“Gobierno debe decretar #CuarentenaObligatoria en Región Metropolitana. El contagio se expande desde Providencia, Las Condes y Vitacura a todo el país. Esas comunas se deben aislar por completo y fumigarlas con amonio ahora. Las muertes que vienen serán por negligencia de Sebastián Piñera”. Ese fue el comentario que publicó a través de su cuenta de Twitter la diputada Pamela Jiles (PH) el 20 de marzo pasado.

La opinión de la parlamentaria humanista fue recordada esta semana justamente luego de que el gobierno decidiera decretar cuarentena total para siete comunas, incluyendo -precisamente- Providencia, Las Condes y Vitacura. “#CuarentenaTotal solo para barrios de patrones. Congreso votará cómodamente desde su casa y el barrio alto protegido mientras demas chilenos abandonados y obligados a transportarse hacinados y a arriesgar la vida. Piñera y Mañalich gobierno para una isla de ricos y privilegiados”, advirtió la legisladora poco después de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, diera a conocer la medida.

Así, si bien la legisladora pidió desde el principio cuarentena total para toda la Región Metropolitana, también subrayó la necesidad de aislar las comunas del sector oriente de Santiago, medida que al ser tomada por la autoridad sanitaria, fue de todas formas cuestionada por Jiles. Con todo, el mensaje de la diputada por La Florida levantó un debate entre los usuarios de redes sociales, donde varios la acusaron de una contradicción evidente.

El caso de la parlamentaria no es el único. Han sido varias las autoridades que han sido sacadas al pizarrón los últimos días a propósito de opiniones aparentemente inconsistentes, contradictorias o derechamente engañosas relativas a la crisis del Covid-19.

La decisión del gobierno de arrendar Espacio Riesco y acondicionarlo para recibir pacientes contagiados con coronavirus se transformó esta semana en una complicación para La Moneda, luego de que se conociera que la Contraloría, a través de una denuncia anónima, había solicitado información al Ministerio de Salud respecto de la contratación de los servicios por parte del Estado y los recursos involucrados.

Fue en ese contexto, que desde la oposición varios levantaron las alertas respecto de cuánto pagaría el Estado por un espacio privado en momentos en que los recursos son cada vez más escasos y justamente cuando el país se encuentra bajo un estado de catástrofe que, según la interpretación de algunos dirigentes del sector, le permitiría al Ejecutivo hacer uso de inmuebles incluso privados sin la necesidad de mediar pago.

Así, antes de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aclarara que el gobierno pagaría solo 0,2 UF por metro cuadrado y que los dueños del lugar habrían ofrecido acondicionar al menos 3.500 - lo que equivaldrá a cerca de 20 millones mensuales-, algunos en la oposición transmitieron a distintos medios que el Estado desembolsaría 26 millones diarios por utilizar esas inmediaciones.

“Nos preocupa hoy día que se estén arrendando lugares como el Espacio Riesco, donde tenemos información que es extraoficial de alrededor de 26 millones de pesos diarios, los cuales queremos chequear, fiscalizar y por lo que hemos enviado un oficio tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio de Salud, para que nos informe los contratos, el tipo de arriendo, pero también los montos que significa este recurso”, sostuvo, por ejemplo, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS).

En el mismo sentido, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que “cobro al fisco de 26 millones diarios de Espacio Riesco por eventual uso para contagiados del virus, sería una vergüenza. Un asalto a mano armada, donde el responsable principal del asalto sería el gobierno que contrató, a costa de todos. En vez, gobierno debe disponer testeos masivos y gratuitos”.

Otro debate que estuvo cruzado por acciones y declaraciones controvertidas fue el acuerdo al que llegaron 15 partidos políticos, el pasado 19 de marzo, para postergar el plebiscito constitucional desde el 26 de abril al 25 de octubre y, a su vez, recalendarizar el itinerario electoral de 2020 ante la amenaza del coronavirus. El pacto político transversal se materializó esta semana en una reforma constitucional que fue aprobada casi por unanimidad en el Senado, pero que tuvo que sortear luego varias complicaciones en su paso por la Cámara de Diputados.

Fue en ese marco, que desde Evópoli, el diputado Francisco Undurraga y su par Luciano Cruz-Coke advirtieron lo que consideraban un “error” en el texto despachado por la Cámara Alta. Esto, en relación a que -a su juicio- no quedaba claro en la redacción que en caso de que la ciudadanía eligiera una convención mixta -integrada por ciudadanos y parlamentarios- los legisladores que se convirtieran en convencionales no verían interrumpida su labor en caso de no ser relectos como legisladores, dado que los plazos del órgano constituyente se verían interrumpidos por los comicios parlamentarios de 2021. Este argumento fue refutado por la oposición, desde donde aseguraron que la reforma que plasmó el acuerdo del 15 de noviembre ya contemplaba una serie de causales de pérdida del cargo para un convencional constituyente, entre las que no se incluía la pérdida de la condición de parlamentario.

