Felipe Guevara (RN): “En Chile hay una crisis de autoridad muy importante, eso se alimentó con el estallido y continúa hasta hoy”

Alejado de la primera línea de la política, el exintendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara (RN) se ha dedicado a sus emprendimientos privados. Pero, en este tercer aniversario del 18 de octubre, vuelve a sacar la voz, pues fue uno de los que estuvieron a cargo del manejo político del orden público durante el estallido social que remeció al gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En esta entrevista, el exalcalde advierte que “no hay nadie que pueda decir que la violencia del 19 de octubre simplemente pasó a la historia de nuestro país. Perfectamente puede resurgir en estos días y meses”.

A tres años del estallido social, ¿qué balance hace del gobierno en esa época?

Fue un momento sorpresivo, muy duro, muy violento. No solo para nosotros. En esa época vinieron observadores de policías, una delegación de Barcelona, otra de Alemania, e incluso ellos, que eran las fuerzas especiales de esos países, se sorprendían del enorme nivel de violencia. No existía dentro de las preparaciones que tiene el gobierno, el Estado, las policías, un escenario como el que realmente ocurrió por esa fecha.

¿Hace una autocrítica respecto de lo que fue el manejo del gobierno?

Nadie estaba preparado para esto. Por lo tanto, nadie puede decir que el plan que teníamos nos falló. Hay cosas que se hicieron bien y hay cosas donde pudimos mejorar. Por ejemplo, en la coordinación entre los distintos actores o poderes del Estado, la fiscalía, los tribunales de justicia, las policías a través del Ministerio del Interior. Ahí faltó una coordinación. Hubo momentos en que para nadie fue un misterio que Carabineros tenía un déficit y sigue teniendo un déficit en equipamiento.

¿Para usted hubo violaciones a los derechos humanos? Al gobierno siempre se le criticó por eso.

Ha habido algunas condenas. Acabamos de conocer la condena del carabinero que lanzó una lacrimógena e hirió a la senadora Campillai. Hay otros procesos que están en curso y, por lo tanto, más allá de la opinión que uno pueda tener, me quedo con dos o tres cosas. Primero, que no hubo una violación sistemática de derechos humanos, como bien lo dijo el jefe (de entonces) del INDH, Sergio Micco. Sí hubo atropellos que están siendo investigados.

¿Hace un mea culpa del actuar del gobierno frente a los abusos policiales? El gobierno era la autoridad civil y los carabineros los subordinados.

Hay que distinguir todo lo que dice en relación con la operación de Carabineros, que es absolutamente independiente de la autoridad civil del gobierno. El ministro del Interior no le puede decir a Carabineros que ponga tantos lanzaguas aquí, envíe tanto contingente para allá, controle tal cosa acá. Lo que hace el gobierno es dar directrices respecto de un escenario deseado. Deseamos que haya libre tránsito en los vehículos. Deseamos que no haya saqueos. El escenario deseado es lo que les transmite el gobierno a las policías. ¿Cómo se logra ese escenario deseado? Es la facultad que tienen los carabineros. Ningún ministro del Interior, hasta donde yo sepa, ha tenido una instrucción militar o policial que le permita ser técnicamente superior a los policías.

¿Pero no hace un mea culpa de cómo actuaron como gobierno?

En materia operativa, nada. Porque en materia operativa no hay ninguna facultad que le permita al Ejecutivo tener un rol de superioridad respecto de Carabineros. Insisto, nosotros no podemos decirle a Carabineros cómo operan.

La CIDH, por ejemplo, cuestionó la estrategia de copamiento que usted apoyó.

Esa es una estrategia que está en todos los manuales policiales del mundo, que tiene un nombre bien grandilocuente, pero que no es otra cosa que llegar antes de los manifestantes a un lugar donde va a ocurrir una manifestación. A eso se refiere. No tiene nada que ver con el uso de la fuerza, ni nada por el estilo. Existe hace muchos años, la anunció el propio gobierno, la ministra Izkia Siches, cuando se iban a producir efectivamente inconvenientes, hace tres meses.

¿Y de su gestión qué balance hace? Lo acusaron constitucionalmente.

Del punto de vista de la gestión, yo quedé muy conforme. Fuimos la región con más ejecución presupuestaria. Del punto de vista de la gestión administrativa tuvimos una muy buena gestión. En el tema del orden público hicimos todos los esfuerzos que podíamos en apoyar a Carabineros para colaborar con sus labores.

El tema de seguridad pública ahora es una de las principales preocupaciones. ¿Cree que el estallido social dejó consecuencias hasta el día de hoy?

