos días de mediados de marzo, el clima laboral al interior de la división dirigida por la abogada Camila Barros no era de los mejores: rumores de despidos y una “ley del hielo” a los profesionales que venían del gobierno anterior marcaban las tediosas jornadas en Teatinos 72.

A más de un mes de esa instalación, gran parte del equipo de abogados cambió. La salida que más llamó la atención entre los funcionarios del Ministerio del Interior fue la de Carlos Flores, profesional que se desempeñaba en la cartera desde 2004, lo que significó buscar otros nombres para llegar los cupos vacantes.

En su reemplazo llegó la abogada Javiera Corbalán y otros tres profesionales: Pedro Vidal, Paula Astudillo, Sofía Wilson, Fernando Guerra y Samuel Malamud. Entre los funcionarios de la repartición, el nombre que más destacan, o valoran, es el de Malamud, pues llegó desde la Fiscalía Sur y , apuntan, que conoce sobre litigación y trabajo en terreno. En definitiva, un buen fichaje.

Del resto, advierten las mismas fuentes consultadas, destacan que se titularon, hace pocos años entre 2018 y 2021, es decir cuentan con poca experiencia en litigación en una división que es compleja. Esa “falta de calle” quedó demostrada el 10 de abril cuando Camila Barros y su asesora Javiera Corbalán ingresaron un patrocinio y poder al Juzgado de Garantía de Colina, para poder participar de una causa que data del año 2017 y donde el gobierno es parte. El tribunal debió pedirles que corrigieran el documento pues ninguna de las abogadas al momento de individualizarse puso su RUT.

“Previo a proveer, señálese número de cédula de identidad de las abogadas Camila Barros Cáceres y Javiera Corbalán Schlindler, dentro del tercer día, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito”, dice la resolución de la jueza Bárbara Rogel.

Otra cosa que llama la atención entre quienes conocen el funcionamiento de esa repartición de Interior es la participación que tuvo Corbalán en causas de derechos humanos. La abogada titulada de la Universidad de Chile en 2019 fue parte de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), quienes patrocinaron una serie de querellas contra Carabineros durante el estallido social.

El caso más destacado es una acción judicial presentada en abril de 2021, que dio origen a una investigación penal por parte de la Fiscalía Centro Norte -a cargo de la fiscal Ximena Chong-, para indagar las responsabilidades del alto mando de Carabineros en situaciones de presunto abuso policial, en Maipú y Santiago. Ahora en su nuevo rol de asesora es ella quien debe estudiar los casos y decidir si el Ejecutivo se hará o no parte en los casos en que las víctimas son los policías, como cuando por ejemplo los uniformados son blancos de ataques.

Si los cambios de la División Jurídica en Santiago generaron cierto revuelo interno en funcionarios de gobierno, en La Araucanía también se levantó polvo.

A fines de marzo, el abogado que representaba al Ministerio del Interior en La Araucanía, Sergio Arévalo, recibió la notificación formal que no seguiría en su cargo. El profesional estaba bajo la figura de contrato a honorarios, desde 2018, y era uno de los profesionales encargados de la redacción e interposición de querellas por violencia rural en la zona.

Antes de salir, a Arévalo le llamaron la atención algunas cosas. Fuentes aledañas al profesional señalan que este manifestó su “sorpresa” por una instrucción que llegó desde Santiago: “No habrá un ánimo persecutor y nos adheriremos a todo lo que propone el Ministerio Público”, le dijeron de manera verbal, lo que de alguna manera lo invitaba a no interponer querellas por atentados, ni eventos violentos.

A eso se suma que se designó para alegar una importante causa en la Corte Suprema a Fernando Guerra, quien apenas llevaba 10 días. Se trata de una investigación no menor, en que hay ocho integrantes de comunidades mapuche condenados por homicidio, lesiones y porte de armas, en el marco de ataques en Cañete. Esta es la causa que motivó a la organización denominada “Resistencia Mapuche Lavkenche” a adjudicarse atentados incendiarios y exigirle al gobierno a “no presentarse a los alegatos”. Exintegrantes de esta repartición aseguran que el enviar a una persona que apenas conocía la causa es, en definitiva, haber “silenciado” la voz que el gobierno debía tener en esa causa en que actúa como querellante, y como tal, debe intentar impedir que se acoja el recurso de nulidad que buscan las defensas.

El equipo de abogados que trabaja en La Araucanía cuenta con cuatro cupos: Luis Martínez, Macarena González, y dos nuevas incorporaciones que llegaron desde la Defensoría Penal Pública, Iván Espinoza y Paola Segovia. Esta última, además, también trabajó para la Defensoría Mapuche, organismo que asume la representación de los integrantes de las comunidades que son imputados por parte del Ministerio Público.

Una de las últimas situaciones que marca un giro de cómo se concebía hasta ahora esta repartición es la decisión de la División de Interior de querellarse en casos por femicidios y violencia de género. Para los consultados, esto podría chocar con la acción que lleva el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, puesto que implicaría una doble participación del gobierno en estas causas.