Eran cerca de las 8:30 de la mañana de este lunes cuando un incidente marcó la jornada del día en que se ponía en marcha blanca la exigencia de cédula de identidad chilena para ingresar al mercado Lo Valledor.

Resumidamente, un altercado entre una conocida mujer del sector -que más tarde sería dejada en prisión preventiva- y guardias privados del lugar terminó con ella arrebatándole el arma de fuego al vigilante, logrando efectuar seis disparos, los que terminaron hiriendo a otro guardia y a otras dos personas correspondientes a la prensa.

Paradójicamente, la medida sobre la cédula de identidad tiene por objetivo mejorar la seguridad del lugar.

Desde la jefatura de Carabineros de la Zona Santiago Oeste explicaron que la discusión con la mujer que terminó disparando nació durante el control que se hace en el acceso al mercado, en el que la mujer se resistió al control y comenzó a amenazar con un arma blanca -una lima de uñas- a un guardia privado. Fue en ese momento cuando llegó a su ayuda un vigilante privado, quien intentó reducir a la mujer por la espalda, acción que facilitó que esta pudiera sustraer su arma de servicio, para posteriormente efectuar los disparos.

“Desde el primer minuto salí a respaldar esta medida, pero esto fue muy mal implementado”, señala Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda (PAC), donde está emplazado el mercado, a La Tercera. Y suma: “Todos sabíamos que esto iba a generar diferencias y que podía terminar en algún hecho de violencia. Nunca pensé que una marcha blanca se iba a convertir en una marcha roja”.

En todo caso, el edil cree que más que retraer la medida, “hay que perfeccionarla, porque esto ha generado muchas dudas y por eso es que se abrió este flanco a la discriminación, porque si los puntos se hubieran aclarado y se hubiera dicho que esta medida apuntaba solo a personas que estuvieran de forma irregular, esto hubiese quedado zanjado y hubiésemos evitado todos estos roces”.

Pero, ¿qué dice la normativa? Desde el 14 de marzo Chile tiene una nueva Ley de Seguridad Privada, que regula a las personas que ejercen este tipo de seguridad, y dentro de lo más relevante busca estandarizar el rol de las empresas de seguridad privada, define qué es seguridad privada, moderniza los procesos de certificación de guardias de seguridad y vigilantes privados, y regula la seguridad privada en eventos masivos, entre otros.

La ley, en primera instancia, diferencia a los guardias de seguridad, nocheros y porteros, de los vigilantes privados. Ahora falta dictar el reglamento para implementarla. Como sea, en la ley se establece que mientras los primeros no tienen la facultad de portar armas de fuego y visten uniformes de color negro con chalecos de color rojo que indiquen en su vestimenta que son seguridad privada, los vigilantes privados son los únicos que pueden portar y usar sus armas de servicio, además de vestir un uniforme tipo “slack” de color azul.

Los vigilantes privados, a uno de los cuales le quitaron el arma que portaba en Lo Valledor, “tienen como único y exclusivo objeto la protección y seguridad al interior de edificios, destinados a la habitación, oficinas u otra finalidad. En general se encargan de la protección y seguridad de los bienes y personas que se encuentren en dichos lugares”.

Para su proceso de acreditación, deben seguir el curso de formación de vigilante privado de 100 horas, más el perfeccionamiento antes de un plazo de 2 años, asistiendo a un curso de 40 horas, además de la rendición de exámenes ante la autoridad fiscalizadora. Posterior a eso, se emite un certificado de aprobación, tras el cual se puede solicitar la tarjeta de identificación, otorgada únicamente por Carabineros.

En tal sentido, más que la formación como tal, el alcalde de PAC cree que aquí falto coordinación entre el mercado, el municipio, la Delegación Presidencial y el Ministerio del Interior para dar el vamos a esta medida. “Ahora, si ya sabíamos que esta medida iba a generar situaciones complejas, tendría que haber estado Carabineros presente apoyando la labor que está realizando la seguridad privada”.

Con todo, Astudillo asegura que “obviamente queda en duda si el protocolo de los guardias privados es correcto, si es que hay un entrenamiento suficiente, si es que el armamento que debe portar la seguridad privada tiene que ser un arma de fuego o tiene que ser otro dispositivo, como por ejemplo el electroshock”.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, apunta con más fuerza al actuar de la seguridad privada: “Esto se trató en un principio de la seguridad privada del lugar (...) Lo que estamos revisando ahora administrativamente es que se realice una investigación por parte del OS10 de Carabineros”, explica, afirmando que fue la baja capacidad de inmovilizar a la mujer y lo expuesta que está el arma lo que evidenció la falla del protocolo. Además, enfatiza que son las policías quienes están más preparadas para abordar este tipo de problemáticas.

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, además, afirma que “hubo una decisión apresurada, deberíamos haber presentado esta medida antes y haberlo hecho de manera muy planificada para justamente evitar el horror que vivimos hoy”, antes de asegurar que está pidiendo que Lo Valledor se declare como infraestructura crítica en el marco de la discusión de esa ley.

Los hechos se dieron justo en la víspera de una reunión que desde la semana pasada ya habían pactado autoridades de gobierno con representantes del mercado Lo Valledor y la Vega, justamente para tratar la seguridad de los recintos. En representación del gobierno estuvieron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

En este encuentro se acordaron cuatro medidas para fortalecer la seguridad: permitir el ingreso con documento de identidad válido a chilenos y extranjeros, se trabajará en empadronar a trabajadores de ambos mercados, incorporación de tecnología como cámaras de vigilancia, e instalación de detectores de metales.

Sobre una próxima reunión, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que el próximo 15 de mayo se reunirán nuevamente para hacer un balance de las medidas, además de anunciar que se sumarán a la presentación de una querella por homicidio frustrado en contra de la mujer que efectuó los disparos.

Mariana Cea (54), protagonista del incidente, es una vendedora ambulante que se ubica en las afueras de Lo Valledor. Además, se encuentra en situación de calle, según informó Carabineros. Acorde a las primeras informaciones del caso, existían indicios de que la mañana de este lunes se encontraba bajo los efectos del alcohol y en el pasado fue detenida en dos ocasiones: por maltrato de obra a Carabineros y por hurto a un local comercial.

En cuanto a las indagatorias del caso, la Fiscalía Metropolitana Sur asumió la investigación. Y así, tras el control de detención realizado durante la tarde del lunes en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago se decretó prisión preventiva para la mujer, quien resultó imputada como autora de tres delitos de homicidio frustrado.

“La Fiscalía formalizó por todos los delitos que estimó amerite investigar desde ahora. Esto es las amenazas originales que esta persona había efectuado respecto a un guardia; la sustracción del arma en primer lugar -porque el arma no fue entregada de manera voluntaria, sino que tuvo que ser sustraída-; el porte de arma propiamente tal, y los que se configuran atendida la dinámica que todos pudimos observar en los videos, donde independientemente de estar reducida o con alguna dificultad para moverse, intentó hacer puntería e intentó darles a las personas que se encontraban, por lo tanto en lo que compartió el tribunal se configura un eventual dolo de matar y por eso se formalizó con tres delitos de homicidio”, precisó el persecutor Víctor Núñez, de la Fiscalía Sur.

Pero, asimismo, la Subsecretaría de Prevención del Delito anunció una fiscalización a la empresa de seguridad del lugar, ya que tras la publicación de la nueva Ley de Seguridad Privada es esa repartición de gobierno la que está a cargo de la fiscalización de las empresas que prestan dicho servicio. Investigación administrativa que en este caso deberá determinar las falencias en el procedimiento.