“Fiscalía del Lío Lío”: emblemático fiscal de causas de violencia rural en el Biobío ahora acusa a su jefa de maltrato

Al día siguiente del crimen de tres carabineros en Cañete, ocurrido el 27 de abril de este año, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó numerosas preguntas de la prensa en torno a un caso que conmocionaba al país.

Una de esas consultas fue quién se haría cargo de la investigación por los hechos ocurridos en la Región del Biobío. La interrogante surgía ante la sorpresa de que, en el sitio del suceso, donde se ubicó una camioneta con los cuerpos calcinados de Sergio Arévalo (34), Misael Vidal (30) y Carlos Cisterna (43), no se constituyó el único fiscal de la región especializado en violencia rural, Juan Yáñez Martinich.

“Por la información que yo manejo, el fiscal Yáñez no es parte del equipo de fiscales”, respondió escuetamente Monsalve esa vez, señalando que quien debía responder esa consulta era la fiscal regional, Marcela Cartagena.

Un día después de esos comentarios, el 29 de abril, el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que el encargado de la causa sería el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido. Argumentó que la decisión de nombrar se fundaba en la experiencia que tenía el persecutor de la IX Región.

Pero hubo un factor más que habría influido en que no se le solicitara a Yáñez concurrir a la zona del ataque: su relación con la fiscal regional del Biobío venía quebrada hace meses. En diciembre de 2023, Yáñez presentó una denuncia contra su jefa ante la Fiscalía Nacional, acusando menoscabo, malos tratos y “ninguneos” recurrentes a su trabajo.

En esa denuncia, de cinco páginas y a la cual La Tercera tuvo acceso, se relatan una serie de situaciones que derivaron en un sumario administrativo, el cual está a cargo del fiscal Garrido.

“Los procedimientos efectuados por este fiscal (Juan Yáñez), a fines de agosto de este año (2023) con exitosos resultados, fueron ocultados en términos prácticos, no dando instrucciones para informar, y sí informando procedimientos paralelos de otros fiscales. En estos temas, la conducta ha sido permanente y creciendo, invisibilizando el actuar del suscrito”, se señala en una parte del escrito.

En otro punto, Yáñez afirma que estando con licencia, en julio de 2022, Cartagena pidió apurar una causa relacionada a Ernesto Llaitul, lo cual se tradujo en la pérdida de evidencia contra el imputado.

“Dicho apuro, inentendible solo hasta cuando volví, llevó en un primer momento a que la policía debiere apurar procedimientos, lo que casi llevo a que se pierda a Ernesto Llaitul, pero que permitió que se perdiera el tráfico de un GPS que estaba en el vehículo de Ernesto Llaitul, las grabaciones de un micrófono oculto en el vehículo, y lo que es peor, dos imputados, José Luis Marilao Matus (aún prófugo) y Roberto Villouta Alcaman, detenido en marzo de 2023. Se perdió el teléfono de Marilao Matus, se puso sobre aviso a la orgánica, y aún está perdido Marilao Matus, mano derecha de Ernesto Llaitul”, se lee en el mismo documento.

Sobre este caso, el fiscal Yáñez continúa: “Se hizo una formalización al gusto de la fiscal regional, se armó todo un escenario para la prensa, se citaron a los fiscales regionales de la macrozona, y ante la sorpresa de todos, volví el mismo día de las detenciones. No me dejaron formalizar ni modificar la formalización, la hizo y expuso otra fiscal, apareció en la audiencia la fiscal regional y se refirió a los aspectos materiales hecho punible, y por supuesto participación y necesidad de cautela me correspondió. El juicio se llevó con muchos problemas, estuve yo en el juicio solo, y al momento de la sentencia da declaraciones a la prensa señalando que “los fiscales regionales hicimos una gran autocrítica ante la escasez de resultados”, lo que es falso, y que además es una directa acción de menoscabo a este fiscal que lleva 9 años trabajando en el tema con nutridas condenas en materia de atentados, violencia rural, armas, incendios en la zona”.

“Estas conductas de “ninguneo” se traducen en que soy el único fiscal que, estando la fiscal en funciones, no puede salir en la prensa, no me permite hablar teniendo mensajes en que me lo dice”, agregó Yáñez.

