En al menos dos ocasiones durante la última semana, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha debido recalcar que se mantendrá en su cargo. Lo hizo en una reunión con autoridades de Convergencia Social (CS) y también en el comité político de ayer, con cierta cuota de humor. “Que esperen sentados y con un cojín”, bromeó.

Y es que según cercanos a la secretaria de Estado, una salida de Orellana del gobierno es algo que “nunca ha estado sobre la mesa”. Algo que han recalcado luego de que, pese a sus reparos, La Moneda se inclinara por el nombre de Ángel Valencia para presidir la Fiscalía Nacional, ratificado ayer lunes por el Senado.

La ministra de CS manifestó cuestionamientos al postulante por asumir en el pasado como abogado del juez Luis Barría, imputado por delitos sexuales. Una advertencia que socializó en círculos del Frente Amplio y en la misma Moneda y que también era compartida por su exorganización feminista, la Red Chilena Contra la Violencia a la Mujer.

Aunque la titular de la Mujer calificó la historia publicada como un “cahuín”, semanas más tarde -y con ocasión de la exposición de la excandidata a la Fiscalía Nacional, Marta Herrera- la otrora ministra de Justicia, Marcela Ríos, confirmó los reparos de Orellana respecto de Valencia.

“El Presidente fue muy claro hace varias semanas atrás en decir que el gobierno no tenía ningún veto (...). Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación. Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los antecedentes que hemos considerado en este caso”, dijo la exministra.

Por este y otros motivos -entre los cuales se contaba la defensa que el abogado hizo de la titular de Interior, Carolina Tohá, en el caso Publicam y la cercanía con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde-, no es un secreto en los pasillos de Palacio que la opción del Mandatario Gabriel Boric por Ángel Valencia no fue fácil y tuvo más de pragmatismo que de predilección. De hecho, la determinación también dejó expuesta a la ministra Ana Lya Uriarte (Segpres), quien se había jugado por la idea de no ceder ante el Senado en este nombramiento.

En la semana más compleja del gobierno por la cadena de equivocaciones de los indultos, La Moneda no podía arriesgarse a una tercera derrota en el Senado del nombre propuesto a la Fiscalía Nacional. Y Valencia -como transmitieron desde un inicio en la Cámara Alta- sí contaba con los respaldos necesarios para ser ratificado. Antes de que La Moneda oficializara el nombre de Valencia, y cuando Boric ya había tomado la decisión de presentarlo como carta, Orellana sostuvo una conversación telefónica con el Presidente, quien la llamó para adelantarle su decisión.

En Palacio y en su partido acusan el golpe a Orellana, sin embargo, lo desdramatizan y descartan que la decisión de La Moneda haya tenido un impacto negativo en su influencia sobre el comité político y el mismo Boric. En su círculo advierten que Orellana comprende que la definición del Ejecutivo estuvo basada en criterios prácticos y políticos. Las mismas fuentes apuntan a la historia política de la ministra: que si bien tiene una personalidad que plantea sus puntos de disenso, siempre fue una militante “de base” que continuó trabajando en los proyectos políticos, pese a no estar de acuerdo con ciertos planteamientos.

Sin embargo, también con la salida de Marcela Ríos del Ministerio de Justicia y de Matías Meza-Lopehandía de la jefatura de gabinete del Presidente, la también militante de Convergencia quedó como la única de sus filas con un cargo de primera línea en el gobierno.

El timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, no duda en respaldar a la inquilina de La Moneda.

“La ministra Orellana ha tenido un rol protagónico en el empuje de iniciativas como el Sistema Nacional de Cuidados, el registro nacional de deudores de pensión alimenticia, la ley que tipifica la inducción al suicidio femicida y ha tenido un rol clave en la articulación de los diferentes partidos de gobierno. Sin duda es una pieza clave en la gestión de este gobierno y no tengo dudas de que cuenta con la confianza del Presidente por la tarea que ha desempeñado. El resto es especulación y pequeñeces de las que no nos hacemos parte”, plantea.

Valencia no es el primer caso respecto del que Orellana ha levantado alertas. Conocida es su oposición a la incorporación del sacerdote jesuita Felipe Berríos a un equipo asesor del Ministerio de Vivienda dirigido por Carlos Montes.

En marzo de 2022, cuando recién asumían el gobierno, la ministra alertó al comité político del riesgo que implicaba mantener entre sus filas a Berríos, lo que -a su juicio- implicaba una revictimización de quienes fueron vulnerados por el miembro de la misma congregación, Renato Poblete.

Esa alerta, en el gobierno se la reconocen positivamente a la militante de Convergencia Social, sobre todo luego de que se iniciara una investigación en contra del propio Berríos por actos de connotación sexual.