Excarabinero y titulado el 2020: Quién es el abogado asistente investigado por la propia Fiscalía tras polémica libertad de miembros del Tren de Aragua

“Por el Ministerio Público comparece Luis Alejandro Soto Pérez, su señoría”. Eran las 11:45 de la mañana del pasado lunes 3 de junio cuando el ahora cuestionado abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos se presentó ante la jueza Daniella Pinto, en la audiencia de revisión de las medidas cautelares de presuntos miembros integrantes del Tren de Aragua, quienes están imputados -entre otros delitos- por secuestro agravado.

Ese sería el inicio de la audiencia que terminaría con cuatro de los sujetos con una medida cautelar modificada, pasando de la cárcel a un arresto domiciliario total. Cambio en las cautelares que se habría generado -según lo señaló la propia magistrada- luego de que el abogado asistente del Ministerio Público, y exfuncionario de Carabineros, no fundara las razones para mantener a los imputados tras las rejas.

La comparecencia del abogado no solo ha generado que el Ministerio Público abra una investigación administrativa para determinar qué pasó en esa audiencia y si es que se siguieron los protocolos de actuación establecidos por la Fiscalía Regional de Coquimbo, sino que también una indagatoria penal en su contra.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció la mañana de este viernes la apertura de esa investigación, la cual se inicia “por una denuncia interpuesta por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, en contra del abogado asistente de esa Fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por hechos eventualmente constitutivos de delito ocurridos en la audiencia desarrollada el 3 de junio pasado en el Juzgado de Garantía de Los Vilos”, sostiene el comunicado de la Fiscalía Nacional.

Valencia asignó esta investigación penal al fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, quien deberá determinar si es que existieron delitos -presuntamente de obstrucción a la investigación- en el actuar del abogado del Ministerio Público, quien tiene dicho título desde el 2020.

Los cuestionamientos al abogado surgen luego de que durante la audiencia del pasado lunes no pudiera contraargumentar los fundamentos de las defensas de los imputados presuntamente vinculados al Tren de Aragua. Actuar que generó la molestia y reparos, incluso, de la propia magistrada Daniella Soto.

Pero ¿quién es el cuestionado abogado? Luis Alejandro Soto Pérez (50) es uno de los dos abogados asistentes de la Fiscalía Local de Los Vilos, la cual -en total- cuenta con cuatro funcionarios, entre los que se encuentra el único fiscal de la zona, Patricio Jory.

Soto, abogado de 50 años es oriundo de la Región del Maule, donde cursó sus estudios medios, específicamente en la comuna de San Clemente. Luego de eso, según fuentes de La Tercera, ingresó a Carabineros, institución a la que perteneció hasta su retiro como suboficial mayor. Además de su carrera policial, Soto es abogado de la Universidad Central, institución en la cual se tituló en agosto del 2020, según consta en el registro de abogados del Poder Judicial. Tras egresar ejerció su profesión de manera independiente con especialidad en derecho en familia y penal.

Su llegada al Ministerio Público fue el 8 de enero del 2024, tras ganar un concurso público. Es decir, llevaba cinco meses en la institución a la fecha en que ocurrió la cuestionada audiencia en la cual la jueza Pinto le llamó la atención por su actuar a la hora de alegar y que generó, incluso, que oficiara al Ministerio Público por aquello.

“Usted tiene que venir con un estudio acabado de la causa y decirme cuáles son los antecedentes concretos en los que usted puede fundar esta participación y por qué a la fecha se mantiene, porque las defensas están haciendo las alegaciones precisas y específicas y usted no me puede hacer alegaciones tan generales para poder resolver. ¿Cómo me pronuncio? ¿Le creo a usted solamente? Digo, ‘no es que el fiscal me dijo que estaba todo perfecto entonces yo rechazo (la solicitud) porque según él tiene todo lo que justifica la participación’, no puedo hacer una resolución de ese tipo”, sostuvo la magistrada ante la falta de argumentación de Soto.

La mañana de este viernes, en entrevista con Radio Agricultura, el fiscal nacional deslizó que el actuar del abogado asistente podría explicarse, incluso por haber recibido amenazas. Valencia calificó todo lo ocurrido con los adjetivos de “preocupación, autocrítica, indignación, vergüenza. Pero también mayor responsabilidad para tratar de determinar qué es lo que podemos hacer mejor y tratar de reparar aquello que tengamos que reparar”.

Junto con eso, el fiscal nacional sostuvo que “quisiera que se tuviera presente que una persona pudo haber sido víctima de amenazas, una persona puede haber sido víctima de distintas motivaciones para actuar de esa manera. Por lo tanto, ruego no prejuzgar”. En esa línea, Valencia también planteó que, pese a todo, “el tribunal pudo haber resuelto de manera diferente”.

La investigación penal anunciada este viernes por la Fiscalía Nacional, también considera -como toda investigación- la protección de víctimas y testigos, según señaló el propio comunicado del organismo.

“Lo que les pedimos a todos los fiscales y a todos los abogados asistentes, no solo profesionalmente, sino que de patriotismo, es que en audiencias de esta naturaleza, con delitos tan graves, con bandas tan peligrosas, actúen con el mayor profesionalismo y la mayor dedicación, la mayor prolijidad y la mayor responsabilidad”, concluyó el fiscal nacional, el que además anunció una investigación, ahora penal, en contra del cuestionado abogado asistente de las propias filas de la institución persecutora.