“Errores administrativos”, pero “no existiría delito”: las conclusiones de la auditoría privada a la polémica compra de Cesfam en Las Condes

Entrevistas, revisión de correos electrónicos, actas y escrituras emitidas por el Conservador de Bienes Raíces. Todo ese análisis incluyó una auditoría encargada por la alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), a la firma AZ, para revisar el proceso de compra de diez inmuebles para la construcción de un Cesfam en la comuna.

La investigación surgió luego de la denuncia en el Ministerio Público realizada por cinco concejales -Catalina San Martín (Evópoli), Catalina Ugarte (Republicanos), Patricio Bopp (ex-UDI), Leonardo Prat (Republicanos) y Sergio Melnick (Republicanos)- en que acusaban una serie de irregularidades e ilícitos en la negociación que significó el pago de $ 852 millones por una de las diez casas que adquirió la municipalidad.

Casi tres meses después de iniciada la auditoría, esta ya arrojó sus resultados y conclusiones. “Es posible afirmar que durante el proceso de adquisición de algunos inmuebles, que configuran el terreno para su construcción, existieron errores administrativos. Lo anterior, sin perjuicio de que la decisión por parte de la Municipalidad de construir un tercer Cesfam, velando por la salud pública de los vecinos de la comuna, se encontraba dentro del marco legal”, se señala en el texto de 42 páginas, al cual accedió La Tercera PM.

El informe hace mención en reiteradas oportunidades de que las negociaciones no fueron bien coordinadas por parte de los encargados de llevar la negociación a cabo. Junto con eso, no se tomaron en cuenta -a juicio de los auditores privados- consideraciones técnicas para desarrollar el proceso.

Por ejemplo se señala que “es posible observar problemas de coordinación entre las distintas unidades de la Municipalidad, y en sus jefaturas, esto es, Dirección Jurídica, a cargo de don Patricio Navarrete, Secretaría Comunal de Planificación, Alejandro Contreras y Dirección de Control, a cargo de Eduardo López, así como la ausencia de flujos de trabajo preestablecidos, tanto implícitos como explícitos. Lo anterior, en términos generales, contraviene el principio de eficiencia y coordinación que rige a los Órganos de la Administración del Estado”.

En esa misma línea, en el documento se consigna que “se ha podido determinar que, pese a lo instruido por la alcaldesa, el proceso de adquisición de los inmuebles se llevó a cabo de manera inorgánica por las jefaturas de las unidades intervinientes, como una secuencia de procesos en los que se involucraron distintas unidades de la municipalidad, pero sin sinergia entre ellas”.

Las conclusiones del informe ya han ido generando algunas consecuencias. Por ejemplo, el 15 de junio, el jefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac), Alejandro Contreras, presentó su renuncia, pues se trata de un cargo de exclusiva confianza.

El profesional, sin embargo, se mostró disconforme con la medida y acusó que “he sido acusado injustamente a mi parecer, por cuatro concejales, algo que para mí cambia todo. No por su legítimo derecho a fiscalizar, sino a la forma de actuar, la cual daña irreparablemente las confianzas necesarias y mi honra, enlodando el sacrificio, esmero y profesionalismo que siempre he buscado imprimir en mi actuar”.

Durante las últimas horas se concretó una nueva salida, la del jefe jurídico, Patricio Navarrete, a quien la alcaldesa Peñaloza le pidió su renuncia. Navarrete es sindicado en el informe como el encargado de coordinar buena parte del procesos de adquisición por la vía de “trato directo”.

“Dado que el proyecto consideró la adquisición de los inmuebles por la vía de trato directo, necesariamente se debió haber motivado dicha decisión mediante la dictación de una resolución donde constataran sus fundamentos, cuestión que no se hizo por parte de quienes participaron en la adquisición y en particular por la Dirección Jurídica (...). La procedencia del trato directo no fue cuestionada por el director jurídico, Patricio Navarrete”, dice el documento.

La denominada “casa 10″ corresponde a la última propiedad adquirida por la municipalidad para llevar a cabo el proyecto. Por este inmueble se pagaron UF 24.280 -casi $ 850 millones-, excediendo el valor pagado por otras casas de similares características, por las que se cancelaron poco más de UF 14 mil.

Esto fue duramente cuestionado por los concejales, quienes tildaron la situación como un “nuevo caso Sierra Bella”, comparando con el fallido negocio de la clínica municipal que quiso instaurar la Municipalidad de Santiago.

¿Por qué se dio esta descrecencia de precio? Según la auditoría, “al haberse adoptado la decisión de comprar cada casa directamente a sus propietarios, al valor que ellos habían promesado con Vulcon se fue generando un saldo a favor de ésta, dado por la diferencia de valor entre el precio de las compraventas vs. lo acordado pagar a Vulcon por el paño, como un todo. Dicha diferencia se habría pagado mediante el aumentado del preciso de la ‘Casa 10′”, cumpliendo por esta vía y los otros mecanismos contemplados en el contrato suscrito con Vulcon, con el pago del valor acordado entre las partes.

Vulcon es del extenista Paul Capdeville, y operó como intermediario para la adquisición de la casa, pues se trata de una firma encargada de corretaje de propiedades.

En su sitio web, la empresa se describe como “una administradora de capital privado conformada por un equipo de ejecutivos de reconocida experiencia. Enfocada en el desarrollo inmobiliario habitacional, bodegas industriales, bodegaje de terreno y renta inmobiliaria comercial, y habitacional. Contamos con un equipo de más de 25 años de experiencia en la industria inmobiliaria e industria financiera”.

Otra de las denuncias más graves en la causa es sobre la supuesta falsificación de una de las actas del Concejo Municipal. La denuncia que los concejales presentaron ante la Fiscalía dice: “A la luz de los antecedentes (...) queda en evidencia que un empleado de la Municipalidad de Las Condes, sin estar dotado de aquellas facultades, alteró sustancialmente el Acuerdo N°54, adoptado en la 1101 Sesión ordinaria del Concejo Municipal de Las Condes, celebrada el 10 de marzo del 2022″.

En los antecedentes recabados por los concejales y que fueron expuestos ante el Concejo Municipal del 9 de marzo pasado, se detalló cómo se gestó la compra de los inmuebles, lo que incrementó las sospechas respecto de la “casa 10″. De hecho, en ese momento alertaron respecto de que el acta de lo aprobado por ellos había sido adulterada posteriormente y que en el texto modificado se incluía a las empresas que en ningún momento habían sido mencionadas, así como también las comisiones que estas recibirían y una promesa de compraventa por parte de la municipalidad.

Sin embargo, la auditoría advirtió que “el cambio en la redacción del acuerdo (...) se debe a un error de gestión interna y no a la intención dolosa de incorporar nueva información”.

El informe, aunque reconoce la falta de coordinación y errores administrativos, descarta la presencia de ilícitos en este proceso. “La adquisición de las propiedades se ajustó al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, no identificándose -a nuestro juicio-, la configuración de ilícitos en este sentido”, dice en el texto.

El documento ya fue entregado a los concejales, como también despachado al Ministerio Público y la Contraloría, y así sean esas instituciones las que determinen, finalmente, qué otros efectos podría tener una causa que tensiona a la Municipalidad de Las Condes.