“Era conocido como un oficial extremadamente agresivo”: senadora Campillai responde a arremetida de coronel (R) Crespo ante la Corte

Once páginas tiene el informe que emitió la senadora Fabiola Campillai para responder al recurso de protección presentado en su contra por el excarabinero Claudio Crespo, luego de que la autoridad lo calificara como “violador de derechos humanos”.

Allí argumentó que sus dichos se enmarcaron en su derecho a la libertad de expresión y en que el otrora funcionario policial “ya era conocido como un oficial extremadamente agresivo”.

Esta disputa legal comenzó luego de que el excoronel, desvinculado de Carabineros tras ser acusado de disparar y cegar al estudiante Gustavo Gatica en noviembre de 2019, presentara un recurso de protección en contra de la parlamentaria, quien además de señalar que era “violador de DD. HH.”, lo vinculó con la empresa Full Clean, la cual se adjudicó un contrato con la Delegación Provincial de Maipo por cerca de $40 millones.

Por medio de la acción, el coronel (R) acusó que se vulneraron sus derechos constitucionales, pero la Corte de Apelaciones lo declaró inadmisible. Por lo mismo, Crespo y su defensa apelaron ante la Corte Suprema, la que ordenó la tramitación del recurso.

Ante eso, la Corte de Santiago solicitó un informe a la senadora Fabiola Campillai, víctima de violación a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, para que emitiera un escrito respecto de lo sostenido por el exoficial de Carabineros. Respuesta que tardó en llegar pues había sido mal notificada, pese a que Crespo había solicitado a la Corte que se suspendiera a la senadora.

En el escrito, la autoridad pide que se rechace el recurso de protección, ya que a su juicio no habría “necesidad de cautela”. Esto, argumentando que el recurso de protección no es la vía judicial idónea para la reclamación de Crespo.

Respecto a sus declaraciones, Campillai sostiene que “es un hecho público y notorio que el recurrente se encuentra acusado en calidad de autor en dos causas criminales actualmente, en ellas se le imputa por su accionar como agente del Estado del delito de apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas a Gustavo Gatica”, junto con otra causa del 2018 por hechos similares.

La parlamentaria agrega que Crespo “antes de ser acusado por estos crímenes ya era reconocido como un oficial extremadamente agresivo durante las manifestaciones estudiantiles de los años 2011 y 2012 en la ciudad de Valparaíso”. Agrega, asimismo, que también es conocido que el exoficial fue dado de baja de Carabineros tras manipular una cámara GoPro con grabaciones de procedimientos policiales del 8 de noviembre.

“Al señalar dichos hechos, que son de público conocimiento, no convierten en arbitrario mi actuar, existen motivos y razones fundadas para sustentar mi reclamación a la decisión gubernamental para tomar esa decisión”, enfatiza, citando los diversos informes sobre la situación de derechos humanos en el país en 2019.

Y agrega: “La difusión de los asuntos judiciales es una medida legítima en un Estado democrático de derechos y, en este sentido, mi crítica política es razonable y no arbitraria”.

La senadora también señala que lo sostenido por el exoficial debe ser visto en un tribunal en un proceso “de lato conocimiento” y no a través de esta vía judicial. “El recurrente manifiesta en su acción que tiene una afectación psiquiátrica, de la que no se aporta ni ofrece prueba alguna, cuestión que por lo demás, claramente, excedería la naturaleza cautelar de la acción incoada en mi contra”, argumenta.

En el fondo de la disputa, la senadora asegura que “hacer declaraciones públicas es parte del ejercicio de libertad de emitir opinión y la de informar sin cesura previa”. Además de eso, asegura que sus declaraciones se dieron “en ejercicio de mi función parlamentaria como senadora de la República, cargo que implica funciones de colegisladora, de representación popular, función jurisdiccional en el caso de las acusaciones constitucionales, entre otras que reconoce nuestro ordenamiento jurídico”.

Respecto a los cuestionamientos por la contratación de la empresa, Campillai asegura que la exigencia de explicaciones es al gobierno. Más adelante asegura que ella no ha solicitado la desvinculación de la empresa y tampoco ha pedido que Crespo no trabaje en dicha compañía, por lo que no existe infracción a las garantías constitucionales del coronel (R), por lo que al no ser dueño de la empresa “mal podría verse afectada la garantía constitucional”.

Junto con entregar una serie de antecedentes para que se rechace el recurso, Campillai concluye que “la declaración pública efectuada en mi calidad de senadora obedeció a una crítica política, fundamentalmente respecto de un acto de carácter público, cual es la contratación de los servicios de la empresa en que prestaba funciones el recurrente, manifestando mi desacuerdo con dicho acto y exigiendo explicaciones”.