“Tanto así es el hostigamiento y menoscabo, que el día 20 de noviembre, me señaló en presencia del jefe de recursos humanos, que aplicaría un incidente crítico por no haberle comunicado un procedimiento en septiembre de este año, en que ella estaba de vacaciones”, afirmó el persecutor.

En ese sentido, Yáñez aseguró que ya no recibe correos sobre temas de Macrozona Sur, le quitaron causas, no cuenta con un equipo adecuado, Cartagena le prohibió a su equipo policial que ocupe los estacionamientos de la Fiscalía y no se han implementado medidas de seguridad para él, salvo un “botón de pánico inservible”. También afirmó que, en la primera visita oficial del fiscal nacional, no se le permitió presentar su trabajo ni tener contacto con él.

“Sin duda aquí radica lo más grave: Yo fui designado el año 2014 para dedicarme a la investigación de la violencia rural; se van a enterar 10 años que investigo estos hechos, tengo organizaciones criminales desarmadas y estoy pronto a dar un golpe a la Resistencia Mapuche Lavkenche, pero no se me informa nada, todo lo flagrante lo deja en Cañete o lo toma ella, no tengo acceso a pericias, es decir, en realidad me está desgastando”, remata.

La Tercera intentó contactarse con Cartagena para obtener una declaración, pero señalaron: “Siendo el contenido de la investigación administrativa de carácter reservado, la fiscal regional no puede referirse a dicha investigación, la que se encuentra en desarrollo y sin resolución”.

Por otra parte, la investigación en torno al crimen de los carabineros en Cañete llevó a que la Fiscalía Regional del Biobío abriera un sumario contra el fiscal Yáñez. La investigación administrativa busca aclarar la responsabilidad de Yáñez en la libertad de uno de los presuntos implicados, Tomás Antihuen, sujeto que hoy se encuentra prófugo y está siendo intensamente buscado por las policías.

Antihuen, quien sería el autor intelectual del ataque a los carabineros, se mantuvo en prisión preventiva en 2020 por atacar un vehículo de Carabineros con bombas molotov. Luego quedó en libertad y pasó a medidas cautelares de menor intensidad, que no cumplió. El fiscal en ese entonces se abrió a la posibilidad de un juicio abreviado, lo cual tampoco ocurrió.

En marzo de 2023 se dictó una orden de detención contra Antihuen. El fiscal nacional se refirió a esta situación, señalando que era “anómalo” que el sujeto estuviera en libertad.

La Fiscalía del Biobío cuenta con varios casos que han despertado críticas. Uno de ellos es el caso de Tomás Bravo, investigación donde se acusó primero al tío abuelo del niño, Jorge Escobar, pero que la Fiscalía no pudo acreditar. Esa causa, originada en febrero de 2021 y la cual fue tomada por Cartagena en marzo de ese año, sigue sin responsables.

En su minuto, la persecutora realizó un duro informe criticando el trabajo realizado por la PDI, la labor efectuada por diversos profesionales de la salud en el SML y la “falta de liderazgo” de la primera fiscal a cargo. Por este caso un grupo de diputados de derecha, presentó una solicitud de remoción contra Cartagena ante la Corte Suprema. Sin embargo, pese a que fue acogida a trámite, posteriormente fue rechazada.

Otro caso que puso a esa Fiscalía en la palestra fue la investigación contra Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y otros cuatro comuneros mapuche. Llaitul y compañía habían sido condenados a 15 años de presidio por el Tribunal Oral de la capital de la provincia del Biobío por los delitos de incendio y homicidio frustrado.

Sin embargo, luego, la Corte de Apelaciones de Concepción anuló las condenas ordenando un nuevo juicio. En ese nuevo juicio, Llaitul fue absuelto y el tribunal criticó las pruebas de la Fiscalía, señalando que “no permitió posicionar a los acusados en el sitio del suceso y realizar las acciones que en la acusación fiscal se les atribuyen, por lo que resultó forzoso absolver”.

Y esta semana, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción absolvió al capitán de Carabineros Cristopher Candia, a quien la Fiscalía imputaba cargos por cinco delitos de apremios ilegítimos registrados entre los años 2019 y 2020, durante el estallido social. La Fiscalía no pudo acreditar los hechos que imputaba.

Estos cuestionamientos han llevado a que, de acuerdo con fuentes de La Tercera, al interior del Ministerio Público hayan bautizado a repartición como la “Fiscalía del Lío Lío”.