Estado social vs. subsidiariedad: la batalla ideológica que se asoma en la Comisión Experta

Aunque los 24 expertos que escribirán el anteproyecto han sido cuidadosos en no adelantar los debates de fondo que tendrán que asumir a partir del próximo lunes, hay un tema sobre el cual varios de ellos ya han dado luces de que será una de las batallas ideológicas más importantes que se dará en el seno de la Comisión Experta.

Se trata del debate por la inclusión en la propuesta de nueva Constitución de la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho, el cual es una de las 12 bases acordadas previamente para el nuevo texto. La primera pista de que esta es una de las pugnas ideológicas centrales del debate constitucional se dio en la previa a la negociación del acuerdo por Chile.

Cuando los partidos estaban negociando las bases institucionales -los bordes que sepultaron la hoja en blanco- hubo una pelea intensa entre los dirigentes que estaban en la mesa por la inclusión de este punto. El asunto fue la principal bandera de lucha del oficialismo. Chile Vamos supo rápidamente que era un asunto en el cual estaban obligados a ceder, pero se encargaron de dejar explícito algo muy importante para el sector: la libertad de elección en la provisión de derechos sociales.

De esta manera fue que esa base quedó escrita de la siguiente manera: “Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

A pesar de que esa definición quedó amarrada en la Constitución vigente, los expertos deberán dotarla de contenido al momento de redactar las normas sobre este tema. Es aquí cuando los expertos designados por los partidos de Chile Vamos ya han adelantado que la inclusión de este concepto no significa el fin del principio de subsidiariedad actualmente reconocido de manera implícita en la Constitución.

El oficialismo está al tanto de la arremetida de Chile Vamos en este tema y se están preparando para enfrentar esa discusión. Así lo reconoce la experta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Magaly Fuenzalida: “La derecha está intentando pasarle gato por liebre a la ciudadanía con sus recientes declaraciones, tratando de maquillar el Estado subsidiario de Estado social y democrático de derecho. Su ofensiva no la aceptaremos, pues si algo se puede rescatar del proceso anterior, es este cambio de paradigma, que quedó zanjado en las 12 bases”.

Las palabras de Fuenzalida apuntan a varias señales que ha dado la oposición. El domingo, en una entrevista en el Diario Financiero, la presidenta de Evópoli y candidata a consejera por la Región Metropolitana, Gloria Hutt, afirmó que cree “en un Estado subsidiario activo, es decir, que no solo entra cuando no pueden entrar los privados, sino cuando hay que resguardar el interés de las personas”.

El interés en el tema no solo proviene del mundo liberal de la derecha. Ya la semana pasada el presidente ejecutivo del Instituto Res Publica, José Francisco Lagos, comentó en este medio que “hay que reivindicar la subsidiariedad como un principio constitucional que sigue vigente”.

Esa idea, con varios matices, también ha sido expuesta por los expertos del sector que integrarán la Comisión Experta. Una de las comisionadas de RN, Catalina Salem, comentó en entrevista con La Tercera que el Estado social y la subsidiariedad son dos principios que deben “convivir juntos” porque reflejan competencias distintas dentro del Estado social de derecho: “Se ha malentendido el principio de subsidiariedad y se ha interpretado como ausencia del Estado, y no es eso, es participación del Estado cuando la sociedad no puede alcanzar por sí misma sus propios fines específicos”.

En sintonía con esa reflexión, el experto de la UDI Máximo Pavez también es otra de las voces que impulsará normas que puedan compatibilizar ambos principios. “El Estado social y democrático de derecho tiene que estar orientado a que el Estado pueda ser activo en la provisión de ciertos bienes que aseguren un piso de dignidad, pero sin hipotecar la libertad de las personas para contribuir a la sociedad y para elegir”, comentó a este medio a inicios de febrero.

El comisionado agregó que “en ningún caso significa asfixiar la libertad de las personas, ni evitar, ni menos prohibir que las personas puedan concurrir con su libre iniciativa a la creación de otros bienes. En síntesis, el Estado social y democrático de derecho debe ser compatible con la libertad de las personas y su derecho a elegir, a crear y emprender”.

Otro de los expertos de RN que se ha referido al Estado social es Jaime Arancibia. “Un Estado que excluye, discrimina o atrofia arbitrariamente a las personas en ámbitos en las que pueden contribuir al bien común con su labor y talento, sujetas a las regulaciones, fiscalizaciones y subsidios públicos del caso (salud, educación, vivienda, seguridad social), no es verdaderamente ‘social’ sino ‘estatista’, no es ‘de derecho’ sino de ‘injusticia o subyugación’”, escribió el académico en una columna.

En esa misma línea, en algunas de sus intervenciones públicas, Arancibia ha complementado su visión añadiendo: “El Estado social garantiza prestaciones de dignidad a los integrantes más vulnerables de la sociedad. Estas prestaciones pueden estar a cargo del Estado directamente o de los particulares ‘subsidiados’ y regulados por este. De ahí que la subsidiariedad es una modalidad del Estado social”.

En la alianza de gobierno son varios los expertos del Consejo Constitucional que comentan que el Estado social es uno y que está más que desarrollado en la literatura constitucional. En esa línea, añaden que no aceptarán “fórmulas inventadas” y se limitarán a defender normas que apuntan al concepto tradicional del asunto.

En ese horizonte uno de los modelos que más apoyo podría concitar es el Estado social alemán. Así lo deslizó el experto del PPD, Francisco Soto, cuando hace algunas semanas comentó con La Tercera que “la experiencia europea hace que cuando se habla de Estado social y democrático de derecho tiene que ver con la priorización de ciertos derechos, donde el Estado asume un rol protagónico”.

El experto del PS Flavio Quezada ha dicho que “el Estado social no es incompatible con la provisión mixta de derechos sociales” y que “la mercantilización de los derechos atenta contra el Estado social y eso es lo que hay que evitar, lo cual es distinto a que existan proveedores privados”.

En conversación con este medio, profundiza en esa idea y se hace cargo del debate que se dará con los expertos de la oposición. “Las bases deben respetarse de buena fe. El Estado social no es una fórmula vacía, sino que tiene una historia que le da contenido. Es la síntesis de visiones conservadoras, liberales y socialistas, que confluyen en derechos sociales garantizados por el Estado, tarea en la cual pueden colaborar particulares. Me preocupa mucho que, desde ya, se intenten impulsar visiones incompatibles con lo anterior”, plantea Quezada.

La comisionada de Convergencia Social, Antonia Rivas, también ha tomado postura en este debate y es enfática en que el Estado social implica el fin del principio de subsidiariedad. “El Estado social es el fin del Estado subsidiario entendido como la mercantilización de los derechos. Eso no quiere decir que la provisión de derechos sea solo del Estado, sino que solamente tiene que tomar un rol preponderante en la garantía de esos derechos”, comentó el sábado con este medio.