Estado tardó ocho meses en cumplir acuerdo con la CIDH para control de Carabineros: Debía impedir crímenes como el de Alex Lemun

Debió estar vigente el 11 de marzo de este año, pero sólo hoy el Decreto Supremo del Ministerio de Interior que regula el uso de fuerza de Carabineros, somete a la institución al poder civil y pone en ejecución la facultad de solicitar antecedentes sobre procedimientos a la entidad, fue publicado en el Diario Oficial.

La medida obedece al acuerdo que el 9 de marzo de 2018 el Estado de Chile firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Edmundo Alex Lemun Saavedra. Esto luego de que un año antes, el 21 de marzo de 2017, la Comisión aprobara el informe de fondo sobre la causa de Lemun y estableciera la "responsabilidad de Chile por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, derechos del niño, derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Alex Lemun, su familia y la comunidad Requén Lemun" por la muerte por un disparo en la cabeza del menor percutado por un agente de la Comisaría de Carabineros de Angol, durante un operativo policial realizado el 7 de noviembre de 2002. Lemun tenía 17 años.

La CIDH estableció en aquella oportunidad que Lemun no recibió asistencia médica "inmediata y necesaria" y que la investigación realizada en la justicia militar "no cumplió con los estándares de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia en casos de violaciones a derechos humanos. A la fecha los hechos permanecen impunes". Y ordenó una serie de disposiciones para reparar a los familiares de las víctimas y garantizar que no se repetirían crímenes como de Lemun.

El 13 de noviembre, un día antes de que se produjera el homicidio de Camilo Catrillanca, por un tiro en la nunca tras un operativo de funcionarios del Gope, el titular de Interior, Andrés Chadwick, firmó el Decreto Supremo que exigía la CIDH.

Allí estableció que las fuerzas policiales deberán respetar y cumplir la ley en todo momento. Se lee que "los funcionarios policiales deberán evitar el uso intencional de armas letales, debiendo preferir el empleo de elementos o la adopción de medidas menos dañinas para lograr sus objetivos"; que "en caso que sea necesario emplear un arma de fuego, y siempre que sea posible, adecuado y útil, el funcionario policial advertirá claramente su intención de utilizarla. Esta advertencia no será necesaria en aquellos casos que con ella se ponga en peligro al funcionario policial o se cree un riesgo grave a otras personas"; que el uso de la fuerza en contra de las personas ya detenidas será posible sólo cuando sea "estrictamente necesario para concretar la detención, para mantener la seguridad y el orden en las unidades policiales o cuando esté en peligro la integridad física de alguna persona"; que se hará una "revisión y actualización periódica de los protocolos de actuación de Carabineros de Chile en intervenciones para la mantención del orden público"; y que se presentarán informes semestrales al Ministerio del Interior, por medio de la Subsecretaría del Interior, que contengan información estadística relativa al uso de la fuerza y episodios violentos.

Según explica Ximena Risco, directora jurídica de Interior, el exministro del gobierno de Michelle Bachelet, Mario Fernández, que fue quien firmó el acuerdo, sí envió un decreto antes de salir de La Moneda, pero éste no pasó el estándar de Contraloría por una serie de deficiencias técnicas. El organo contralor así lo informó el 20 de abril.

Tras ello se inició un trabajo que culminó con la firma el 13 de noviembre del nuevo texto. Según pudo reconstruir La Tercera PM, éste ingresó a Contraloría el 19 de noviembre, cinco días después de la muerte de Catrillanca, y fue devuelto el 21 para cambios menores. Retornó a toma de razón el 26 de noviembre y el 28 pasado ya tuvo todos los vistos buenos.

¿Si la demora no se produjo por temas administrativos, qué ocurrió?

Risco sostiene que en el gobierno anterior el documento "fue sacado a la rápida por cumplir el plazo y era deficitario. Nosotros nos encontramos con la representación de la Contraloría y procuramos contar con un documento eficiente. Tuvimos que ajustar los criterios al cumplimiento internacional y al lineamiento de fuerza policial. No era tan simple. Presentamos entonces el mejor decreto posible y con eso se activan los 90 días para la revisión de protocolos vigentes".

Consultada respecto de lo emblemático que es que se haya firmado el 13 de noviembre considerando las semejanzas entre los casos de Lemun y Catrillanca, Risco plantea que "lamentablemente fue suscrito el día anterior, no teníamos cómo saber qué iba a pasar el 14. Lo importante es que fue suscrito y está vigente. Es un instrumento muy efectivo para cumplir con la no repetición".

En tanto, el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, aseveró que "lo que hace el decreto supremo, a solicitud de la CIDH, permite actualizar los protocolos (de uso de fuerza), que estos sean conocidos y que participe la sociedad civil y el INDH. Hay una nítida sobreposición de los tiempos (por la muerte de Catrillanca), pero aquí se está cumpliendo con un tema que viene desde hace años atrás".

El acuerdo del Estado con Chile estableció una serie de obligaciones que debían ser cumplidas en un plazo establecido. Así, por ejemplo, se determinó que el Estado reconocía su responsabilidad en este crimen y mantendría visible los términos del acuerdo durante un año en las páginas web de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior y en la página de Carabineros; que se realizarían gestiones para garantizar que la familia de Lemun accediera a la adquisición de terrenos, ya que mantenía un proceso abierto ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); que se facilitaría una beca para que Rodrigo Lemun, hermano de Alex, pudiera continuar su educación media y superior.

Y que habría dos medidas específicas para garantizar la no repetición de una muerte como la de Lemun: Capacitaciones y un Decreto Supremo como el que se publicó hoy.

Sobre el primer punto, se trata de una preparación en terreno a carabineros asignados a funciones en la Araucanía para reforzar el "entrenamiento permanente de su personal operativo en técnicas de intervención policial ajustadas al estándar internacional para el uso de la fuerza; capacitaciones semanales de contenido teórico-práctico en el Centro de Perfeccionamiento de Carabineros; y cursos de capacitación para instructores multiplicadores en derechos humanos aplicables a la función policial".

En paralelo, se deben incorporar "estándares internacionales que deben regir la actuación policial en contextos de protestas sociales y comunidades indígenas".

Además, la Corte Suprema se comprometió "a establecer coordinaciones con la Academia Judicial de Chile a fin de que estudie la adecuación de la oferta docente de sus cursos de formación y de perfeccionamiento dirigido a jueces y juezas del Poder Judicial, en materia de estándares internacionales aplicables a la investigación, juzgamiento y sanción de episodios violentos en el marco del uso de la fuerza por agentes estatales".

Respecto del Decreto Presidencial se plantea que debe estar vigente el 11 de marzo y que "establecerá los lineamientos sobre el uso de la fuerza en conformidad con los estándares internacionales sobre derechos humanos en esta materia" y que "contendrá un mandato para la revisión de protocolos existentes en la materia a la luz de los estándares internacionales".