El problema fundamental que tenemos son dos variables que se combinan de forma bastante triste: una es la frustración que existe en muchos sectores del país producto de un modelo que, por distintas razones, creímos que iba a traer ciertos beneficios que no ha traído. Ha traído muchos beneficios, desde luego. Tenemos índices de pobreza que los quisiera cualquier país de América Latina, de niveles de salud, y eso se ve, por ejemplo, en la esperanza de vida al nacer. Sin embargo, aún hay una frustración que se origina en una expectativa que al parecer era más alta. Habría que discutir por qué era más alta, que se origina en diversos factores y que genera frustración. Y, por otra parte, la pérdida de autoridad, que no es un problema de este gobierno ni del anterior. La pérdida de autoridad en las instituciones, que obviamente que afecta también a las policías y a Carabineros. Y el estallido fue una demostración de pérdida de autoridad. En Chile hay una crisis de autoridad muy importante, eso se alimentó con el estallido y continúa hasta hoy.

Muchos del gobierno actual cuestionaron a Carabineros en el pasado. ¿Eso ha contribuido en las deficiencias en el manejo de la seguridad?

Desde luego que ellos son también responsables, no solo de la violencia, sino que también de esa pérdida de autoridad. Cuando ocurre la violencia, cuando saquean un almacén, hieren a un carabinero o queman una iglesia. Usted tiene autores materiales del hecho, luego tiene cómplices que son activos, que los ayudaron, y hubo cómplices pasivos que son todas estas personas que alentaron, los que burlaron los torniquetes en el Metro, o con la motivación que hacían de la llamada primera línea. Es decir, los que validaron e impulsaron la violencia como una forma de expresión política. A nadie le cabe ninguna duda que el objetivo final era derrocar al gobierno de Piñera. Ese era el objetivo que buscaban estos políticos con esos tuits y mensajes.

¿Los que hoy día están gobernando fueron cómplices pasivos en el pasado?

Algunos de ellos. Yo no vi a Carlos Montes, Ana Lya Uriarte, Carolina Tohá ni a Mario Marcel en esa lógica. A otros sí los vimos en esa lógica. Vimos al Partido Comunista. Yo recuerdo que cuando partió el 18 de octubre las principales banderas eran las del PC. Luego las cambiaron por banderas ligadas a los pueblos originarios y desaparecieron las banderas comunistas, porque los propios manifestantes los expulsaban de las revueltas. Dirigentes que hoy día están en el gobierno, del PC, del FA, que hoy día son ministros o altos funcionarios, son cómplices pasivos. Ellos impulsaron la violencia a través de su apoyo directo a acciones que fueron claramente violencia política.

¿Cómo evaluaría lo que ha sido el manejo del orden público de parte de este gobierno?

Con puros titulares. Decir que se va a aumentar el presupuesto de seguridad en 4,4%, decir que iban a ser unos perros con la justicia, son puras declaraciones. Pero en la práctica uno ve que ese aumento de presupuesto es básicamente para el incremento de los sueldos del personal que, producto de la inflación, tienen que ser aumentados, igual que a todos los funcionarios del sector público (...). Se requieren recursos para mejorar los ingresos de los miembros de las policías, para mejorar el equipamiento, la tecnología, y ese presupuesto no se ve que venga en la Ley de Presupuesto.

¿Han seguido hablando de estos temas con el antiguo gobierno?

Desde luego, con el ministro Rodrigo Delgado, con el que más me tocó trabajar. Efectivamente nos comunicamos y tenemos una mirada de lo que está pasando, que lamentablemente no es muy positiva. No veo por qué va a cambiar la situación de seguridad si vemos cada vez más delitos, cada vez más violentos y una policía que no ha tenido el respaldo que debiera tener de parte de la autoridad. No veo que la cosa pinte para mejor. El estallido tuvo dos elementos que permitieron que bajaran los decibles: la pandemia y la ilusión de una nueva Constitución. No hay nadie que pueda decir que la violencia del 19 de octubre simplemente pasó a la historia de nuestro país. Perfectamente puede resurgir en estos días y meses.

¿Resurgir un nuevo estallido?

Con características distintas a las que hubo, pero sí la violencia expresada en violencia urbana. Es lo que estamos viendo con algunos colegios emblemáticos, con los overoles blancos, con las bombas molotov, con el ataque al cuartel militar.

Usted fue acusado por la Contraloría de un presunto conflicto de interés por una licitación pública que se ganó su hermano. Eso gatilló su salida del gobierno.

Contraloría se pronunció respecto del tema diciendo que esa situación estaba absolutamente superada. Desde ese punto de vista no tengo nada pendiente con la Contraloría.

¿Descarta todo lo que se le acusó en ese momento?

Sí, desde luego.