Falta de control de armas y pocos carabineros expulsados el 18-O: qué omisiones le imputa la fiscal Chong a los generales (r) Yáñez, Rozas y Olate el 18-O

A las 9 de la mañana de este miércoles, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago continuó la audiencia de formalización en contra de los generales (r) directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, además del exsubdirector Diego Olate. Otroras oficiales de la policía uniformados, imputados por la Fiscalía Centro Norte por su presunta responsabilidad en los delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social de 2019.

Durante la segunda jornada de la formalización, a la cual -igual que ayer- los generales (r) ingresaron por los estacionamientos del Centro de Justicia, como medida de seguridad, la fiscal Ximena Chong comunicó las omisiones en las que habrían incurrido los oficiales mientras estaban al mando de la institución durante el periodo de la crisis social, lo que derivó en que se registraran manifestantes que fueron vulnerados en sus derechos fundamentales.

Pero antes de entrar en ese detalle, la fiscal de Alta Complejidad continuó con su detalle de los 229 casos en los que los manifestantes resultaron gravemente heridos y que les imputa a los exoficiales las omisiones que derivaron en aquello. Sin embargo, este miércoles Chong redujo a 228 los casos, pues -según expuso en el tribunal- mencionó uno que ocurrió en diciembre del 2020 siendo que sólo estaban imputando hasta marzo de ese año. Según la fiscal, reparó en aquello después de que un querellante le advirtiera.

El total de casos que imputó el Ministerio Público durante estos días de audiencias es menor a la cifra que las defensas sostenían que los imputarían, la cual ascendía a los 1.386 casos.

Tres horas después de iniciada la audiencia, la fiscal Ximena Chong dio paso -dijo- a la “especificación de las omisiones”, las cuales habrían ocurrido entre octubre del 2019 y marzo del 2020. Según sostuvo la persecutora, “los imputados, contando con la autoridad y medios necesarios, principalmente a partir de sus potestades de supervisión y control, tenían el deber de impedir o hacer cesar la comisión reiterada de apremios ilegítimos por parte de sus subordinados, deber que omiten”, dijo Chong respecto a Rozas, Olate y Yáñez.

Seguido de eso, especificó que las omisiones de los exgenerales, que serían las obligaciones que no cumplieron se agrupan en cuatro áreas: el control y reglamentación del uso de armamento y municiones, el cumplimiento y promoción de los derechos humanos, el deber de supervigilancia y el deber de disciplina.

Para fundamentar la falta de control sobre las armas, la fiscal citó la serie de informes internacionales, noticias e información en redes sociales, que permitían saber a los oficiales (r) del daño que estaban provocando dichos elementos. En ese sentido, afirma que en ellos derivaban las obligaciones y responsabilidades de las adquisiciones de estas o el retiro del servicio. Acciones que no habrían ejercido pese a lo que ocurría con el uso de estos.

Las reglas del uso de las armas es otro de los elementos que cuestiona Chong, ya que existen manuales en el que no se incorporan las armas usadas y que habrían provocado las heridas. Pese a eso, la fiscal advirtió que hubo un uso abusivo de las armas lo que va en contra de lo establecido y de lo que faltó supervisión.

El segundo grupo de omisiones en las que habrían incurrido los imputados, expuestos por el Ministerio Público, es sobre el cumplimiento de las normas relativas a los derechos humanos. En ese sentido, Chong especificó el número de acuerdos, convenios y medidas que se tomaron en aquel entonces. Sin embargo, sostuvo que muchos de estos no se concretaron, por lo cual sostuvo: “La mera suscripción de estos acuerdos no constituye por sí mismas el cumplimiento de la protección debida de los derechos humanos, deber radicado en su materialización”.

Pese a eso, agregó, “los imputados utilizan estas pretendidas asesorías, para abordar las recomendaciones formuladas en el informe de Human Rights Watch (HRW)”. Por otro lado, también afirmó que respecto a los funcionarios que se desplegaron como observadores, no desarrollaron funciones en terreno.

