Falta de recursos impide realizar diligencia clave para aclarar muerte de Neruda: Cuesta 23 millones de pesos

En octubre del año pasado, un panel de 16 expertos internacionales se reunió en un salón del hotel San Francisco, en el centro de Santiago. Tras una semana de análisis concluyeron que aquel 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe de estado, el poeta, premio Nobel de Literatura y militante comunista, Pablo Neruda, no falleció en la clínica Santa María producto del cáncer de próstata que le aquejaba, agregando que en un molar se encontró Clostridium botulinum, neuro toxina bacteriana causante del botulismo.

En esa oportunidad el tanatólogo de la Universidad de Murcia, Aurelio Luna, vocero de los 16 peritos, explicó que restaba saber "el papel de esa bacteria en el fallecimiento del poeta". Sin embargo dicho peritaje sigue pendiente, pues el Estado de Chile, a pesar del compromiso adquirido por el entonces Ministerio del Interior, no ha cancelado los 37 mil 165 dólares (algo así como 23 millones 400 mil pesos) que cuesta la pericia que se realizará en los laboratorios McMaster de Canadá y Copenhagen de Dinamarca.

La diligencia es crucial para Rodolfo Reyes, sobrino del poeta y querellante en el caso. "Se han recorrido miles de kilómetros y sólo faltan 10 metros para llegar a la meta y que se compruebe fehacientemente que Pablo Neruda murió a causa del Clostridium botulínico", dice el jurista que solicitó la pericia al ministro Mario Carroza.

El 28 de febrero pasado, el propio ministro Carroza envió el oficio 523/2018 al entonces ministro, Mario Fernández, consultando por los fondos para realizar la diligencia pendiente. Éste no tuvo respuesta. Lo repitió el 27 de abril al ahora titular de la cartera, Andrés Chadwick , con el documento 1241/2018. Nuevamente no obtuvo respuesta.

El 15 de mayo pasado, Reyes envió una carta a Chadwick, explicándole que "existe un retardo de a lo menos ocho meses en el pago de honorarios adeudados a los laboratorios en Canadá y Dinamarca". Agregó en el escrito -que fue recibido al día siguiente por la subsecretaría del Interior- que "esta dilación provoca perjuicios a la investigación y retarda su avance. En especial, ya que el laboratorio Mac Master de Canadá debe realizar una última pericia complementaria, lo cual resulta impresentable exigirla, sin antes haber sido pagados sus honorarios".

Sólo esta última misiva enviada a mediados de mayo por el sobrino de Neruda a Interior, fue respondida el pasado jueves 31 mediante un correo electrónico firmado por el abogado del departamento jurídico de la cartera, Ítalo León veliz, quien escuetamente pide disculpas e informa que "están averiguando y estudiando la procedencia de disponibilidad de fondos".

En 2011, durante la primera administración de Sebastián Piñera, el ministerio del Interior, a través del entonces programa de Derechos Humanos, se hizo parte en el caso Neruda. En 2015, ya en el gobierno de Bachelet y a requerimiento de Carroza, se autorizó la contratación del panel de expertos, sin embargo, el traspaso del programa a la cartera de Justicia dejó en tierra de nadie la responsabilidad de los pagos. En ambas carteras prefieren no hablar por ahora, a la espera de que se determine quién se hará cargo de estos. "Seguimos insistiendo, porque esto paraliza la causa", advierte el querellante en representación del PC, Eduardo Contreras.

En enero el ministro Carroza ofició al Servicio Médico Legal para realizar la pericia en Isla Negra. El organismo dijo tener disponibilidad para tomar muestras, pero no para enviarlas a Canadá, porque "involucran costos económicos no considerados en el presupuesto 2018". Ante eso, y a petición de los querellantes, Carroza autorizó que la pericia la realizara el laboratorio de criminalística de la PDI, pero "sólo una vez que se acredite mediante documentación pertinente, el financiamiento del costo de envío de las mismas al Laboratorio Mac Master de Canadá".

"Es bien vergonzoso cuando a uno le cobran en lo privado, y más aún si se trata del Estado, el que debería resolver este tema a la brevedad, pagando", dice molesto el querellante Rodolfo Reyes, quien enfatiza que "falta derechamente voluntad política para terminar con esto".

El 8 de marzo de 2018, tres días previo al cambio de mando, el gobierno de Bachelet, a través del ministerio del Interior, se querelló contra todos quienes resulten responsables del homicidio calificado del Premio Nobel de Literatura.

El escrito dice que se acreditó que en el "ADN de la víctima, había presencia de Clostridium botulinum, arma biológica utilizada en otras ocasiones por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)". Agrega que estando Neruda en la clínica Santa María, el día de su fallecimiento, "la enfermera María Araneda, por instrucción del doctor Sergio Draper le administró una inyección en su abdomen... Existe constancia de la colaboración de Draper con la DINA" y que Neruda fue examinado por médicos procesados como presuntos autores del homicidio del ex presidente Frei.