Fiscalía Oriente perfila a condenados por ataques con bombas molotov: “No son grupos organizados” y “no hay agentes infiltrados de la policía”

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia, hoy en la mañana, para tres jóvenes que participaron en la elaboración y lanzamiento de bombas molotov entre el 12 y el 14 de noviembre del 2019, en las inmediaciones de Plaza Italia. Los jóvenes recibieron penas de entre cinco y seis años de presidio.

La reciente condena de Benjamín Espinoza Gatica (19), Matías Rojas Marambio (19) y Jesús Zenteno Guiñez (23) -a quienes también se les imputó el delito de incendio al hotel Principado de Asturias, pero el cargo fue desestimado por el tribunal-, se suman otras 13 personas, quienes también ya han sido sentenciadas por este tipo de hechos. Los imputados tienen más de alguna coincidencia entre ellos.

Así lo concluyó un análisis de la Fiscalía Oriente, al perfilar a los condenados por los delitos de elaboración, porte y lanzamiento de bombas molotov, e incendio, por hechos ocurridos durante el estallido social. En el informe del Ministerio Público se explica que “las investigaciones estuvieron a cargo de la jurisdicción de la Fiscalía de Ñuñoa y Providencia, constatándose a la fecha nueve sentencias condenatorias respecto de 13 imputados: 19 lanzamientos de molotov, cuatro por fabricación de artefacto incendiario y tres por delito de incendio”.

El análisis señala que los lanzamientos de molotov se concentraron en Estación de Metro Baquedano y en calle Arturo Burhle, comuna de Providencia. Del total de condenados, el 92,3% eran hombres y el 23%, adolescentes.

Las edades de los imputados fluctúan entre los 15 y 23 años, quienes, como denominador común tienen que ninguno mantenía antecedentes penales previos, por lo que tenían “irreprochable conducta anterior”.

El fiscal Álvaro Pérez, persecutor a cargo de estas investigaciones, advierte a La Tercera PM que este último punto explica, en gran medida, el hecho de que detrás de los condenados no hay una organización delictual. “No estamos en presencia de grupos organizados, no existe dilación política formal, no sabemos cuáles son los móviles determinantes que incidieron en la relación de estas conductas”, indica.

Respecto de los móviles por los cuales actuaron los condenados, la fiscalía añade que los investigados usaron su derecho a guardar silencio, por lo tanto, no fue posible explorar sobre sus motivaciones.

Sin embargo, Pérez precisa que se trata de un actuar “espontáneo. Son jóvenes que se comunican por diferentes vías, fundamentalmente redes sociales, y algunos de ellos se juntan en sectores de Plaza Italia, aledaños, y claro, ahí mucho era de espontaneidad, en cómo se desarrollaban los acontecimientos. Para crear una molotov se necesitan elementos básicos, botellas, mechas, hidroacarbuna, parafina, bencina, lo que sea. A pesar de esos elementos, son planificaciones muy menores que no obedecen a una organización criminal”.

Un elemento, además, que derivó de este análisis fueron las alegaciones de las defensas de los imputados, donde se reclamaron acciones policiales que tenían que ver con agentes encubiertos o infiltrados que estaban en las manifestaciones. El Ministerio Público refuta esta tesis.

“Carabineros, en ese sentido, y así lo han determinado estos fallos, en el control de orden público podían disponer de funcionarios que pudieran observar desde las manifestaciones lo que estaba ocurriendo, descartándose esta ilicitud que plantean las defensas. No había agentes infiltrados de la policía”, señala el fiscal Pérez.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, destacó el trabajo del Ministerio Público, resaltando la labor de la policía en este proceso. “Valoramos que avance en estos casos, porque son delitos graves, que pueden generar daños gravísimos en las personas y particularmente en los funcionarios policiales, donde fuimos testigos, incluso, de carabineros mujeres que sufrieron graves quemaduras”, dijo.

Tanto en Carabineros, como en el gobierno explican que además de las labores de control de orden público, se dispuso de equipos de “recolección de evidencia” en los lugares donde se estaban desarrollando eventos graves. Esto es, a juicio de las autoridades policiales, lo que permitió entregar medios de prueba al ente persecutor.

“Había personal que estaba encargado de capturar la evidencia de quienes portaban y lanzaban estas bombas incendiarias”, sostuvo Galli.