Fiscalía va tras las cuentas de Karina Oliva: las declaraciones que llevaron a un juez a autorizar el alzamiento de su secreto bancario

Tres son las entidades bancarias que deberán informar a la Fiscalía Sur todos los movimientos bancarios, transacciones, cheques y depósitos de las cuentas corriente de la excandidata a gobernadora, y después al Senado, Karina Oliva Pérez.

La figura -expulsada del Partido Comunes- es blanco de una investigación penal como presunta autora del delito de fraude de subvenciones debido a irregularidades descubiertas en la rendición de gastos y solicitud de millonarios reembolsos por sus campañas. Hace unas semanas, el juez Daniel Urrutia -del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- acogió la petición de alzamiento de secreto bancario presentada por el fiscal Milibor Bugueño y lo hizo, según se lee en la resolución, “atendido los múltiples antecedentes invocados por el Ministerio Público, entre ellas las propias declaraciones de la imputada”.

La alusión que hace el juez a los dichos de Oliva son en base al interrogatorio -que consta en el expediente judicial- de Guillermo González, subdirector de Control de Gasto y Financiamiento Electoral del Servel. Este explica que decidieron enviar los antecedentes al Ministerio Público producto de la información que salió en la prensa referente a una investigación de Ciper, que develaba abultados pagos a proveedores y colaboradores de la campaña y “en particular a declaraciones públicas que realizó la candidata Karina Oliva”.

Cuando se emitió el reportaje, la excandidata salió a dar explicaciones en televisión y en su cuenta de Twitter. En sus dichos, según el funcionario, hizo referencia a lo que podría ser un delito electoral, ya que sostuvo que “se habrían efectuado gastos fuera del periodo de campaña y se había rendido en una boleta de honorarios gastos realizados por más de una persona”.

El subdirector de Control de Gastos, cuyo testimonio es citado por la fiscalía para poder acceder a las cuentas de Oliva, dio cuenta que cuando estaban auditando los gastos, rendiciones y peticiones de reembolso, tuvieron que incluso ajustar la presentación del administrador electoral de la licenciada en Ciencias Políticas, ya que “tenía una partida contabilizada duplicada, eso hizo que bajara de su rendición la suma de $ 603.872.977 a $ 484.492.235, siendo $ 413.830.062 gastos efectivos y $ 70.662.173, gastos valorizados”.

Junto con esto está la declaración del contador auditor Miguel Ángel Baeza, quien participó del proceso de revisión de cuentas electorales y en particular de la entonces aspirante a la Gobernación de la RM, a quien dice le hizo 32 observaciones por su rendición de cuentas ante el Servel. “Las observaciones, generalmente, eran por asesorías o boletas de honorarios abultadas, mismo prestador de servicios en las dos elecciones, además que en la elección son 3 meses de campaña y en la segunda vuelta es un mes, se rendía un monto mayor incluso que la primera vuelta, siendo que el periodo de campaña es más acotado”, recordó.

En ese sentido, el auditor le explicó al Ministerio Público que mientras revisaba los documentos presentados por Oliva, “algo que me llamó la atención fue que los fondos estaban compuestos por aportes privados, públicos y valorizaciones. En primera vuelta, doña Karina Oliva tuvo alrededor de 1 millón de pesos de aportes privados y fue a consumir cerca de 300 millones, en la segunda vuelta fue lo mismo, tuvo aportes privados cercanos a los 970 mil o un millón de pesos y consumió cercano a los 300 millones nuevamente”. Es justamente ahí donde surge una sospecha de los funcionarios del Servel y en esa dirección apunta Baeza, ya que sostuvo en su declaración que “considerando que en segunda vuelta el periodo de campaña son 20 o 25 días. Me llama la atención que hubo la misma forma de operar en ambas elecciones muy poco aporte privado, mucha solicitud de reembolso tanto por facturas pendientes de pago como por mandato de Banco Estado, y cifras similares, siendo que la segunda votación es de 1 mes y la primera de 3 meses, sumando a que se repetían proveedores en ambas vueltas por servicios con montos elevados”.

Héctor Guzmán, otro de los contadores del equipo del Servel, declaró en fiscalía que él advirtió que los elevados montos por servicios que otros candidatos rendían también, pero por sumas menores de dinero. “A mí me llamó la atención principalmente los montos que se pedían por los servicios, pues discrepaba mucho de los otros candidatos, los mismos servicios por otros candidatos eran mucho menor a lo que se estaba rindiendo, eso lo comenté, no recuerdo si en forma grupal vía teams, pero si estoy seguro que se lo comenté a un colega, eso de que me llamaba la atención lo alto de los montos (...) a nosotros nos llamaba la atención la existencia de aquellas boletas de honorarios y facturas que fueran las primeras autorizadas del año, en ese sentido se revisaba en el Servicio de Impuestos Internos la validez del documento y que la empresa esté constituida desde el punto de vista tributario”, se lee en su declaración.

Otro abogado de la entidad que fiscaliza las elecciones, sostuvo que la cuenta de la militante de Comunes “tuvo 32 observaciones cuando lo normal son 2, 3 o 4, o como mucho 10, pero esta cuenta tuvo 32 observaciones”. Agregó que “estos casos nos llamaron la atención por los montos, ya que la gente que tiene cierta experiencia ya maneja cierto rango, por ejemplo si está rindiendo un gasto de un viaje o un gasto por alojamiento, se manejan ciertos rangos. En este caso eran gastos por asesoría de campaña entonces eran montos excesivamente altos, por lo que comentaban los auditores senior que son los que han participado en muchas revisiones anteriores. Eso hizo que se formularan tan cantidad de observaciones. En específico, dentro del oficio de observaciones, se realizó una observación por un gasto del proveedor “Sport Management” por un monto de $ 50.000.000, cuya glosa era ‘desayuno feminista y cierre de campaña’”.

El juez Urrutia, quien ordenó alzar el secreto bancario de las cuentas de Oliva y así permitir esta medida intrusiva para avanzar en la investigación por presunto fraude de subvenciones, acotó el plazo de la diligencia. En ese sentido, los tres bancos en que la excandidata tiene cuenta deberán entregar los movimientos financieros entre el 1 de enero del año 2021 y el 27 de enero del año 2022. La diligencia también se autorizó respecto a su administrador electoral Martín Miranda, quien también tiene calidad de imputado en el caso.

En el escrito ingresado el Séptimo Juzgado de Garantía, el fiscal Milibor Bugueño explica al juez que necesitaba acceder a esta información para “establecer si existieron movimientos bancarios en sus cuentas personales que pudieran relacionarse con los ingresos y gastos electorales en el marco de la campaña a gobernadora regional por la Región Metropolitana, tanto en primera como en segunda vuelta, resultando proporcional la medida solicitada a la gravedad delitos investigados (...) que la medida solicitada permitirá verificar los destinos de los dineros fiscales depositados, acreditar un eventual perjuicio y corroborar que los dineros pagados por concepto de reembolso de gastos electorales rendidos en la candidatura a gobernadora regional por la Región Metropolitana hayan sido efectivamente destinados en su totalidad a efectuar los pagos que se individualizaron en la rendición de cuentas presentada ante el Servicio Electoral”.