Entra Bulnes y sale Mendoza: Aguas Andinas ajusta defensa por millonarios juicios con Sernac y explora “conciliación”

Bajo absoluta reserva mueve sus fichas Aguas Andinas para poner fin a dos millonarios juicios bajo la Ley del Consumidor. Las demandas se han vuelto un dolor de cabeza para la empresa controlada por el Grupo Agbar español y luego de sufrir un duro revés, decidió hacer un par de cambios.

Todo comenzó en agosto de 2017, cuando el Sernac del gobierno de Michelle Bachelet -liderado por Ernesto Muñoz- presentó dos demandas colectivas por la suspensión del servicio de agua potable en la Región Metropolitana. La primera se basa en el corte ocurrido entre los días 26 y 28 de febrero, respecto de la cual aún está pendiente la disputa en el tribunal de alzada y luego -eventualmente- en la Corte Suprema. Mientras, la segunda acción judicial denunció la interrupción del suministro ocurrida un año antes a mediados de abril, respecto de la cual aún no se conoce una sentencia.

Ambas demandas colectivas fueron presentadas sin cuantificar el perjuicio ocasionado a los clientes afectados. Sin embargo, los montos involucrados serían cuantiosos: el pasado 25 de marzo, la jueza del 4° Juzgado Civil de Santiago, María Paula Merino, condenó a la sanitaria a pagar una indemnización compensatoria superior a $16 mil pesos a un millón y medio de personas por los cortes de mediados de abril de 2016. Esto arroja la suma total de $24.000 millones.

Frente a la derrota, Aguas Andinas no se quedó de brazos cruzados. Sólo 13 días después de la dictación del fallo, los abogados Ramiro Mendoza y Matías Mori, socios del estudio MOMAG, presentaron un escrito al tribunal en el cual renunciaban al patrocinio y poderes conferidos por la sanitaria en la tramitación del juicio. El ex contralor de la República y ex vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE Chile) habían sido los abogados de la empresa desde un inicio de los juicios. Ambos fueron reemplazados por Felipe Bulnes, ex ministro de Educación y Justicia, y Enrique Urrutia, socios de Bulnes, Urrutia & Bustamante.

Seis días después, la maquinaria legal de la sanitaria lanzó una nueva arremetida. El 13 de abril, los nuevos abogados presentaron un escrito de casación que busca revertir la sentencia en la Corte de Apelaciones de Santiago. En el escrito -que cuenta con 65 páginas- Bulnes y Urrutia echaron mano a una serie de argumentos, entre los cuales destacó uno por sobre otros: la comparación que Aguas Andinas establece la colusión del “papel confort”, al sostener que el fallo la obliga a pagar una compensación “estratosférica”.

“En concreto, la Sentencia Recurrida condena a pagar a 1 millón y medio de personas en el extremo una indemnización que excede el doble de aquella que fue pagada en el caso de la colusión del papel higiénico. Así, tratándose de uno de los ilícitos económicos más graves -y lesivos para los consumidores- previstos en nuestra legislación (colusión entre competidores) y que marcó un hito en nuestro país dado que se extendió por años, la compensación fue de $7.000 por cada consumidor. Pues bien, en el caso de autos, donde, según ya se ha dicho y se demostrará, los elementos bases de la demanda deducida por el Sernac contra Aguas Andinas son un evento declarado como irresistible por la propia autoridad sanitaria, y que se verificó por el lapso de dos días, la sentencia dispone que ha de pagarse a cada consumidor compensaciones que superan los $16.000 por consumidor", acusó Aguas Andina.

“Semejante disparidad o contraste -que desafía el sentido común y cualquier noción de juridicidad y justicia- sólo se explica en una serie de errores de hecho y derecho de carácter esencial contenidos en la sentencia recurrida que, de no haber mediado, debieron necesariamente haber conducido al Tribunal de primera instancia a rechazar en todas sus partes la acción intentada por el Sernac, al punto que conforme a la ley debió haber declarado dicha acción como temeraria”, concluyó.

Y es que “a pesar de estar ante un caso de evidente fuerza mayor -según la compañía-, la sentencia impugnada condenó a Aguas Andinas. Pero lo sorprendente no es sólo la condena, sino que también, y quizás con mayor fuerza todavía, la estratosférica suma que ordena pagar a nuestra representada y los fundamentos que invoca al respecto”.

El cambio en su defensa también llevó a la compañía a explorar otras alternativas para sellar la disputa con el Sernac. El jueves 14 de mayo, Felipe Bulnes -en representación de Aguas Andinas- se reunió por medio de una videoconferencia con Alfredo Calvo, Coordinador de Juicios del Sernac. Según consigna el Portal de Ley de Lobby, la conversación, que se extendió por una hora, apuntó a “explorar posibles alternativas de transacción o conciliación en juicios seguidos ante el 4° Juzgado Civil de Santiago”. Ello en alusión a ambos juicios que enfrenta con la autoridad, citando incluso los roles de las causas.

Desde el Sernac señalaron que a la fecha “no existe una propuesta concreta al respecto y sólo se presentó la solicitud, por lo que hasta ahora, los juicios siguen su curso en tribunales. Cualquier propuesta de las empresas para buscar soluciones antes de una sentencia definitiva, debe cumplir requisitos básicos como considerar al universo total de los afectados, contar con un informe técnico, no ofrecer menos que lo exigido en el marco del juicio, y compensar oportunamente a los afectados”.

La Tercera PM contactó a Aguas Andinas para conocer si la cita obedece a un cambio de estrategia, pero la empresa declinó dar una versión. No obstante, sus anteriores abogados, ni Mori ni Mendoza se reunieron con representantes del Sernac para sondear una eventual acuerdo reparatorio, según es posible constatar en una revisión realizada al mismo portal de Ley de Lobby.

El pasado 29 de mayo, el ingeniero civil de la Universidad de Chile, Eduardo Espinoza entregó al 4ª Juzgado Civil de Santiago los resultados de un peritaje encomendado por el tribunal, que dan cuenta que por los eventos de turbiedad en el agua en 2017, Aguas Andinas “debió cortar el suministro de Agua Potable, para proteger la salud de la población y proteger la infraestructura instalada”.

Además señaló que “las medidas de infraestructura asumidas por Aguas Andinas S.A. en los Planes de Desarrollo acordados por la autoridad, durante el periodo 2008 al 2019, fueron más que suficientes , cumplidas a cabalidad, con una evaluación de la propia Superintendencia de Servicios Sanitarios, mayor que el 97%, cercano al 100% en obras específicas relativas a la cuestión de la Producción de las plantas de aguas Potables involucradas en los hechos del 2017”.

Frente a las conclusiones, el Sernac -por medio de un escrito- señaló que “la metodología utilizada por el perito para efectos de determinar el porcentaje de cumplimiento de las obras comprometidas en los Planes de Desarrollo de Aguas Andinas S.A., no permiten determinar si las obras comprometidas hasta febrero-abril de 2017, fueron ejecutadas en tiempo y forma de acuerdo al cronograma establecido en los Planes de Desarrollo”. El problema -según la autoridad- es que “el perito analiza todas las inversiones efectuadas y comprometidas por Aguas Andinas S.A. sin hacer ningún tipo de distinción, por ejemplo, considera las Plantas de Paine, Til Til, La Farfana, Buin, La Dehesa, Kennedy – Vespucio, río Mapocho e incluso, la conocida sanitaria ubicada en la ciudad de Osorno, ESSAL".