Con todo, el debate generó una discusión tensa en la Cámara Baja desde donde acusaron a Cruz-Coke y a otros legisladores oficialistas que se abstuvieron en la votación de la reforma en la Comisión de Constitución de querer boicotear el proceso constituyente. Así, se le enrostró al exministro de Cultura una declaración que él mismo había hecho días antes a través de sus redes sociales. “Postergar plebiscito es deber democrático. Riesgos COVIDー19 pueden generar cuestión de legitimidad proceso por ausencias”, había señalado el parlamentario, quien pese a que sus indicación para modificar la reforma no se aprobó en sala, terminó votando a favor del acuerdo que suscribió su propio partido y que ayer fue promulgado por el Presidente Sebastián Piñera.

Así, tras la polémica el legislador dio una serie de explicaciones en la misma red social descartando que haya habido un intento de su parte por impedir el avance del proceso constituyente.

Pero el parlamentario no fue el único que ha tenido que aclarar sus acciones y dichos en torno al debate electoral. El consejero del Servicio Electoral, Alfredo Joignant, tuvo que retractarse de una crítica que emitió en contra del ministro Mañalich cuando el titular de Salud manifestó a inicios de marzo su preocupación por la convocatoria al referéndum dado el avance del Covid-19 en el mundo. “Esto es artero y de inmensa irresponsabilidad política”, sostuvo en esa oportunidad Joignant haciendo referencia a los dichos del secretario de Estado. Esto, pese a que semanas después señaló: “No podemos tener un plebiscito legítimo en estas condiciones (imagen viene de la elección municipal francesa de este domingo), la abstención será demasiado importante, es nuestra pandemia política”.

“Sobre 1 mini polémica de hoy por declaraciones de @jmanalich del 3 marzo y que hoy el ministro se encargó de aclarar solicitando excusas por “imprudencia” en @Tele13_Radio, por mi lado retiro la palabra “artero” que utilicé en aquel entonces: el plebiscito será un éxito @cbofillr”, aclaró el consejero del Servel.

Al interior del Ejecutivo también se han producido algunas contradicciones, particularmente respecto de la comunicación de las medidas que podría adoptar el gobierno para frenar el avance del Covid-19. Sin embargo, a diferencia de las polémicas que han sido protagonizadas por distintos parlamentarios y dirigentes, La Moneda ha sido cuestionada por las diferentes posturas que han transmitido entre sí -incluso el mismo día- sus autoridades.

Fue el fin de semana del 15 y 16 de marzo el momento en que quizás se evidenciaron las contradicciones más evidentes entre el Presidente Sebastián Piñera y el ministro Mañalich.

Ese sábado, el titular de Salud recomendó a quienes utilizaran el transporte público, particularmente el Metro, la utilización de mascarillas como una forma de prevenir los contagios, dado que el país había ingresado ya a la fase tres de la pandemia, lo que dificultaba la trazabilidad de los casos contagiados por el virus. Y fue el propio Mandatario, quien en menos de 24 horas contradeciría al secretario de Estado, recomendando su uso solo para quienes hubiesen presentado síntomas y el personal médico.

Lo mismo volvió a ocurrir ese fin de semana. Luego de que el consejo asesor presidencial sostuviera una reunión y asegurara que, en ese momento, no se debían suspender las clases en el país, unas horas más tarde, el propio Mandatario decretaba la suspensión de los colegios por catorce días.

Asimismo, el episodio también dejó en evidencia otra descoordinación entre presidencia y el titular de Salud. La noche anterior a que se decretara esta medida, Mañalich escribió, a través de su cuenta de Twitter: “¿Realmente se cree que cerrar los centros de educación que dan comida, protección, seguridad a la mayoría de los niños y enviarlos solos sus hogares es una medida razonable?”.

Además, otras autoridades del gobierno también han protagonizado una situación similar. La subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, fue la encargada de detallar el día miércoles los alcances de la cuarentena para siete comunas de la Región Metropolitana. Así, la abogada aseguró durante la vocería que habría permisos de tres horas para acudir a supermercados y farmacias. Dos horas después, el gobierno liberó un instructivo en el que se aclaraban algunas de las interrogantes respecto de esta medida -inédita en el país- sin embargo, en el texto contradecían algunos de los puntos que había anunciado previamente la subsecretaria.