El pasado 8 de diciembre, 30 personas fueron imputadas por el Ministerio Público por montar una organización dedicada a emitir licencias médicas fraudulentas. Según datos expuestos en la jornada de formalización en el 14º Juzgado de Garantía de Santiago, el promedio anual de licencias médicas que emite un médico varía entre 105 y 140, pero los siete médicos denunciados llegaban a las 1.600 emisiones en promedio.

Uno de ellos -Samir Rivaldo Hernández, médico colombiano de 29 años- emitió 16.039 licencias médicas en dos años, ocasionando, según la acusación, un perjuicio fiscal de cinco mil millones de pesos. Por esta razón, el juez Carlos Muñoz Sepúlveda decretó la prisión preventiva para él y los otros seis imputados, tres hombres y tres mujeres. Además, 23 personas quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de emitir licencias médicas.

Pero cabe hacer la siguiente pregunta: ¿Las personas que compran estos permisos también cometen un delito?

De acuerdo a la legislación actual, sí. Las personas que compran licencias médicas falsas eventualmente cometen el delito de obtención fraudulenta de prestaciones del Estado o fraude de subvención, cuyas penas quedan configuradas en el artículo 470 numeral 8 del Código Penal: puede sancionarse con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 15 UTM, es decir, hasta 917.000 pesos chilenos.

El abogado laboral y académico de la Universidad Autónoma de Chile, Sergio Zúñiga, explica que sí se puede interponer una acción judicial: “Los organismos estatales son los que tienen que calificar si la licencia que entrega el trabajador es fraudulenta, pero si el empleador sospecha, debe poner en conocimiento a la entidad médica y ésta debe evaluar si rechaza o acorta el permiso. Si se determina que hay un fraude, se puede denunciar al Ministerio Público y, en base a estos antecedentes, se podría configurar la causal de despido”.

Ahora, en el caso de la investigación de los siete médicos que están en prisión preventiva, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio, mencionó a CNN que no descartan perseguir penalmente a las personas que compraron este tipo de documentos.

“Se comete el delito cuando se emite la licencia médica, el médico que está emitiendo fraudulentamente la licencia médica comete un delito, pero también comete delito quien compra una licencia médica. Las dificultades probatorias que ha habido históricamente en esta materia es que precisamente se trata en la mayoría de los casos de atenciones psiquiátricas o problemas de salud mental. Por lo tanto, hay problemas probatorios justamente porque se trata de una materia compleja, de difícil prueba, porque naturalmente los particulares no se acercan a declarar, no prestan la debida colaboración y naturalmente se hace dificultosa, desde el punto de vista de la persecución de delito respecto de ellos, el delito de emisión fraudulenta y captación, en este caso la obtención de un subsidio estatal de manera ilegal”, señaló Peribonio.

Actualmente, la comisión de Salud del Senado revisa el proyecto que modifica la ley sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y aumentar las multas y períodos de suspensión de los emisores de licencias médicas, en los presupuestos que establece la ley.

Hoy la emisión de estos permisos médicos, con evidente ausencia de fundamento médico, implica multas que van desde 7,5 a 60 UTM para quienes las emiten. Ahora, el proyecto propone aumentar de 30 a las 300 UTM. También se extendería el periodo de suspensión de la facultad de emisión de licencias médicas para los profesionales de la salud que incurran en conductas abusivas, pasando de un año a dos años de duración.

Eso sí, durante la sesión de este martes, el senador e integrante de la comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), afirmó que el Ejecutivo debe incluir más indicaciones para sancionar a quienes utilizan estos permisos falsos: “¿Dónde están las multas y las herramientas para sancionar a los compradores de licencias médicas? Hasta el momento eso no está recogido”.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, asegura que fortalecer la norma ayudaría a perseguir mejor el delito: “Han pasado miles de cientos de miles de licencias médicas falsas para que lleguen a sancionar a estas pocas personas. Hay identificadas más de 600 personas que en definitiva han emitido licencias médicas falsas. A lo mejor, una legislación que te permita tipificar mejor el delito va a ser más fácil de perseguir. Y en ese sentido, creo que es buena una nueva legislación, si es que te permite identificar mejor el delito en todo el proceso en que se emite la licencia. Además, aquí hay un tercer responsable que es el que acepta o compra”.