El 9 de marzo de 2021, Claudio Cilveti, gerente general de la Asociación de Vinos de Chile, envió una carta a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Carolina Goic. En la misiva, el gremio que reúne a las grandes empresas vitivinícolas del país, como Viña Concha y Toro, Viña San Pedro y Viña Santa Rita, entre otras, expresó su preocupación por el proyecto de ley que regula las bebidas alcohólicas, cuya tramitación entró en recta final. Mañana jueves, la comisión mixta votará las indicaciones del futuro cuerpo legal, luego de que el pasado martes el gobierno decidiera aplicar urgencia simple a la iniciativa.

“Es nuestro deber advertir a la comisión la enorme injusticia y las consecuencias que se podrían derivar de eliminar la palabra exceso de las advertencias de salud que contempla la normativa en discusión, quedando una relación directa de daño entre nuestro producto y la salud de las personas, lo que resulta falso y despreciativo para nuestro sector”, consignó la carta que también fue enviada a la ministra de Agricultura, Emilia Undurraga, y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez.

Se trata de un proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados el año 2002 y la industria del vino y la cerveza mira con preocupación, pues, a su juicio, podría acarrear graves perjuicios. Entre los promotores de la iniciativa coinciden en que la presión no es menor por parte de las grandes empresas viñateras y cerveceras. El senador Francisco Chahuán (RN) sostuvo que parlamentarios de regiones viñateras han obstaculizado durante años el avance del proyecto, que no sólo regula el etiquetado de las bebidas alcohólicas, sino que también establece una serie de prohibiciones a fin de reducir el alto nivel de consumo de alcohol entre los jóvenes.

En mayo de 2019, una investigación publicada por la revista médica británica The Lancet sobre el consumo de alcohol reveló que en Chile la ingesta de bebidas alcohólicas en 2017 fue un 40% más alto que el promedio mundial. En esa línea, también alertó de lo que podría pasar en un futuro no tan lejano, en el que se prevé que aumente otro 22% per cápita en el país para el 2030.

Mientras, el senador Guido Guirardi (PPD) sostuvo que “el lobby es gigantesco” y en muchas ocasiones este tipo de normativa termina muriendo. En efecto, el actual proyecto de ley que introduce ajustes al expendio de bebidas alcohólicas pasó seis años siendo discutido en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

En tanto, el senador (PS) Rabindranath Quinteros explicó que “existe una serie de aspectos controversiales en el proyecto, entre ellos las exigencias de etiquetado de toda bebida alcohólica de graduación, o las advertencias respecto de los daños asociados al consumo. La discusión va a girar en torno a qué tan dura será la ley respecto de cuestiones como las leyendas preventivas incluidas en los envases y el tamaño de las etiquetas, la promoción y la publicidad. Si, por ejemplo, la prevención debe ser respecto del consumo excesivo de bebidas alcohólicas o del consumo de éstas. Otro gran tema tiene que ver con permitir o no la participación de marcas alcohólicas en eventos deportivos.”

Pero la discusión entre los privados ligados al mercado del vino y la cerveza pasa por los tonos y énfasis del nuevo mensaje que deberán exhibir las bebidas alcohólicas. A modo de ejemplo, el presidente de la Asociación de Vinos de Chile, Aurelio Montes, explicó que una mayor regulación como, por ejemplo, un anuncio más grande con fondo blanco y letras negras diciendo que el consumo de alcohol es dañino para la salud perjudicaría a la industria.

“Una cosa así de violenta que diga que el alcohol es malo para la salud revela que ha habido muy poco debate. El vino es un producto natural y hay muchas miles de hectáreas en Chile y que da empleo a 100 mil personas de manera estable y a otras 500 mil de manera indirecta. Hay un debate que está quedando inconcluso”, acotó.

La Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi) sostuvo que cinco son los puntos de mayor discrepancia. El primer artículo incluye una redacción relativa a la prevención del “consumo”, debiendo decir -según el gremio- “consumo excesivo”. Esto “estigmatiza a una industria legal que aporta a la economía, además de no contraponerse con las políticas de la OMS que buscan prevenir el consumo nocivo”, señaló una minuta interna de la agrupación. Asimismo, el proyecto establece una compleja coordinación e incierta redacción en plazos al proponer una regulación de etiquetado vía reglamento que debe desarrollar un conjunto de ministerios, como Ministerio del Interior, Economía, Salud y Agricultura.

Además, en el proyecto se agrega la propuesta de incluir las advertencias en la cara principal, lo cual, según el gremio, contraviene tratados de libre comercio y acuerdos de Chile con la Organización Mundial de Comercio. La iniciativa también establece una etiqueta secundaria, con acuerdo transversal de tamaño y contenido de 0,8 cm2, y se propone un aumento de tamaño a 1,5 cm2.

El proyecto también prohíbe la publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas a través de carteles, letreros, paneles o pancartas. Con ello, según Acechi, se “genera un tremendo daño a la economía, y un gran efecto sobre empresas mayoritariamente pymes, industria gastronómica, turismo, etc. Por ejemplo: se acaba la Ruta del Vino”.

Dirk Leisewitz, presidente de Acechi, más directo en el tono -a diferencia de su par del gremio viñatero- sostuvo que es muy probable que la discusión incluso termine fuera de Chile y en particular en la Organización Mundial de Comercio (OMC). A su juicio, una regulación que apunte directamente a calificar de manera negativa el consumo de alcohol para la salud vulneraría no solo acuerdos de libre comercio, sino que también tratados de propiedad intelectual. En efecto, en su carta, Cilvetti le recordó a la senadora Goic que “esta iniciativa debe ser tramitada ante la OMC, seno en el cual estamos seguros que recibiría reparos por el intento de frenar el comercio, más allá de una legítima regulación”.

Por su parte, Leisewitz -quien también es un histórico ejecutivo de CCU, conglomerado propiedad del grupo Luksic y Heineken- explicó que en la tramitación del proyecto “tuvimos una discusión en los empaques secundarios de six pack o full pack que exhiben las estanterías de supermercados o cualquier negocio. En ciertos periodos del año debe llevar una advertencia, diciendo que beber en exceso bebidas alcohólicas puede producir daños a la salud o causar daños a terceros, más otra frase que puede ser producto para mayores de 18 años o la mujer embarazada no debe beber alcohol. Esas dos frases se iban a insertar, pero el punto que seguimos debatiendo es que esas dos frases, que son 140 caracteres, tenían que ir en un tamaño tal que es igual al 50% del tamaño de la marca que aparece en la etiqueta”.

“Entonces, si tengo una marca en la etiqueta, voy a usar a Cristal como ejemplo o puede ser Heineken o Becker. Supón que haya tenido cinco o cuatro centímetros la marca en el empaque, nosotros teníamos que hacer una marca de 2,5 centímetros. Esto ocupa casi toda la cara del empaque y demoniza a un producto”, sostuvo.

El presidente del gremio que reúne a grandes cerveceras, como AB InBev Chile, cuyas marcas más conocidas son Baltica, Stella Artois y Budweiser, entre otras, explicó que como industria están todos de acuerdo en atacar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, pero la indicación que introduce el gobierno cambia eso y apunta sobre las consecuencias del consumo. “No estamos de acuerdo a que se ataque el consumo por sí mismo. Eso no es correcto ni corresponde. No está en línea con la OMS ni con la OMC. Esto es deslegitimar una industria, no sólo local, sino que mundial”, remató.