Otra de las faltas en las que incurrieron los generales (r), según lo que imputaró la Fiscalía, es la falta de supervigilancia respecto al actuar policial. Entre los que se encuentra el hecho de evaluar periódicamente los planes y programas de ejecución de la policía ante el escenario del estallido social.

En ese sentido, apuntó que Yáñez contaba con la obligación de controlar y evaluar el actuar de los funcionarios al estar a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad. A nivel general, la Fiscalía imputó que los tres exoficiales debían entregar los lineamientos y dirigir a los subalternos, además de supervigilarlos. En ese sentido, Chong cuestionó las medidas aplicadas y que no tendrían efecto, como es el caso de los instructores de derechos humanos desplegados y que habrían trabajado pocas jornadas.

El último grupo de omisiones en las que habrían incurrido los oficiales en retiro, y que imputó el ente persecutor, es sobre las facultades de aplicar acciones disciplinarias. En ese sentido, Fiscalía argumentó que los exoficiales contaban con toda la información de los casos de víctimas, aunque pese a eso, las cifras entregadas por la institución no calzan con las denuncias que tienen los diferentes organismos.

Respecto a eso, afirmó en su imputación que los generales (r) no aplicaron cambios a las normas por las cuales se abrían sumarios ni modificaciones en el trabajo de quienes estaban a cargo de esas investigaciones internas. En esa línea, citó el bajo número de casos en los que hubo sanciones, ya que de los sumarios abiertos sólo el 5,6% tuvo una sanción.

En ese sentido, la fiscal Chong citó la cifra de 536 funcionarios que dejaron la institución durante el estallido social, de los cuales sólo 12 fueron bajas por hechos de apremios ilegítimos durante el 2019, lo que demostraría que las medidas disciplinarias fueron muy bajas y que aquello no sirvió para remediar los hechos que ocurrían.

Tras el término de la exposición de la Fiscalía, el juez Sánchez -tal y como lo plateó al inicio de la formalización este martes- propuso que la audiencia se suspenda hasta el próximo 14 de octubre como plazo para que el nuevo abogado del general(r) Yáñez pueda preparar su defensa ante las peticiones de cautelares de parte de los querellantes y el Ministerio Público.

Tras el término de la audiencia, el general (r) Yáñez afirmó que en esta formalización se omitieron “muchos antecedentes que contextualizan lo que ocurrió”.

Seguido de aquello, sostuvo que durante el estallido social “vivimos yo creo que uno de los hechos históricos más violentos desde la vuelta a la democracia en nuestro país. La memoria es frágil pero se incendiaron edificios, se quemaron iglesias, se destruyó el patrimonio público y privado, se destruyeron monumentos nacionales, se afectó la vida de miles de personas (...) ya nadie quería vivir ahí, finalmente terminó incluso en sacando monumentos nacionales que eran orgullo de un país y parte de nuestra historia”.

Yáñez señaló que las manifestaciones tienen limites, los que “están cuando empiezan a quebrantar el orden, cuando empiezan a afectar los derechos de los demás, los derechos de la ciudadanía. Y la policía, Carabineros en este caso, tenía la obligación de restablecer el orden con los elementos, con las herramientas y con las normas que el Estado nos había entregado. Eso fue duro, fue difícil”.

“Hoy día, pretender desde la teoría, después de cinco años, donde había que estar, donde estaban los carabineros, porque muchas de las personas que hablaron hoy día no estuvieron en el lugar donde los carabineros eran atacados permanentemente, donde resguardaban la seguridad las personas que vivían en esos lugares”, sostuvo el general (r).

Concluyendo su comparecencia, quien fuera general director de Carabineros hasta el pasado viernes, “es muy fácil hoy día hacer imputaciones respecto a las actuaciones de ellos, pero había que estar ahí. Entonces, es hoy día, absolutamente, y lo digo con mucha precisión: no habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese período. Y no podemos dejar la democracia en manos del vandalismo y de la destrucción. Sin orden no hay patria, y sin orden hay caos, y sin caos este país no se desarrolla, ni crece, ni avanza”.