Fiscalía cita declaraciones en el expediente de Piñera, Chadwick y Blumel para pedir arraigo y firma en contra de los generales (r) Rozas, Yáñez y Olate

Menos de 14 días después de que se suspendió la audiencia de formalización en contra de los generales (r) de Carabineros Mario Rozas, Diego Olate y Ricardo Yáñez, este lunes se reanudó la instancia que comenzó el 1 de octubre, cuando solo se leyeron las imputaciones a quienes la Fiscalía imputa presuntos delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social de 2019.

La audiencia, que se retomó tras las dos semanas que entregó el tribunal a la defensa de Yáñez para estudiar la causa -a raíz de un cambio de la titularidad de su abogado-, comenzó a las 9 de la mañana y tenía como objetivo que la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, solicitara las medidas cautelares en contra de los imputados: arraigo nacional y firma quincenal, quien para argumentar su requerimiento citó las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera y de los exministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

Pero antes de aquello, y al igual como ocurrió en las dos jornadas anteriores, los tres exaltos oficiales ingresaron por el estacionamiento del Centro de Justicia minutos antes de que en la sala 103 del edificio C el juez Cristián Sánchez retomara la audiencia de formalización, la que se inició con la revisión de dos requerimientos planteados por la defensa de Rozas, la abogada Susana Borzutzky y Felipe Barruel, quienes cuestionaron el número de querellantes y pidieron al tribunal que se fijara un “procurador común”.

Lo anterior, porque además del Ministerio Público, en la causa denominada “alto mando”, también están como querellante el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y una serie de víctimas de apremios ilegítimos durante el estallido. En total son nueve los querellantes a los que se les agrupó su causa a este caso, además de otros tres que no están agrupados, a los que durante este receso de 13 días se sumó una nueva víctima. En síntesis, 13 querellantes.

Pese a eso, el juez rechazó el requerimiento de la defensa de Rozas y dio paso al fondo de la audiencia.

“¿Ministerio Público, cuánto tiempo cree que podrá tardar en entregar la información?”. Con esta pregunta del juez Sánchez, que fue respondida por la fiscal Chong, comenzó la exposición y solicitud de cautelares en contra de los exgenerales directores de Carabineros y el exsubdirector de la institución. “Una o dos horas”, afirmó la fiscal, quien además adelantó que pedirían las medidas cautelares del artículo 155 del Código Penal, es decir, como máximo arresto domiciliario total.

Posición que, tras ser consultados uno a uno, algunos de los querellantes desestimaron y afirmaron que pedirían prisión preventiva. En el caso del INDH, el abogado que representa al organismo ante el tribunal afirmó que sería del mismo artículo que el Ministerio Público y descartó -también- el requerimiento de que los generales (r) deban quedar con prisión preventiva.

Ya en tierra derecha, Chong pidió al tribunal que decretara las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en dependencias de la Fiscalía -y no en Carabineros- dijo, en pos de la transparencia. La fiscal explicó que este requerimiento se daba en acuerdo con las tres defensas, quienes durante su argumentación no deberían oponerse a aquello.

El Ministerio Público explicó que su solicitud se funda en que, “en esta etapa tampoco se vislumbra otro de los supuestos que habilitan para la dictación de la medida cautelar como es el peligro para la investigación. En ese orden de cosas, su señoría, entendiendo que se pasen los criterios de necesidad y proporcionalidad, es que solicitamos esas dos medidas cautelares.” Según explicó Chong, el hecho de que Rozas, Olate y Yáñez estén en situación de retiro, considerando los delitos que se le imputan debido al cargo que ostentaban, no constituyen las causales para requerir otra medida más gravosa.

