El excandidato presidencial de la Lista del Pueblo Diego Ancalao Gavilán afina una nueva arremetida en tribunales y esta vez no será en Chile. El otrora abanderado mapuche presentará, en las próximas semanas, una demanda en contra del Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de la investigación que enfrenta por la falsificación de firmas en su fallida postulación a La Moneda.

Desde el escándalo que lo tuvo en el epicentro de variadas acusaciones, Ancalao decidió recluirse en la tranquilidad de Purén, localidad ubicada en la provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía. Desde ahí y por medio de videoconferencias coordina cada semana su defensa, poniendo especial énfasis en que siempre actuó de buena fe.

En conversación con La Tercera PM, su abogada Myla Chávez explicó que la acción internacional es por una serie de vulneraciones que sufrió su representado en el marco de la búsqueda de firmas para formalizar su candidatura a La Moneda y que ahora es blanco de una investigación penal por la supuesta falsificación de esas rúbricas. “La xenofobia que existe en Chile nos hace estar seguros de la necesidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate esta tremenda conquista del proceso constituyente que tiene paridad, que hasta el expresidente Aylwin se comprometió con el reconocimiento constitucional de los pueblos y no se ha consolidado. En este caso, al aparecer, los grandes poderes vieron como un peligro a un mapuche que habla claro e incorpora un discurso del buen vivir”, explicó.

La abogada anticipó que en la acción irá en contra del Estado de Chile y en ella su cliente alegará una vulneración a la presunción de inocencia y al derecho a garantías judiciales fundamentales.

La defensora de Ancalao posee larga experiencia en litigios a favor de comunidades indígenas. Trabajó junto al coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Derechos Humanos José Aylwin Oyarzún durante los años (2002-2004). Hoy las comunidades siguen siendo su mayor foco de atención.

La arremetida que alista Ancalao fuera de Chile se produce luego que el exabanderado de la Lista del Pueblo presentara el 24 de septiembre un recurso de protección en contra del presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle. Sin embargo, cuatro días más tarde, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó declarar la inadmisibilidad del reclamo.

Posteriormente, el pasado 19 de octubre, la Corte Suprema confirmó el rechazo, ya que, a su parecer, Ancalao no mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías como exige la ley en estas acciones constitucionales. En su presentación, el excandidato presidencial indígena solicitó a la Corte de Apelaciones declarar que el director del Servel, Andrés Tagle, había vulnerado sus derechos fundamentales con la emisión de un comunicado de prensa el 26 de agosto, en el cual la autoridad electoral sostuvo que Ancalao habría cometido ilegalidades. En esta intervención se reveló que varias de las rúbricas estaban validadas por un notario ya fallecido.

“Estas declaraciones fueron devastadoras para mi honra, pues inmediatamente la opinión pública se enteró de la bajada de mi candidatura y que se me acusaba de la comisión de delitos para inscribir mi opción presidencial, sin siquiera ser válidamente notificado del rechazo de mi candidatura”, dice Ancalao en el escrito.

En paralelo, el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, lleva adelante una investigación por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público. Su indagatoria la conduce bajo reserva y el pasado 6 de noviembre expiró el plazo del secreto de la investigación. “Es muy probable que se renueve el secreto del expediente y no hemos tenido acceso, pese a ser querellante y defensores”, explicó la abogada de Ancalao.

Actualmente, en el 7° Juzgado de Garantía se tramita la querella que presentó el excandidato presidencial junto a su exjefa de campaña Denisse Olivares. En la acción penal entregaron detalles sobre cómo se habría fraguado el escándalo de las firmas falsas. A fines de julio, uno de los colaboradores voluntarios y amigos de la campaña, Pablo Razeto Barry, con quien comparte dentro de su círculo social más cercano, le habría propuesto colaboración para la recolección de patrocinios con firmas físicas, para lo cual le presentó al padrastro de su pareja, Iván Wladimir Rojas Fernández, a fin de que en calidad de gestor remunerado asumiera la recolección de patrocinios mediante firmas notariales.

En el mismo tribunal también se tramita la querella que interpuso la hija del notario fallecido, donde se habrían validado las numerosas firmas cuestionadas. Se trata de la notaria María Zaldívar Grass, quien sostuvo que se enteró de los hechos por el comunicado público que emitió el Servel de lo ocurrido con la candidatura de Ancalao.

Asimismo, explicó que esto ocurre en “un contexto histórico que reclama la mayor responsabilidad, transparencia y buena fe de los actores políticos, cuyas campañas electorales, además, son financiadas con cuantiosos fondos públicos. Junto con lo anterior, de manera autónoma y en concurso con los hechos delictuales expuestos, como medio para cometer el delito, por un lado se ha usurpado el nombre (identidad) de mi padre”.

A ambas querellas se suma la denuncia que presentó el Servel ante el Ministerio Público, y el fiscal nacional Jorge Abbott -por tratarse de un caso emblemático- dispuso que la indagatoria estuviera en manos del fiscal Armendáriz.

Según explicó la abogada de Ancalao, a la fecha no sólo a su cliente el fiscal ha tomado declaración, sino que también a su jefa de campaña e Iván Wladimir Rojas Fernández y la pareja de Pablo Razeto Barry.