Fuego amigo: alcalde de Peñalolén impulsa auditoría a Leitao tras leaseback de $7.000 millones

El déficit financiero que enfrenta la Municipalidad de Peñalolén asciende a $9.100 millones, una cifra que ha encendido las alarmas en la administración del alcalde Miguel Concha (FA).

Con ese telón de fondo el alcalde determinó impulsar una auditoría externa que pone bajo la lupa la gestión de la exalcaldesa Carolina Leitao (ind.), quien hoy se desempeña como subsecretaria de Prevención del Delito.

Se trata de una revisión contable paralela a la que realiza actualmente la Contraloría General de la República y que apunta en específico a la gestión de Leitao durante los años 2023 y 2024, y en particular a la decisión de la ex-DC de tramitar un leaseback de $7.000 millones que implica la venta del Parque Juan Pablo II, ubicado en la población Lo Hermida.

La gestión de la exalcaldesa, según la actual administración de Peñalolén, apuntaba a conseguir liquidez arrendando por seis años el terreno con el compromiso de recuperarlo. Se trata de una de las pocas áreas verdes del sector y un espacio con alto valor simbólico para los vecinos, lo que ha generado resistencia y críticas desde la comunidad y concejales.

El jueves el alcalde Concha someterá a votación la idea de la nueva auditoría en la reunión de concejales. La determinación abre una inusitada pugna al interior del oficialismo dado que Leitao hoy es una autoridad de gobierno.

Consultado el alcalde Concha, confirmó la determinación de llevar adelante la auditoría externa. “Ante el déficit de $9.100 millones que heredamos, y haciendo ejercicio de mis atribuciones, vamos a impulsar una auditoría para contar con más información sobre la situación financiera del municipio”, señala a La Tercera.

Y cuestiona: “Hemos recibido información de la administración anterior que nos indica que hay un problema de menores ingresos y un aumento de costos en los contratos de ciertos servicios”.

Frente a estos cuestionamientos, la ahora subsecretaria Leitao defiende la medida, asegurando que “la idea no es vender el patrimonio para saldar deudas, sino que con el leaseback se pueden saldar esas deudas sin necesidad de vender el patrimonio”.

Además, argumentó que el déficit responde a un aumento de costos en distintos contratos municipales y a una caída en los ingresos provenientes del Fondo Común Municipal, producto del recálculo de la pobreza comunal tras la encuesta CASEN.

Según el equipo municipal del edil frenteamplista, se destinaron 70 días a evaluar las razones del déficit, lo que incluyó reuniones con distintos directorios y una revisión detallada de las cuentas.

Durante este proceso se constató que se realizaron proyecciones presupuestarias “poco realistas”, como estimar ingresos por $105.000 millones, cuando el municipio históricamente no había superado los $94.000 millones. Estas inconsistencias habrían contribuido a agravar la crisis financiera.

Aun así, desde el entorno de la subsecretaria indican que estos cuestionamientos provienen de la desconfianza que ha generado el actual edil de administraciones anteriores y que habría cedido ante la presión de los concejales opositores.

Concha considera imprescindible realizar una auditoría externa para esclarecer el origen del problema, dicen desde su entorno. Ante este escenario, no se descarta la posibilidad de emprender acciones legales si se detectan irregularidades.

Mientras tanto, la nueva administración ha implementado medidas urgentes para enfrentar la crisis financiera, como la reducción del 40% en el pago de horas extras, la instalación de un sistema de reloj control para evitar fraudes en registros de asistencia y el recorte de iniciativas de inversión.

A la par, la Contraloría está ejecutando una auditoría que abarca la última administración hasta el 2023 y que podría tener sus primeros resultados en diciembre de este año. Frente a esto, el edil frenteamplista sostendrá una reunión con la contralora, Dorothy Pérez, con el objetivo de solicitar que esta indagatoria de la entidad también revise las cuentas de la administración de la subsecretaria en el municipio en 2024.

La decisión del alcalde de investigar la gestión de su antecesora podría generar tensiones dentro de su propio sector político, considerando que Leitao hoy ocupa un cargo en el gobierno del Presidente Gabriel Boric como subsecretaria de Prevención del Delito. No obstante, el edil habría evaluado este escenario antes de tomar la determinación, priorizando la probidad por sobre las repercusiones que podría traerle.

Además, la cercanía de los próximos comicios añade un factor de presión al proceso, ya que los resultados de la auditoría podrían conocerse en un momento clave para las elecciones senatoriales de noviembre y, posteriormente, en el camino hacia las presidenciales.

Consultado por este medio, el concejal Juan Cristóbal Cantuarias (PS) respaldó la medida impulsada por el alcalde, asegurando que “permitirá obtener un diagnóstico preciso y fortalecer la planificación presupuestaria”. Sin embargo, adhiere a la tesis de Leitao, sosteniendo que la crisis “no es el resultado de un desorden financiero”, sino de un modelo de financiamiento municipal deficiente.

Según su postura, el aumento en los costos de los servicios y el nuevo cálculo del Fondo Común Municipal han obligado a Peñalolén a aportar más de lo que recibe, lo que habría generado el desajuste. Una explicación que, hasta ahora, no es compartida por el equipo del alcalde Concha, que insiste en que el déficit responde a un diseño financiero insostenible y a una gestión deficiente de los recursos.