Yendo al fondo de su argumentación, la fiscal Chong afirmó que a los otrora altos mandos de la policía uniformada se les imputa el delito de omisión propia, es decir, que no realizaron algunas acciones para impedir los apremios. Catalogación jurídica que la llevó a explicar que hasta ahora en la indagatoria que encabeza se ha “acopiado” la “normativa interna e internacional que determina fundamentalmente estos mandatos o estas reglas obligatorias de accionar de una determinada forma frente a la comisión de delitos con miras a evitar su comisión o impedir su comisión o cesar”.

También, detalló Chong, en esta investigación “gran parte de los fundamentos de las comisiones que fueron imputadas provienen, su señoría, del primer término, las declaraciones prestadas por aquellas autoridades que tienen a su cargo el control civil respecto de la policía uniformada de Carabineros”, afirmó.

En ese sentido, el Ministerio Público detalló que dichas autoridades “no son otros” que el Presidente de la República de la época (Sebastián Piñera) y los dos ministros del Interior que estuvieron durante la crisis social, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, además de los exsubsecretarios del Interior Rodrigo Ubilla y Francisco Gali, a quienes citó sus declaraciones.

“¿Qué es lo que señalan fundamentalmente en sus declaraciones su señoría estas autoridades? Fundamentalmente lo que señala es que respecto de las acciones que en materia de control de orden público se desplegaron durante la contingencia de espaldas del 18 de octubre, se les hicieron fundamentales, fundamentalmente tres o cuatro requerimientos a las autoridades de Carabineros”, afirmó la fiscal.

Seguido de eso, detalló que “en voz del Presidente de la República, Sebastián Piñera, estos requerimientos fueron, primero, un irrestricto respeto de los derechos fundamentales. En segundo lugar, se le requirió la realización de sumarios administrativos por todo acto que les fuera conocido y particularmente en razón de las querellas interpuestas por parte del INDH. En tercer término, el irrestricto apego a los protocolos. Y en cuarto término, total y completa transparencia. Cuatro fueron los ejes que la autoridad política le impone a Carabineros con ocasión de la contingencia ocurrida a partir del 14 de octubre”. Algo que a juicio del Ministerio Público no se habría cumplido pese a que Rozas en su declaración reconoció dichas instrucciones.

Más adelante en su argumentación, la cual hasta el cierre de esta edición aún se extendía, el Ministerio Público afirmó que fijó cuatro criterios para determinar las víctimas de los apremios ilegítimos por omisión durante el estallido, que a su juicio ascienden a 228, y que van desde considerar que fueron heridos con armas menos letales -escopeta antidisturbios y lanzalacrimógenas- y la forma en la que estas fueron empleadas.

A continuación de aquello, y como segundo criterio, Chong afirmó que también se consideró el lugar en el que las personas resultaron heridas y si es que ahí había funcionarios desplegados y con esas armas, para lo cual se consultaron sistemas propios de Carabineros y los reportes del uso del armamento. Haciendo esa vinculación de antecedentes, afirmó la fiscal, “es en relación con estos hechos que reúnen estas específicas características que el Ministerio Público entiende que se omitieron los deberes de acción, los mandatos, las acciones derivadas por parte de los imputados”.

Fue en esa exposición que la fiscal Chong, respondiendo también a los cuestionamientos públicos de las defensas, expuso unas fichas con cifras para dar “un contexto” de lo que pasaba en el estallido y de las lesiones, también, de Carabineros y de los saqueos e incendios que hubo en aquel entonces.

Seguido de aquello, citando cifras, gráficos e incluso mapas de calor, Chong comparó los lugares en los que se denunciaron apremios y en los que ocurrieron los hechos más violentos para sostener la tesis que donde ocurrieron las vulneraciones a los DD. HH no era, precisamente, donde ocurrieron más incidentes graves.

“Lo que nosotros intentamos exhibir con esto es que, si bien podría levantarse como tesis explicativa de la utilización de elementos antidisturbios en la existencia de aquellos desórdenes o actos delictivos cometidos por civiles más graves, eso, al menos, de conformidad al análisis que nosotros hemos expuesto, al menos, en definitiva, no acontece”, concluyó Chong.